Cómo una pandemia nos llevó a la crisis, explicado en 6 gráficos

(CRHoy.com) 47 decretos y directrices, 7 lineamientos nacionales, 43 lineamientos generales, 12 para servicios públicos, 13 para servicios institucionales, 18 para servicios de salud, 12 protocolos… la lista de de normativas y reglamentaciones que provocó el COVID-19 en el país en su primer año de pandemia ha sido larga, y cada semana se siguen haciendo cambios para endurecer o flexibilizar el manejo de la emergencia. El común denominador es que todas – en mayor o menor medida- vinieron a cambiar de golpe la realidad costarricense.

El golpe fue relativamente fuerte en materia económica y comercial. Las primeras directrices y decretos estipulados en marzo del año pasado dieron paso a la suspensión de contratos de trabajo, a la prohibición de actividades masivas, a la restricción vehicular, y a las restricciones migratorias. A nivel productivo esto significó una sola cosa: el castillo de naipes de la ya de por sí frágil situación financiera y económica del país comenzó a derrumbarse.

Un año después las consecuencias las viven desde el más de medio millón de personas que permanecen sin trabajo hasta los empresarios que tuvieron que cerrar las puertas de su negocio durante el último año.

¿Por dónde empezó todo? ¿Qué se puede esperar para este 2020? Analizamos algunas de las causas y consecuencias de las medidas restrictivas aplicadas por el gobierno para frenar la pandemia.

 

Entre marzo y abril se produjo un cierre abrupto de la economía. Figuras como el presidente del Banco Central Rodrigo Cubero lo han ejemplificado diciendo que es como si el país le hubiera atravesado una barra de metal al motor para detenerlo de golpe. 

Eso ocurrió de pronto en mercados muy importantes como el del turismo y el de los alimentos, ambos ligados entre sí. Pero debido a las restricciones de movilidad, tampoco hubo opciones para restaurantes, sodas, tiendas, y todo tipo de comercios.

El efecto inmediato fue que muchos empresarios no podían hacer frente a los pagos de sus planillas y entonces llegaron las reducciones de jornadas, las suspensiones de contratos y en el peor de los casos los cierres. ¿El efecto? los costarricenses comenzaron a perder sus empleos y en cuestión de tres meses, la tasa, medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) prácticamente se duplicó.

El incremento en la tasa de desempleo significó que para el momento más crítico del 2020 a mitad de año más de 557 mil personas no tuvieran trabajo. Pero no fue el único problema, pues también hubo un notorio desplazamiento de gente a trabajos peor remunerados o en el sector informal,. Es lo que los expertos denominan "precarización del empleo".

 

El incremento abrupto en la cantidad de personas sin trabajo, sumado a que aquellos que todavía podían trabajar empezaron a hacerlo durante menos tiempo y  a que muchos se vieron obligados a migrar al sector informal, generó un impacto directo en el dinero que los hogares disponían.

En términos generales, el ingreso promedio de los hogares cayó un 12% a julio del año pasado en relación con el mismo mes del 2019. Sin embargo, no fue un golpe equitativo o que afectara a todos por igual.

Las personas del primer quintil, aquellas con menos ingresos reportados, sufrieron una caída general del 6,4%. Este fue el segmento más favorecido con las políticas sociales. Pero en los quintiles 2 y 3 considerados como de una clase media baja y media, el impacto superó el 16%.

Precisamente es en estos segmentos donde se encuentra gran parte de la masa laboral que se vio directamente afectada por cierres de comercios.

Todos los segmentos de hogares vieron disminuido en promedio sus ingresos, y eso tuvo otro efecto en cadena:

Medido de acuerdo al ingreso de las personas, Costa Rica pasó de un año a otro a tener 321.874 personas más en condición de pobreza.

Con los datos más actuales del INEC, la cantidad de pobres en el país ya supera el millón de personas, y la cantidad de pobres extremos empieza a acercarse al medio millón de personas.

[imagen-ancho url='https://www.crhoy.com/wp-content/uploads/2021/02/831031.jpg']

 

La afectación directa en los costarricenses como consumidores se trasladó de inmediato al nivel de finanzas gubernamentales.

La atención de la pandemia generó dos efectos distintos en las arcas: por un lado la necesidad de mayores gastos para reforzar el sector salud, enfrentado a ausencia de recursos para poder financiar esos gastos y por otro lado, la caída en los ingresos.

Con la gente más pobre que hace un año, con menos ingresos que hace un año, y en condiciones difíciles de empleo, aunado además a la aplicación de algunas moratorias fiscales, las arcas de Hacienda vieron mermada la llegada de dinero: el Estado se desfinanció.

Según las cifras más recientes publicadas por el Ministerio de Hacienda, los ingresos tributarios cayeron de los ₡4,8 billones a ₡4,3 billones en el último año

Conforme las necesidades de dinero aumentaron, la decisión lógica para enfrentar los gastos fue pedir prestado.

Costa Rica acudió al mercado internacional y en mayor medida a inversionistas locales para poder conseguir dinero a través de préstamos y bonos, con lo cual el nivel de endeudamiento se elevó a un nivel sin precedentes, al menos después de la crisis de los ochenta.

Al cierre del 2020 el endeudamiento alcanzó un 67,5% del Producto Interno Bruto (PIB) cuando un año antes andaba apenas por debajo del 60% del PIB.

Que este indicador aumente no sería del todo malo si el país tuviera los recursos para pagar los intereses que esto genera. Para este inicio de año esos intereses ya superan el 5% del PIB.

Además hay otros parámetros que entran en la fórmula y complican las cosas: cuando el endeudamiento sobrepasa el 60% del PIB la regla fiscal entra en juego y restringe ciertos gastos en el gobierno, pero además en un país como Costa Rica con baja credibilidad crediticia, el acceso a nuevos préstamos se va limitando, lo que implica que se van cerrando las puertas y que cualquier préstamo que se adquiera saldrá más caro en términos de intereses.

Con los ingresos cayendo y los gastos que siguen siendo elevados en relación a los ingresos el resultado no puede ser otro que un creciente déficit fiscal.

El déficit financiero del país se compone de dos indicadores: el primario y el total (o financiero), la diferencia es que el primero no incluye el pago de intereses de la deuda, por lo que refleja la resta simple de ingresos contra gastos.

El problema para el país es que ni siquiera en este rubro se alcanzan números positivos y para el año pasado se alcanzaron 1,2 billones de déficit primario equivalente a -3,4% del PIB.

El déficit total fue de 2,9 billones, lo que representa un -8,1% del PIB.

La aspiración de Costa Rica y de cualquier país es tener superávit en lugar de déficit y es aquí en donde entra la propuesta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El compromiso implica un ajuste fiscal de casi 5% del PIB para alcanzar superávit primario de al menos un 1% para 2023.

En palabras del ministro de Hacienda Elian Villegas,  esto será suficiente para que la deuda comience a reducirse y alcance de nuevo cerca de un 50% del PIB para 2035.

Sin embargo, para diversos economistas, incluido el exministro de Hacienda Rodrigo Chaves, la fórmula de la propuesta ante el FMI no está completa porque hacen falta ajustes estructurales que eviten que el país vuelva a caer en el mismo problema.

Según el exfuncionario, el acuerdo no resuelve lo correspondiente a la primera parte de este artículo y que tiene que ver directamente con la gente, pues no se amarró ningún compromiso que permita generar empleo, reactivar la economía y eliminar trámites, para que la gente también pueda recuperarse a nivel económico.