Aumentan el déficit fiscal y la deuda del Gobierno

Ministerio de Hacienda.

Las cifras fiscales continúan deteriorándose. (Ministerio de Hacienda/CRH).

El déficit financiero y la deuda del Gobierno Central aumentaron al cierre de agosto de 2026.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR), en su Informe de Política Monetaria (IPM) de octubre de este año, confirma un mayor deterioro de las finanzas públicas respecto al mismo periodo de 2025.

El superávit primario —la diferencia positiva que se produce cuando los ingresos totales del Gobierno Central (como impuestos y otros recursos) son mayores que sus gastos operativos y de funcionamiento, sin incluir el pago de los intereses de la deuda pública— se redujo: pasó de un equivalente al 1,1 % del producto interno bruto (PIB) a uno del 0,8 %. Es decir, registró una disminución de 0,3 puntos porcentuales (p. p.).

Por su parte, el déficit financiero —la diferencia negativa que se produce cuando los gastos totales del Gobierno, incluido el pago de los intereses de la deuda pública, son mayores que los ingresos tributarios— aumentó del 2,0 % al 2,3 % del PIB, lo que representa un incremento de 0,3 p. p.

A pesar de que el Gobierno ha mantenido superávits primarios, que contribuyen a contener sus necesidades de financiamiento, el saldo de la deuda a agosto de 2026 creció a una tasa interanual superior a la del PIB nominal (8,3 % frente al 2,2 %).

El Banco Central señala que, como resultado, la razón de deuda a PIB fue 3,4 p. p. mayor que la de igual mes de 2025, con lo cual se ubicó en el 61,2 %.

La razón de deuda a PIB es un indicador económico que mide el tamaño de la deuda total del Gobierno en comparación con la riqueza o la producción anual de bienes y servicios del país.

Menos ingresos y más gastos

Esto ocurre en un contexto en el que los ingresos del Gobierno disminuyeron, mientras que sus gastos aumentaron.

Los ingresos totales acumulados se redujeron un 0,3 % en términos interanuales a agosto, pese a que un año antes habían crecido un 1,8 %.

Este resultado obedeció, principalmente, al menor dinamismo de la recaudación tributaria, particularmente por la caída de los ingresos por aduanas (4,6 %), el impuesto a la propiedad de vehículos (30,1 %), el impuesto al valor agregado (IVA) interno (2,1 %) y el impuesto selectivo de consumo (17,5 %).

Estas disminuciones fueron parcialmente compensadas por el aumento en la recaudación del impuesto único a los combustibles (8,2 %) y del impuesto sobre la renta (1,2 %).

El gasto total acumulado y el gasto primario crecieron un 2,9 % y un 2,2 %, respectivamente, lo cual contrasta con las caídas observadas en igual periodo del año anterior (2,5 % y 0,5 %, en ese orden).

El incremento del gasto total respondió, fundamentalmente, al aumento del 4,8 % en el pago de intereses de la deuda (8,2 % en los correspondientes a la deuda interna y una reducción del 11,2 % en los de la deuda externa), así como al crecimiento del 19,1 % en los gastos de capital.

Asimismo, influyó el aumento del 3,3 % en el pago de remuneraciones a los empleados públicos y del 10,9 % en la adquisición de bienes y servicios.

Cierre menos positivo

El Banco Central advierte que, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2031, publicado por el Ministerio de Hacienda en septiembre de este año, al cierre de 2026 las finanzas del Gobierno Central mostrarían un resultado menos positivo que el de 2025.

Las proyecciones indican que el superávit primario se ubicaría en torno al 0,9 % del PIB, similar al de 2025, mientras que el déficit financiero alcanzaría el 3,8 % del PIB, cifra superior en 0,4 p. p. a la observada el año anterior. Esto último se debería, principalmente, al incremento en el pago de intereses de la deuda, que pasaría del 4,4 % del PIB en 2025 al 4,7 % en 2026.

El escenario considera un crecimiento del 0,8 % en los ingresos totales, que los ubicaría en el 14,2 % del PIB. Este resultado estaría influido, principalmente, por el aumento del 1,9 % en los ingresos por concepto del impuesto sobre la renta. En cuanto al gasto, supone un incremento del 3,4 % en el total y del 0,8 % en el gasto primario.

Por su parte, el saldo de la deuda del Gobierno se ubicaría en el 62,0 % del PIB al finalizar 2026, frente al 60,4 % registrado en 2025.

Este incremento respondería, principalmente, al mayor endeudamiento interno, cuya participación pasaría del 45,5 % al 49,6 % del PIB. Además, por segundo año consecutivo, el indicador de deuda a PIB superaría el 60 %, lo que implicaría la aplicación de la regla fiscal en su modalidad más restrictiva, una norma que limita el crecimiento del gasto público.

Preocupación

El economista Fernando Rodríguez, del Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), expresó su preocupación por la continuidad del ajuste fiscal basado en la contención del gasto público.

Explicó que esta estrategia limita la capacidad de las instituciones para prestar servicios públicos y atender las necesidades de la población, con posibles efectos adversos sobre el bienestar social y el crecimiento económico.

"Diversos componentes del presupuesto nacional requieren una mayor asignación de recursos para evitar un deterioro adicional de los servicios y de las condiciones sociales del país. Entre ellos destacan la seguridad ciudadana, la educación pública, la administración de justicia, la inversión en infraestructura y los programas de protección social", comentó.

Además, el OES considera prioritario revertir el debilitamiento de los ingresos tributarios mediante una mejora en la eficiencia de la recaudación y la aprobación de reformas tributarias que permitan fortalecer de manera sostenible los ingresos públicos.

Asimismo, reitera la importancia de impulsar medidas que reduzcan el costo del financiamiento de la deuda pública. El pago de intereses absorbe una proporción significativa de los recursos presupuestarios y, de acuerdo con las proyecciones presentadas, podría aumentar durante los próximos años.

Esta situación limita el margen fiscal para financiar servicios públicos, inversiones y programas sociales. Por ello, resulta necesario promover una estrategia integral de gestión de la deuda que contribuya a reducir su costo financiero y a liberar recursos para atender las prioridades nacionales, sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.