Arbitraje desestima demanda de Riteve contra Estado costarricense
Imagen ilustrativa (CRH)
El Tribunal Arbitral responsable del caso "Supervisión y Control S.A. contra República de Costa Rica" -un arbitraje presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en 2012, por una diferencia sobre el reajuste de tarifas de revisión técnica vehicular de la empresa Riteve, emitió su fallo en favor del Estado costarricense.
El arbitraje fue iniciado por la empresa Supervisión y Control (empresa española dueña de Riteve), al amparo del Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre la República de Costa Rica y el Reino de España.
El reclamo, por un monto que superaba los 261 millones de euros, fue pretendida como indemnización, alegando que el Estado de Costa Rica no efectuó reajustes en la tarifa asignada a la revisión vehicular.
En el laudo arbitral emitido por el Tribunal, los argumentos de admisibilidad de la reclamación presentados por el Gobierno de Costa Rica fueron acogidos en su totalidad. Se determinó que los reclamos presentados por Supervisión y Control, no cumplieron con los requisitos de admisibilidad de conformidad con el acuerdo internacional de inversión invocado.
El Tribunal consideró también que las acciones ejercidas en el juicio interpuesto por Riteve ante un tribunal nacional y en el arbitraje, comparten una misma causa fundamental, y persiguen los mismos efectos. Por ello, al haber sido conocidas en jurisdicción nacional, no procedía que la controversia fuera presentada de nuevo en un proceso internacional.
"El laudo confirma que Costa Rica ha cumplido con los compromisos internacionales adquiridos y en el marco de su Estado de Derecho mantiene su compromiso de brindar reglas claras y seguridad jurídica a inversionistas que operan en el país", indicó el Ministro de Comercio Exterior Alexander Mora, tras recibir la comunicación del resultado.
El Ministerio coordinó la estrategia de defensa con un dedicado equipo nacional conformado por miembros del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Consejo de Transporte Púbico, CTP), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría General de la República (PGR).