Acuerdo con el FMI: ¿Qué es una “facilidad ampliada” y por qué Costa Rica la escogió?

(CRHoy.com) Obligado por las difíciles condiciones económicas y prácticamente sin posibilidad de corregir la situación financiera si no es con ajuste estructural más profundo, el gobierno eligió la opción más largo plazo para aplicar a un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El fin de semana, el Ejecutivo envió la carta de intenciones al FMI solicitando la negociación. La decisión fue el denominado acuerdo de facilidad ampliada, o bien Servicio Ampliado del Fondo (SAF), como lo cataloga la entidad.

Con ello desistió de solicitar un acuerdo tipo Stand by. ¿Cuáles son las diferencias y por qué el país eligió ese camino? La respuesta estaría en los plazos para poder efectuar las reformas que se necesitan.

"El FMI es el único organismo multilateral que tiene una cantidad de recursos mucho más grande para prestarle a muchos países, pero para acceder a ellos pide condiciones. El Gobierno iba a hacer un Stand by, lo cual implicaba que para mejorar la deuda tenía que cumplir con las medidas en no mas de tres años, pero el fin de semana anuncia que no va a ir por ahí si no por una facilidad ampliada, o sea, que hay que hacer ajustes estructurales de más impacto", reseñó la diputada liberacionista Silvia Hernández.

Para comprenderlo mejor hay que partir de lo que ya el país tiene. El crédito recién aprobado con el FMI por $504 millones no obedece a ninguno de esos dos instrumentos, sino que se trata de recursos denominados Instrumentos de Financiamiento Rápido (IFR) que ese organismo pone a disposición de los países para ocasiones excepcionales, como en este caso la atención de la pandemia.

Este instrumento no impone requisitos adicionales al gobierno.

Pero para acceder a más recursos, el gobierno podía optar entre el SAF o el Stand by, y en ambos casos el Fondo sí pide concesiones: estas son especialmente el compromiso de que aplique medidas que permitan reducir la deuda del país y que equilibren las finanzas públicas. Los pagos se realizarán al país conforme se vaya cumpliendo.

"Va otorgando el financiamiento en tractos posiblemente semestrales y entonces con cada desembolso vienen una serie de acciones que el país se compromete a tomar… en esas condiciones se establecen acciones que se quieren tomar para poder llevar el país a la senda del ajuste fiscal que se necesita en el mediano plazo… el fondo irá revisando que se vaya cumpliendo, dijo Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central.

Según Hacienda, la tendencia actual llevará al país a por lo menos 80% del PIB en su endeudamiento para 2024, cuando el techo considerado máximo es del 60% (actualmente ya está por el orden del 65%).

Así, si bien en ambos casos hay compromisos, es el gobierno el que debe ofrecer el paquete de medidas y el Fondo será el encargado de determinar si las medidas son suficientes o requieren más.

Con ese nivel de endeudamiento y un déficit estimado en el 9,3% para este año, las medidas que necesita el país serán realmente fuertes y difíciles de cumplir en menos de tres años.

"El Fondo nos va a decir: ‘con la venta de Bicsa no va a llenar ese hueco', entonces vamos a tener que ir acercando medidas que sean creíbles, que se puedan ejecutar y tener acuerdos claros con resultados claro", aseveró Hernández.

Estas son las características en las condiciones del instrumento que el gobierno eligió y las diferencias con el Stand by:

Sin embargo, a este momento la propuestas que llevará el Ejecutivo a la mesa de negociación son un misterio.

Sobre lo único que existen propuestas ya planteadas era sobre la eventual venta de Bicsa y venta o concesión de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal). También se ha mencionado la posible unificación de las superintendencias, pero sin que se concrete un proyecto al respecto.

Este lunes, el ministro de Hacienda Elian Villegas afirmó que la propuesta sería dada a conocer posiblemente el jueves.

El camino a seguir después de eso será el de dialogar y negociar durante unas dos semanas con los diputados y actores políticos para luego plantear la oferta en la mesa del FMI para la última semana del mes.

El monto solicitado por Costa Rica es por $1.750 millones. El dinero no alcanza para cubrir la crítica situación, y ni siquiera para estabilizarla, pero al ser un crédito amarrado a un conjunto de obligaciones, automáticamente abre las puertas del país a más recursos de otros organismos financieros y de los mercados internacionales para poder realizar eventualmente una nueva colocación de eurobonos.

Es – según Cubero- una carta de presentación.