83 centros educativos privados enfrentan cobros judiciales por deudas con Jupema
Tienen en cobro administrativo ¢802 millones por mora mayor a 90 días
Jorge Rodríguez y Carlos Arias, presidente y director ejecutivo de Jupema. (Cortesía).
Un total de 83 centros educativos privados enfrentan cobros judiciales por deudas con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
Los datos los dieron a conocer este martes Jorge Rodríguez y Carlos Arias, presidente y director ejecutivo de Jupema, una entidad pública no estatal que administra un régimen propio de pensiones de los trabajadores de la educación costarricense.
Según denunciaron en una conferencia de prensa, 193 centros educativos privados deben ¢4.786 millones a la seguridad social y esa morosidad afecta el derecho a la pensión de los trabajadores de la educación. Diez de esos centros educativos deben el 59% de ese total.
Los 83 centros educativos privados que enfrentan procesos de cobro judicial adeudan en total ¢2.937 millones y de ese monto ¢1.869 millones corresponden a los 10 mayores deudores, quienes, además, tienen en cobro administrativo ¢802 millones por mora mayor a 90 días y ¢158 millones por mora que oscila entre 1 y 90 días.
Existen 263 expedientes en cobro judicial para los centros educativos privados activos y 145 expedientes para los centros educativos privados cerrados. De ese total, 76 corresponden al grupo de los 10 principales morosos por una suma de ¢1.869 millones.
Al mes de julio de este año, la gestión de cobro de la Junta logró recuperar ¢332,5 millones por concepto de planillas morosas y arreglos de pago.
En 2023, recaudó ¢242,5 millones por planillas morosas y tramitó arreglos de pago por ¢316,2 millones. En total, recuperó un total de ¢558,7 millones por estos conceptos.
Jupema también ha efectuado acciones de cobro administrativo de primer y segundo aviso, gestiones de cobro por todas las vías, como correo electrónico, telefónicamente, reuniones virtuales y presenciales, así como mensajes por WhatsApp.
Además, ha girado prevenciones y ha brindado la posibilidad de hacer arreglos de pago, pero si los deudores no responden, se recurre al cobro judicial.