Contraloría cuestiona rol de “juez y parte” de Unops en plan para obras de riesgo inminente
La Contraloría General de la República (CGR) cuestionó el rol de "juez y parte" desempeñado por la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos (Unops) en el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri).
La contralora Marta Acosta Zúñiga compareció ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en relación con la última actualización del informe emitido sobre el avance del proyecto orientado a atender obra pública.
Según Acosta, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) contrató a Unops mediante un procedimiento establecido por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinado a la contratación de Asistencia Técnica a organismos de las Naciones Unidas.
De acuerdo con la Contraloría, esa adjudicación figura en el artículo 50 de las Normas para la aplicación de la política relacionada con la obtención de bienes, obras, servicios y consultorías con recursos del BCIE.
Acosta afirmó que se contrató a firmas implementadoras a través de Unops para ejercer funciones no contempladas en la ley del crédito Proeri, con debilidades en el proceso de selección.
La Comisión Nacional de Emergencias solicitó a Unops valorar su capacidad instalada para actuar como firma implementadora general de Proeri y brindar servicios correspondientes a firmas de implementación específica requeridas por otras entidades.
Desde Unops indicaron el 19 de marzo de 2024 que "el rol de firma implementadora general no es el más apropiado para nuestra organización, ya que la misma debería asumir funciones de control y, al mismo tiempo, tomar la responsabilidad de implementación específica para cada uno de los organismos ejecutores".
La Contraloría criticó la falta de un estudio comparativo entre alternativas nacionales e internacionales capaces de ofrecer servicios similares a los de las unidades ejecutoras. En su lugar, el análisis justificó la contratación directa de Unops.
"La CNE menciona la existencia de un estudio de mercado elaborado por INCOFER. No obstante, el documento carece de sustento. Este documento tiene fecha del 31 de mayo de 2024 y los Memorando de Acuerdo de Asistencia Técnica se firmaron el 4 de junio de 2024 (contratos).
"Hay que recordar que los principios constitucionales son de aplicación obligatoria: valor por el dinero, eficiencia, eficacia. Normas BCIE: siempre se deberá escoger la oferta más conveniente, con lo que se entiende que se debe valorar y fundamentar la decisión", indicó Acosta ante los diputados.
Razonabilidad de precios
Otro aspecto señalado por la contralora general se vincula con presuntas deficiencias en los análisis de razonabilidad de precios.
Según la Contraloría, la CNE "no utilizó una clara ni justificada estructura de comparación para examinar la razonabilidad del precio".
De acuerdo con Acosta, la comparación de precios en cinco de siete casos incluyó:
- Tarifas de la misma Unops en otras contrataciones.
- Objetos contractuales distintos a los contemplados en la Ley n.° 10456.
Además, agregó que en los dos casos donde sí se comparó el precio con unidades ejecutoras diferentes, uno resultó menor al finalmente acordado con Unops.
"Las firmas implementadoras fueron contratadas para labores que no se ajustan a lo establecido en la ley del crédito PROERI, sin comprobar que UNOPS fuera la mejor opción. Se han desembolsado $9 millones de los $18 millones pactados y se encuentra en trámite el segundo desembolso, a pesar del poco avance del Programa.
La contratación de UNOPS como Firma Implementadora General y como firma implementadora de cada organismo ejecutor, compromete la objetividad e independencia en el funcionamiento de estas firmas", expuso Acosta ante los congresistas.
Esta plataforma está compuesta por 502 iniciativas de emergencia y peligro inminente, valoradas en $700 millones, financiadas mediante un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y ejecutadas por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), ente coordinador del proyecto.
