Conarroz defiende sus privilegios y lanza campaña en defensa de regulación de precios
Arroceros afirman que si precio se liberaliza el perjudicado será el consumidor final
(CRHoy.com).- La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) lanzó una campaña en redes sociales en la que defiende la regulación de los precios de los diversos tipos de arroz que se consumen en el país.
Según la Corporación, no regular el precio del arroz tiene un costo alto para el consumidor final. Un 70% de la población consume arroz todos los días, según el último Estudio Económico Costa Rica 2020, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
"¿Y adivine quién paga la fiesta? ¡Usted! Solo regulando el precio del arroz se promueve un precio justo y duradero para todos", se lee en uno de los artes de la campaña que circula en redes sociales con la etiqueta #seteníaquedecirysedijo.
La defensa de la regulación de precios por parte de la Corporación ocurre en momentos en que varias organizaciones presionan al Gobierno para que liberalice el precio del arroz en medio de la crisis económica actual empeorada por la pandemia del COVID-19.
El objetivo es que el costo se reduzca en beneficio de las clases más pobres del país, que son las que más consumen arroz.
La ministra de Planificación, Pilar Garrido, dijo el 29 de julio pasado que el Gobierno tiene "algunas propuestas" para liberalizar el precio de algunos productos, entre ellos el arroz, café y azúcar, aunque no dio pistas sobre cuándo las autoridades tomarían una decisión al respecto.
Durante un seminario virtual de la Universidad Lead, Garrido dijo que el Gobierno "empieza" a impulsar una agenda en esa dirección con base en varios dictámenes de la Comisión de la Promoción de la Competencia (Coprocom).
Liberalizar reduciría costos para más pobres
La Asociación Consumidores de Costa Rica, que impulsa la desregulación del precio del arroz, pidió al Gobierno, el 20 de julio pasado, que permitiera la realización de bandeos (adjuntar con cita adhesiva regalías a las bolsas de arroz), y promociones en la venta del arroz para facilitar el acceso de las personas más pobres a los alimentos en medio de la crítica situación actual, en la que la tasa de desempleo sobrepasa un 20%.
A inicios de la emergencia sanitaria por el COVID-19 en Costa Rica, en abril, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) autorizó el bandeo para potenciar la venta de canastas básicas solidarias en medio de la crisis.
Erick Ulate, presidente de Consumidores de Costa Rica, declinó este jueves referirse al tono de la campaña que Conarroz circula en redes sociales en defensa de la regulación de precios.
Sin embargo, reiteró que múltiples estudios académicos y de organismos internacionales han concluidos que la liberalización del precio del arroz bajaría el costo del grano básico para la población.
"Para nosotros sí debe haber una liberalización del precio y para ellos nos basamos en estudios que se han venido acumulando durante muchos años de organismos como el Banco Mundial, el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica, un estudio de la Cámara de Comercio de Costa Rica, un informe del Banco Central, observaciones de la OCDE, en donde todos afirman que si se libera el precio del arroz, este bajaría para el consumidor", afirmó.
¿Quién paga la fiesta de grandes productores?
En su Estudio Económico Costa Rica 2020, la OCDE definió el arroz como "el producto más protegido en Costa Rica", con aranceles de importación que la Organización estimó en un 35%.
"Durante las últimas décadas Costa Rica ha mantenido un precio mínimo administrado para el arroz. Hubo reformas al precio mínimo en 2015, cuando se convirtió en un precio mínimo de referencia para el arroz; sin embargo, en realidad, el precio de referencia sigue funcionando como precio mínimo.
"El precio mínimo de referencia se basa en un análisis de costos de producción nacional realizado por la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ). Estas políticas han llevado los precios muy por encima de los precios internacionales, creando rentas que benefician a un pequeño grupo de grandes productores", dice textualmente el informe de la OCDE.
El grupo de países con las mejores políticas públicas también recalcó que en Costa Rica el mercado del arroz está altamente concentrado, con 19 grandes productores agrícolas que representan más de la mitad del arroz producido en el país.
"Los grandes productores también se benefician de los cuotas de importación libres de aranceles, asignadas proporcionalmente a su capacidad de procesamiento. Por lo tanto, pueden comprar arroz a precios del mercado internacional y vender el arroz procesado en el país con una alta ganancia", acusó la OCDE.
El informe del organismo, al que Costa Rica fue invitada a asociarse formalmente este año, también estimó que las regulaciones actuales en el mercado del arroz implican una transferencia de los consumidores a los productores, lo que para los hogares más pobres representa el 8% de sus ingresos.
"Las políticas actuales han contribuido poco a mejorar la productividad entre los productores de arroz o a mejorar el bienestar económico de los pequeños productores, pero han creado incentivos para mantener el status quo.
"Todo esto sugiere que el entorno regulatorio actual en el mercado del arroz es regresivo y contribuye a una mayor pobreza y desigualdad de ingresos.
"El aumento de la competencia, para que los precios nacionales se acerquen a los precios internacionales, beneficiaría particularmente a las personas en los deciles de ingresos más bajos", concluyó la OCDE.
