Investigación a Sinart: “Llegaremos a las últimas consecuencias”
Instalaciones del Sinart. Imagen con fines ilustrativos (CRH).
(CRHoy.com) 42 diputados aprobaron este miércoles una moción para crear una comisión especial que investigue las contrataciones que ha realizado el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) por medio de su agencia de publicidad.
Las dudas de los legisladores se generaron luego que el canal del Estado contrató como proveedor a la empresa RMC La Productora, de Christian Bulgarelli, quien según indicó la ministra de educación en un documento oficial entregado a la fracción del Frente Amplio (FA), funge como asesor de comunicación de Casa Presidencial.
Además, en una respuesta que envió el propio Sinart al diputado del FA Ariel Robles, la entonces asesora jurídica de la institución, afirmó que recibió órdenes directas del expresidente del Sinart, Allan Tigreros para contratar a la empresa RMC.
Bulgarelli, según afirmó la exministra de Comunicación Patricia Navarro, participó en el diseño de una contratación de servicios de comunicación por $300.000 financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que, posteriormente, le fue adjudicada.
En esta comisión no vamos a investigar la 'democratización de la pauta', lo que vamos a investigar son cosas que no son normales. Que un asesor presidencial le den un contrato especial y que diseñe un contrato que luego le otorga el BCIE por $300 mil, afirmó Robles.
"No es normal que una empresa sin estudio de mercado asuma los contratos en el Sinart, no es normal que la directora jurídica diga que el expresidente del Sinart ordenó contratar a la empresa del asesor del presidente Chaves, eso no es cambio, ni por lo que votó la gente", agregó el frenteamplista.
La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Vanessa Castro prometió una investigación a fondo de contratos que al parecer no cumplen con los requisitos legales.
"Contratos al parecer puestos a dedo, y al final de cuentas son dineros públicos, de 8.000 millones de colones que hay que saber si se colocaron mal o se van a colocar mal, llegaremos hasta las últimas consecuencias", enfatizó.
De igual manera el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Francisco Nicolás cuestionó el manejo poco transparente de recursos públicos.
"Costa Rica no merece que fondos públicos sean utilizados para qué a través del Sinart enjuagarlos institucionalmente, redireccionarlos y hacerlos llegar a campañas políticas e incluso al bolsillo de algunos asesores presidenciales", mencionó.
Tráfico de influencias
En la moción que ya fue presentada y que contó con firmas de todas las fracciones de oposición se indica:
"Desde el inicio del Gobierno se ha evidenciado en los medios y la población en general una preocupación por contrataciones con posible 'tinte político' de publicidad, donde figura la agencia del Sinart, usando o abusando de los mecanismos de excepción establecidos en la ley, para brindar servicios a diferentes instituciones del mismo Estado".
De confirmarse la existencia de contrataciones ilegales de servicios entre asesores de Casa Presidencial y el Estado, estaríamos ante violaciones al inciso e del artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa que estuvo vigente hasta el 30 de noviembre del 2022, situación que confirmaría los delitos de tráfico de influencias y/o incumplimiento de deberes, delitos donde las penas de cárcel podrían oscilar entre un año y cinco años de prisión a los funcionarios públicos, que influyeron para obtener beneficios económicos en dichas licitaciones, o bien, a los funcionarios públicos que omitieron denunciar las prohibiciones de contratar por parte de asesorías de Casa Presidencial con el Estado.
La moción también señala que "igualmente se requiere determinar el manejo correcto o no, de fondos públicos por más de ¢8.000 millones, provenientes de 14 instituciones que concedieron contratos al Sinart mediante procedimientos expeditos aparentemente alejados de los principios normas jurídicas correspondientes".
El Sinart ha señalado que a la fecha cuenta con 16 contratos activos, de los cuales se han emitido órdenes de pedido en SICOP por el monto de ¢2.278.645.801,73.
Además, que de las contrataciones indicadas, no todas requieren los servicios de producción audiovisual, solo 9 de ellas dejan prevista la posibilidad a nivel de objeto contractual, de otorgar servicios de producción audiovisual.
Cabe señalar que ya la Fiscalía General y la Contraloría General de la República investigan estas contrataciones.
La comisión estaría integrada por 7 diputados de todas las fracciones en el plenario y deberá rendir un informe para el 24 de noviembre.
