(VIDEO) Presidente de la Corte garantiza imparcialidad en trámite de causas penales contra Chaves
Aguirre afirma que ni los ataques del mandatario ni el contexto político influirán en la tramitación de las causas penales por concusión y financiamiento ilícito que enfrenta Chaves
Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que garantizarán la imparcialidad en el trámite de las acusaciones penales que afronta el mandatario Rodrigo Chaves Robles y que, obligatoriamente, deben ser conocidas por ese órgano.
El lunes anterior, el Tribunal de la Corte Plena autorizó que avance una acusación penal por el delito de concusión, a fin de que la Asamblea Legislativa defina si procede o no el levantamiento del fuero de improcedibilidad —conocido como inmunidad— para que el gobernante sea eventualmente juzgado por el caso denominado BCIE–Choreco.
También sigue en trámite el caso Financiamiento Jaguar, relacionado con el presunto uso de estructuras paralelas para financiar la campaña electoral de Chaves en 2022.
Pese a que el propio mandatario ha dejado entrever que ataca personalmente a magistrados con el objetivo de apartarlos para que no tramiten las causas penales en su contra, Aguirre asegura que eso no afecta la imparcialidad de los altos jueces.
"Siempre estaremos como garantes de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. El Estado de derecho parte de la necesidad de que haya una tutela de esos derechos y eso nos corresponde a nosotros.
Le garantizo que lo estamos haciendo de la manera más objetiva posible, sin nada que pueda pensar que lo que hacemos es con un propósito de dañar a alguien ni nada por el estilo", señaló a CR Hoy el pasado jueves.
El presidente de la Corte reconoció, además, que el Poder Judicial y los miembros de la Corte están bajo asedio y constantes ataques políticos, especialmente de Chaves y su gabinete. Sin embargo, afirmó que esto no empaña la neutralidad de los magistrados.
"Yo siempre he dicho que yo lamento las calificaciones que se nos hacen y también todo el mundo sabe que esto busca la desestabilización del sistema y la institucionalidad del país. El informe del Estado de la Justicia es un documento claro en ese sentido.
Nosotros seguiremos trabajando siempre con la mira de que el Poder Judicial siga siendo el pilar fundamental del Estado de derecho en este país", añadió Aguirre.
A finales de mayo, durante uno de sus programas televisivos, el gobernante intentó poner en tela de duda la neutralidad de algunos altos jueces, como el presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, o la presidenta de la Sala Tercera de Casación Penal, Patricia Solano, dado que él arremete constantemente contra ellos.
"Yo me pregunto a alguien como Patricia Solano, a quien yo cotidianamente denuncio, ¿ella tendrá la neutralidad para juzgar un expediente en contra mío? (…)
Sí, yo soy muy duro con ciertos magistrados y lo seguiré siendo. ¿Usted cree el señor Orlando Aguirre no es una persona que me ve con cierto grado de sesgo negativo?", señaló Rodrigo Chaves el 28 de mayo.
Prueba de dicha neutralidad es la diferencia de criterio. Quince de los 22 magistrados que participaron en el Tribunal de la Corte Plena votaron a favor de levantarle la inmunidad a Chaves Robles y su ministro Jorge Rodríguez Vives, acusados de concusión.
Ellos consideraron que la acusación del Ministerio Público cumplía con los requisitos para avanzar hacia el levantamiento de la inmunidad, que debe ser tramitado en el Congreso.
No obstante, siete magistrados votaron por devolver el expediente al Ministerio Público, al considerar que, con la prueba disponible en el proceso, no era posible realizar el juicio de probabilidad sobre la comisión del delito, como —a su criterio— exige la ley.
CR Hoy reveló en primicia, el mismo 30 de junio, los nombres de los siete altos jueces que se opusieron, gracias a la confirmación de fuentes cercanas a la Corte:
- Luis Fernando Salazar Alvarado, magistrado de la Sala Constitucional.
- Damaris Vargas Vásquez, vicepresidenta del Poder Judicial y magistrada de la Sala I.
- Iris Rocío Rojas Morales, magistrada de la Sala I.
- Jorge Olaso Álvarez, magistrado de la Sala II.
- Roxana Chacón Artavia, magistrada de la Sala II.
- Gerardo Rubén Alfaro Vargas, magistrado de la Sala III.
- Ana María Picado Brenes, magistrada suplente de la Sala IV, quien sustituyó al titular Paul Rueda Leal.
Rueda Leal fue el único de los 22 magistrados titulares que no integró el Tribunal, ya que se inhibió de conocer el proceso ni siquiera por un motivo que lo vincule directamente, sino debido a una causa penal existente contra su hija, Jimena Rueda, por comentarios que hizo sobre Rodrigo Chaves, como dio a conocer este medio.
Causas en trámite
La causa contra el mandatario fue presentada en abril por la Fiscalía General. Al avanzar el trámite, ahora los diputados deberán seguir varios pasos, como crear una comisión especial, rendir un informe y, finalmente, votar en el Plenario sobre el retiro del fuero especial que protege al mandatario por su condición de integrante de los Supremos Poderes.
Al gobernante se le investiga por, aparentemente, idear un plan junto con el ministro de Cultura para presionar al empresario Cristian Bulgarelli a girar $32.000 al amigo íntimo y asesor presidencial Federico Cruz Saravanja, alias "Choreco", dinero que habría salido del pago de un contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Según la acusación, ambos habrían ejercido presiones para inducir a Bulgarelli —productor audiovisual que obtuvo un contrato para ejecutar proyectos comunicacionales de Presidencia— a otorgar un beneficio patrimonial indebido al coimputado Cruz
La contratación se formalizó entre octubre de 2022 y octubre de 2023, por un monto de $400.000, financiado mediante una donación de la entidad internacional. Los $32 mil de beneficios sirvieron para la compra de una vivienda.
En ese momento, Rodríguez Vives, fungía como jefe del despacho presidencial y poco después como ministro de Comunicación. En audios incorporados como prueba, se escucha a Chaves pedir "cariñitos" y otros favores dirigidos a mejorar su imagen, que serían financiados con los fondos donados por el BCIE.
Además, según la acusación fiscal, antes del proceso de contratación, los funcionarios sostuvieron reuniones en Casa Presidencial donde instruyeron a Bulgarelli para que él mismo elaborara los términos de referencia del contrato.
La Procuraduría General de la República ostenta la condición de actor civil en este proceso judicial.
La acción civil resarcitoria es un mecanismo legal que permite a la víctima de un delito reclamar daños y perjuicios dentro del proceso penal, con el fin de obtener la restitución del daño o una indemnización.
Al tratarse de un presunto delito de corrupción que afecta la Hacienda Pública, la Procuraduría actúa en representación del Estado y, en consecuencia, podrá solicitar a los imputados Chaves Robles y Rodríguez Vives una indemnización al erario público.
No obstante, debido a que el proceso se rige por una vía distinta —al tratarse de miembros de los Supremos Poderes— y aún se encuentra en etapa de investigación preliminar, la Procuraduría no ha detallado el monto económico que eventualmente exigirá.
A esta acusación se suma la del presunto financiamiento ilícito durante la campaña electoral .
La acusación por delitos electorales —presentada hace una semana— incluye al mandatario, al primer vicepresidente Stephan Brunner Neibig, al canciller Arnoldo André Tinoco y a los diputados oficialistas Pilar Cisneros Gallo, Paola Nájera Abarca, Waldo Agüero Sanabria y Luz Mary Alpízar Loaiza, presidenta fundadora del PPSD.
