(VIDEO) Marta Esquivel fue sacada en “perrera” de Tribunales en Perez Zeledón
La jerarca se entregó en oficina del OIJ
La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) Marta Esquivel, fue sacada a eso de las 10:00 a.m. en una patrulla de la policía judicial tipo perrera, de la Unidad de Cárceles del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El recorrido es desde los Tribunales de Pérez Zeledón donde fue detenida tras entregarse, hasta el II Circuito Judicial de San José, donde será indagada por la Fiscalía Anticorrupción (FAPTA).
Ella es uno de los objetivos de los 28 allanamientos ejecutados por el Ministerio Público y el OIJ, como parte de una denuncia por supuestas anomalías y sobreprecios en la adjudicación de contratos a cooperativas, para la administración de 138 ebais en varios puntos del país.
Agentes de la Sección Anticorrupción del OIJ allanaron varias de sus propiedades incluida la vivienda de Esquivel en Barrio Escalante. Sin embargo, no la ubicaron, hasta que se entregó en los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón, confirmó la Fiscalía Anticorrupción.
Además de ella fueron detenidos otras personas de apellidos Rojas (mujer), Gómez, Araya, Porras, Gutiérrez (mujer) y Quirós, quienes fungían o fungieron en la directiva.
Las autoridades informaron que el trabajo se realiza por una investigación que se sigue en el expediente 24-000267-1218-PE, por los supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias, seguida contra la Junta Directiva (JD) de la CCSS del período de febrero del 2023 a julio del 2024.
"Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas", indicó la Fiscalía.
"Lo anterior a pesar de que se determinó que las ofertas presentadas por las cinco entidades eran excesivas, significando un incremento anual de más de 12.400 millones de colones respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución en las mismas áreas de salud en igualdad de condiciones técnicas, es decir, que serían más costosos de lo que invertiría la CCSS si tuviera que asumir el servicio", detalló el Ministerio Público.
En apariencia, algunos de los directivos sostuvieron reuniones con los oferentes para generar ventajas a la hora de plantear el concurso. Además, se indaga sobre el plazo de contratación del servicio adjudicado, puesto que la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años; sin embargo, este se confirió por 10 años.
Las áreas de salud adjudicadas el pasado 6 de julio son Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, San Francisco-San Antonio, San Pablo, Barva, Tibás, La Carpio-León XIII, y San Sebastián-Paso Ancho.
