(VIDEO) Batalla evita responder si presionó para cambios en la pista del Daniel Oduber

Luego de salir de las celdas judiciales de los Tribunales de Goicoechea, donde permaneció por alrededor de 40 horas detenido, el exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, aseguró contar con el respaldo y confianza de "miles de personas" y rechazó los hechos que se le investigan.

"Muy contento, muy fortalecido, muy tranquilo, todo salió bien. (…) Me acusan de haber echado para adelante el proyecto del Daniel Oduber y poderlo haber terminado con un crédito, pero nos ponemos a disposición del Ministerio Público.

Hemos demostrado creo, inicialmente, en las primeras etapas, que no tenemos ningún ligamen que sea con tintes de ilegalidad.

Muy agradecido porque me dice mi familia que cientos o hasta miles de personas que les han escrito, que todavía confían en mí, en la transparencia, en que se hizo un trabajo adecuado.

Tengo 42 horas de no dormir. Mañana será otro día", indicó Batalla Otárola.

El exjerarca evitó ahondar sobre las aparentes presiones que ejerció para la ejecución de las obras de reparación de la pista del Aeropuerto Internacional de Guanacaste o en los supuestos incumplimientos de la constructora MECO a cargo del proyecto, simplemente señalando que eso será determinado por los abogados.

Además, justificó sus acciones alegando la necesidad de intervenir la infraestructura.

Tras conocer por dentro y dormir en celdas del Segundo Circuito Judicial capitalino, pasadas las 00:00 horas de este jueves el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública ordenó la libertad inmediata del exjerarca; así como del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado; el jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de esa entidad, Henry Villalobos y el director general de Aviación Civil (DGAG), Marcos Castillo.

Su salida no implica la total liberación ni que la situación legal esté resuelta. A partir de la 1:30 p.m., se retomará la audiencia de medidas cautelares en la cual la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) solicitó algunas restricciones alternas como la suspensión del cargo, el impedimento de salida del país, la prohibición de intervenir en el proceso o contactar a testigos y firmar periódicamente ante una autoridad judicial, todo por el plazo de un año.

Los abogados adelantaron que pedirán al Juzgado rechazar las medidas cautelares, al considerar que los hechos investigados son "atípicos", es decir, no consisten en ningún acto ilícito o delito establecido o tipificado en la ley, según sus consideraciones.
Durante las primeras horas del martes, la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) junto al Ministerio Público, intervinieron las casas de Batalla, Picado, Castillo y Villalobos, donde de paso los arrestaron, dado que figuran como sospechosos de los delitos de tráfico de influencias, influencia contra de la Hacienda Pública y malversación de fondos.

Esta causa se relaciona a una serie anomalías orquestadas para desviar unos $40 millones y reparar parcialmente la pista del aeropuerto internacional de Guanacaste, el Daniel Oduber Quirós.

Las supuestas acciones ilegales se dividen en dos líneas de investigación, la primera, vinculada a la preparación del contrato para las obras y la modificación de un decreto de emergencia para meses después de varias tormentas, incluir Liberia y por ende, la terminal aérea.

Según el órgano acusador, la emergencia se justificó falsamente, pues atribuyó los daños que presentaba la pista como consecuencia de la tormenta tropical Bonnie y otras ondas tropicales ocurridas en el 2022, pero lo cierto es que los perjuicios se presentaron con anterioridad a los fenómenos naturales.

Eso permitió modificar un decreto ejecutivo e incluir a Liberia en la emergencia nacional, habilitando una contratación por $39.9 millones adjudicada a la empresa Constructora MECO S.A.

Al haberse emitido la declaratoria de emergencia, los trámites para realizar las obras se simplifican, puesto que se requiere de las mismas en el menor tiempo posible, lo que implica no solo la disponibilidad inmediata de los recursos, sino también que no se requiere del refrendo previo de la Contraloría General de la República.

La segunda línea recae sobre la ejecución de las obras, dado que al parecer en medio de irregularidades, se redujeron la cantidad de reparaciones sobre la pista y el valor del contrato solo bajó en $4 millones.

Aparte de Castillo, Villalobos, Batalla y Picado, en la causa se investiga a otras 10 personas de apellidos Naranjo Elizondo (exdirector de Aviación Civil), Amador Jiménez (exministro del MOPT, ya indagado por la Fiscalía General), Marín Fallas (jefe de Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción de la CNE), Díaz Quintana (exministra de la Presidencia), Rodríguez Fallas (asesor legal de la Dirección General de Aviación Civil), Murillo Saborío (encargado mantenimiento aeroportuario de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil), Castellón Camacho (asesora en el Consejo Nacional de Concesiones), Baltodano Aragón (miembro Junta Directiva de CONAVI), Sánchez Zumbado y González Chinchilla (Presidente y director técnico de la obra, ambos de MECO).