Víctima de presunto abuso sexual vive en albergues del PANI desde hace casi una década

Imagen con fines ilustrativos.
El menor de 15 años que apareció llorando desconsoladamente en un video difundido en redes sociales, donde denunció presuntos abusos sexuales dentro de un albergue del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), ha vivido bajo custodia del Estado desde que tenía entre 6 y 7 años.
Así lo confirmó este viernes Kennly Garza Sánchez, presidenta ejecutiva del PANI, en una amplia entrevista con CR Hoy. La jerarca explicó que el joven tiene una declaratoria judicial de abandono, por lo que desde hace años permanece bajo protección institucional.
"La persona menor de edad está bajo protección del Estado costarricense, es decir, bajo protección del Patronato, porque es una persona que tiene una declaratoria de abandono por parte de un juez de larga data, hace años que tiene esta declaratoria de abandono. ¿Qué significa una declaratoria de abandono? Que no hay familiares que quieran ni puedan hacerse cargo de esta persona", indicó Garza.
El video en cuestión generó amplia indignación en redes sociales, al mostrar al adolescente visiblemente afectado, hablando sobre supuestos abusos que ocurren en el sitio donde vive.
Debido a lo sensible del contenido y con el fin de proteger su identidad, CR Hoy decidió no publicar el material.
Por su parte, la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género de Pérez Zeledón informó que abrió una investigación por el presunto delito de abuso sexual en perjuicio de una persona menor de edad. El caso se tramita bajo el expediente 23-000305-1900-PE y, de momento, no hay personas imputadas identificadas.
"El caso corresponde al expediente 23-000305-1900-PE y se tramita contra ignorado, es decir, de momento no se manejan personas imputadas individualizadas. El caso se encuentra en la etapa inicial de investigación, por lo que no es posible dar más detalles, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal", explicó el Ministerio Público.
La denuncia también motivó un pronunciamiento del Sindicato de Empleados y Empleadas del PANI (SEPI), el cual asegura haber advertido en múltiples ocasiones sobre un patrón de violencia dentro de varios albergues institucionales, sin obtener respuestas efectivas por parte de las autoridades.