Vicepresidente y ministro Amador investigados por pedido para revivir Canal Seco

(CRHoy.com) La Fiscalía General de la República investiga al primer vicepresidente Stephan Brunner Neibig, así como el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, por supuestamente presionar por la reapertura del expediente de Canal Seco Interoceánico.

El caso contra ambos se tramita bajo el expediente 22-000066-0033-PE por presunto tráfico de influencias, confirmó a CRHoy.com la oficina de prensa del Ministerio Público. La causa avanza en la fase de recolección y análisis de inicios, que es privada para terceros, establece el artículo 295 del Código Procesal Penal.

Pese a ello, el número de referencia coincide con el que le fue asignado a una denuncia interpuesta por el diputado, Antonio Ortega Gutiérrez, interpuesta el 23 de agosto. La misma se contiene en el oficio AL-FPFA-36-OFI-0094-2022 dirigido por el congresista del Partido Frente Amplio (PFA) al fiscal general interino, Warner Molina Ruiz, al cual este medio tuvo acceso.

El parlamentario expuso dos hechos surgidos un día antes en el seno de una comisión especial investigadora de la Asamblea Legislativa (expediente 23.144) producto de las presentaciones -sin juramento- de cinco personeros de la compañía Canal Verde Interoceánico (Cansec S.A.), así como el secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), Eduardo Chamberlain Gallegos, para referirse al proyecto homónimo.

"Por su parte, al ser consultado el señor Chamberlain Gallegos confirmó los acercamientos de la actual administración del Poder Ejecutivo con la empresa y, entre otras cosas, manifestó que, tras el cambio de gobierno en 2022, fue citado por autoridades políticas en Casa Presidencial (entre otros Brunner Neibig y Amador Jiménez) para solicitar la ‘reactivación' del expediente de la empresa rechazado por el Consejo Nacional de Concesiones en 2020 (CNC-AGI-OF0023-2020 y CNC-ST0156-2020) y tratar temas relativos a la factibilidad y viabilidad del proyecto del Canal Seco junto a los representantes de la empresa, interesada en obtener la concesión del proyecto multimillonario a 50 años plazo".

"Este presunto estrechamiento, entre las máximas autoridades del Poder Ejecutivo en materia de obras públicas y concesiones, y una empresa interesada en obtener un contrato de concesión oneroso por parte del Estado, podría consistir también un hecho ilícito que merece ser investigado por las autoridades judiciales pertinentes. Además, la sola citación del alto funcionario técnico del Consejo a esa reunión podría configurar un acto de presión con relación a posibles actuaciones sobre los expedientes tramitados por la empresa ante el Estado", reza la denuncia.

Específicamente, el funcionario explicó que unos dos meses después de haber asumido el cargo, fue convocado a la sede de gobierno, en Zapote, San José, para reunirse con personeros de la compañía impulsora de la iniciativa, el vicepresidente y el jerarca, toda vez que estos querían conocer de que manera podían revivir el proyecto.

"Tuve que explicarles que estaba archivado, que legalmente no hay una figura de ‘desarchivar'. Lo que yo proponía era que ellos subsanarán todas las observaciones que se les han hecho y lo volvieran a presentar, que era la manera correcta. Ellos insisten en que eso ya lo han presentado dos veces y que eso requiere mucho tiempo", aseguró el servidor en su deposición.

Posterior al encuentro, Chamberlain Gallegos revisó de propia cuenta el expediente y constató un incumplimiento total "a satisfacción" de los requisitos de presentación previstos en el artículo 15 del Reglamento de los Proyectos de Iniciativa Privada de Concesión de Obra Pública o de Concesión de Obra Pública con Servicio Público.

Recalcó que validó lo previamente resuelto por el Consejo y que, incluso, identificó "contradicciones, cambios e inconsistencias" en los documentos, entre otros detalles que no habían sido señaladas.

Las manifestaciones del secretario técnico estuvieron antecedidas por una denuncia hecha sin pruebas en el mismo foro por la presidenta del Canal Verde Interoceánico, Dinorah Lucía D'Ambrosio Vite, sobre un aparente pedido de dádivas por parte del exmandatario Carlos Alvarado Quesada y el exministro de Obras Públicas, Rodolfo Méndez Mata, con la mediación del exlegislador y actual embajador de Costa Rica en México, Pablo Heriberto Abarca Mora. La representante de la empresa pidió disculpas públicas dos días después y adujo que se dio una tergiversación de sus manifestaciones.

"A raíz de estas graves aseveraciones, donde tanto los representantes de la empresa, como el secretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones expusieron un posible esquema de corrupción, favorecimientos políticos indebidos y presunto cohecho en alguna de sus modalidades penadas por el Código Penal y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, los integrantes de la comisión de infraestructura decidimos crear un expediente investigativo de los hechos denunciados por los comparecientes, en el contexto de las negociaciones y trámites en relación con el proyecto del Canal Seco Interoceánico", complementa la queja planteada por Ortega Gutiérrez.

Según lo dio a conocer CRHoy.com, Alvarado Quesada, Méndez Mata y Abarca Mora figuran como sospechosos por estos hechos en la sumaria 22-000275-1218-PE, que tramita en su etapa inicial la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).

Respecto a la investigación contra Brunner Neibig y Amador Jiménez, este medio remitió solicitudes de descargos a sus departamentos de comunicaciones. El primero dijo haberse apersonado a raíz de la pesquisa tras una publicación de CRHoy.com, pero evitó ahondar en detalles de esta, mientras que el segundo mantenía la petición en trámite. También se procuró un comentario de D'Ambrosio Vite como presidenta del Canal Verde Interoceánico, pero esta no atendió las llamadas y mensajes hechos a su celular.