Este es un extracto de la conversación

Usted es diputada integrante de la Comisión de la Mujer. ¿Hacia dónde van a dirigir los esfuerzos en estos meses?

Esa comisión históricamente ha sido muy importante. De ahí se han generado diferentes investigaciones para fiscalizar lo que la institucionalidad de nuestro país está haciendo en materia de derechos humanos de las mujeres.

Sin embargo, en este momento pareciera que vamos de nuevo a generar un bloque de defensa de los derechos de las mujeres.

En la composición de la comisión, para nadie es un secreto, tenemos a la diputada Katia Mora, que es una pastora integracionista que va totalmente en contra de los derechos humanos y de los avances que las mujeres han obtenido en el país.

Ella fue asesora de la misión permanente de Costa Rica en la ONU y recomienda no apegarse a términos como violencia reproductiva, interseccionalidad o masculinidad hegemónica, que son conceptos que Costa Rica sí adopta mediante diferentes instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Sistema Internacional de Derechos Humanos, y que han sido claves para que el Inamu genere políticas públicas y dé acompañamiento a mujeres que llegan a pedir precisamente ese apoyo.

Entonces, tenemos que hacer una defensa de esos derechos en esa comisión.

No vemos de forma muy optimista que puedan salir proyectos que garanticen un cumplimiento más efectivo de los derechos de las mujeres. Esperemos que en temas más sensibles, como el femicidio, pueda haber más consenso.

El problema es qué paradigma se va a asumir: si el de los estudios de género basado en los derechos humanos o el de un paradigma del igualitarismo, en donde no se entra a analizar las desigualdades estructurales que tienen hombres y mujeres por las construcciones de nuestra sociedad.

Entonces, igual estaremos presentando proyectos de ley.

A pesar de que es la única comisión integrada por un solo sexo, mujeres, lo cierto es que ahorita pareciera que se están defendiendo otras agendas que van cabalgando sobre una regresión para los derechos de las mujeres.

¿Cómo cuáles agendas, diputada?

En el tema de la salud reproductiva. Y ojo, porque aquí no me estoy refiriendo al aborto.

Este es un tema en el que Costa Rica, lamentablemente, no está preparada para dar el debate a la altura: hablar del derecho al aborto, pero con salud sexual, con derecho a anticonceptivos y a una gama de anticonceptivos.

No estamos en ese momento, pero al menos el Estado costarricense se ha comprometido, mediante convenios internacionales, a hablar de salud reproductiva. Por ejemplo, sobre la posibilidad de acceder a una gama de anticonceptivos, la educación sexual al respecto y que sea una educación científica y laica. Eso es lo que ahorita les aterra.

Esto que está pasando en Costa Rica en términos de derechos humanos en general, no solo de las mujeres, es algo que está sucediendo en otros países con gobiernos también autoritarios.

Por ejemplo, tenemos un proyecto de ley que viene desde el cuatrienio anterior, que busca institucionalizar el protocolo de las 72 horas, que es la atención de emergencia a mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, abuso y violación.

Este proyecto, para la diputada Kattya Mora y los evangelistas de la bancada oficialista, es una aberración, porque dicen que es un proyecto abortista, pero estamos hablando de la salud integral de la mujer, no de un tema de aborto.

Entonces, me refiero a esas agendas que buscan minimizar aún más el papel de las mujeres como agentes de cambio en nuestra sociedad.

Sabemos que la lógica de esta reestructuración del Inamu y la prohibición, dentro de esta entidad, de hablar de salud sexual y reproductiva va en esa misma línea de antiderechos para las mujeres.

En ese sentido, diputada, ¿Qué responde a los que dicen que ya existe suficiente legislación en materia de igualdad?

Creo que no. Una cosa es que tengamos un marco robusto.

Porque es cierto: Costa Rica, a nivel regional, ha sido un ejemplo de legislar en procura de hacer cumplir esos convenios internacionales, pero una cosa es tener todo el encuadre legal y otra cosa es ir hacia una igualdad sustantiva.

En Costa Rica todavía tenemos algunas leyes que están desfasadas, que no se están ajustando a los tiempos que hoy corren, al avance de la tecnología, a las nuevas formas de violencia a nivel digital, por ejemplo, y al incremento también de la violencia hacia las mujeres.

Creemos que el marco de ley está, entonces hay que robustecerlo, pero a la vez también hay que garantizar condiciones materiales para que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia.

Por ejemplo, en este momento hay varios proyectos de ley que buscan una reforma sobre la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, precisamente porque se ha hecho una lectura con unos lentes actuales de las diferentes circunstancias que las mujeres están viviendo ahorita.

En materia de seguridad ciudadana, ¿cómo valora la política de seguridad de esta administración?

No podemos hablar de una política, porque no hay una política de combate al crimen organizado o de promover la seguridad ciudadana.

No hay una ruta clara.

El ministro de Seguridad no supo decir absolutamente nada cuando daba declaraciones de cómo van a combatir el crimen organizado.

A inicios de esta legislatura asistimos a la reunión en el INS para hablar de cuál era la estrategia de seguridad, pero lo cierto es que no había una estrategia de seguridad. Nos mostraron diferentes mecanismos con los que han mapeado diferentes bandas del crimen organizado, pero no una estrategia como tal.

No hay realmente una estrategia de lucha contra el crimen organizado.

Vemos más bien, con mucha preocupación, que los ataques al Poder Judicial se hayan incrementado de una forma vertiginosa luego de que, con chiripa o no, como lo quieran decir ellos, se capturara a uno de los narcos más buscados de Costa Rica, prófugo de la justicia durante diez años.

Ver que eso haya sido el detonante hasta llegar a decir "golpe de Estado" es muy preocupante.

Abogaremos e insistiremos por fortalecer, o que al menos se cumpla, con los recursos que el Poder Judicial debe tener.

Apoyaremos el resello del expediente para que los oficiales del OIJ puedan tener una pensión anticipada por el grado de peligrosidad que enfrentan y, sobre todo, en ese contexto.

El conflicto entre el Gobierno y la Sala Constitucional escaló hasta el punto de que el oficialismo presentó una querella contra cuatro magistrados y la presidenta Laura Fernández los calificó de "golpistas". ¿Cómo valora esa confrontación?

Estoy muy preocupada. Me parece que es un momento de la historia reciente de Costa Rica muy peligroso. Desde la fundación de la Segunda República, en 1949, no habíamos experimentado un choque de esta magnitud entre poderes de la República, impulsado sobre todo por el Poder Ejecutivo y por su bancada oficialista.

Es absurdo también que hablen de un golpe de Estado, pero que el órgano que hable del golpe de Estado sea el Poder Ejecutivo, refiriéndose a un golpe de Estado del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa.

Ellos, el Ejecutivo, abogan por generar relatos y generar más polarización y escándalos constantes para bajarle el volumen a las voces disidentes, a los medios que son críticos, que ejercen su derecho a la libertad de prensa, y a la oposición, que somos críticos con sus formas autoritarias y de concentración del poder.

La querella que presentaron va a hacer que se inhabiliten los cuatro magistrados querellados, lo que va a implicar que la Corte Plena no va a tener el quórum suficiente para poder conocer esa querella.

Entonces, lo mismo que ellos cosecharon es lo que en este momento les está impidiendo que la querella se pudiera conocer.

Además, en ese acto se legitima la función del propio Poder Judicial.

¿Qué lectura hace de la decisión de la Sala IV de prorrogar provisionalmente el nombramiento de los magistrados suplentes?

Bueno, me parece que lo hace en razón de un fallo, de un amparo que presentaron más de 1.800 ciudadanos.
Además, está entre las potestades constitucionales generar esa interpretación de la Constitución para salvaguardar el funcionamiento correcto y técnico de la Sala Constitucional.

Entonces, en esa línea, no conozco hasta el momento el voto completo, pero sí está dentro de las potestades de la Sala Constitucional.

¿Cuál es su valoración de estos primeros tres meses de la labor del Congreso?

Ha sido como un sube y baja de emociones.

Un día estamos poniendo sobre la mesa alguno de los escándalos de corrupción y cercanía con el narcotráfico, los ataques a los poderes de la República, sobre todo al Poder Judicial, y en ese mismo día, cuando ya entramos a la segunda parte, en la discusión de proyectos, a veces logramos ponernos de acuerdo y negociar.

Pero es realmente muy desgastante tratar de mantener una oposición coherente debido a unos mínimos que acordamos el 1.º de mayo, y a la vez estar cuidando esa agenda y haciendo el control político más fuerte que se pueda contra las ocurrencias de este gobierno y las diferentes amenazas que experimenta hoy en día nuestra democracia.

Es desgastante también en el sentido de la utilización de lo que decía Tocqueville, de la tiranía de las mayorías. Están generando una interpretación rebuscada del Reglamento Legislativo, que es en este momento la única herramienta que tenemos a lo interno de la Asamblea para poder incidir en la discusión de proyectos.

Pero, aun así, es muy difícil que la fracción oficialista abra las puertas para poder negociar por el bien común.

¿Cuál debe ser la prioridad en estos próximos tres meses de sesiones ordinarias, en los que ustedes van a tener un mayor control de la agenda legislativa?

La prioridad nuestra es avanzar con los proyectos de ley que la bancada del Frente Amplio anterior dejó sobre la mesa, que tienen un recorrido procedimental que puede facilitar ciertos debates.

La prioridad es, además, seguir siendo el bloque de defensa de las garantías sociales e individuales que Costa Rica tiene, a la vez que vamos avanzando con una agenda prioritaria en derechos laborales, en proteger los programas de bien social y en proteger los derechos de las mujeres.

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