Vía decreto, Rodrigo Chaves da a la UEI facultades para investigar y planificar allanamientos

Rodrigo Chaves, presidente de la República, y Laura Fernández Delgado, ministra de la Presidencia, decretaron una reforma parcial al reglamento de organización y funcionamiento de la Unidad Especial de Intervención (UEI), adscrita al Ministerio de la Presidencia, que amplía las potestades de la entidad incluyendo ahora dependencias específicas de “inteligencia táctica”, armería, unidad canina, materiales radioactivos, Tiradores de Alta Precisión (TAP o francotiradores), entre otros.

La UEI nació en 1982 en el contexto de la contrarrevolución de Nicaragua, durante la Administración Monge Álvarez (1982-1986), como una de las fuerzas especiales bajo tutela del Ministerio de la Presidencia.

Históricamente, se especializa en operaciones de alto riesgo contra actividades de terrorismo y narcotráfico. También, ofrece protección a jerarcas de los Supremos Poderes, funcionarios de gobierno o dignatarios extranjeros que visitan el país.

Los ajustes oficializados este jueves 21 de noviembre, a través de la publicación en La Gaceta del decreto N° 44637 MP, firmado por Chaves y Fernández, son parte de la propuesta de reorganización de la UEI solicitada por la ministra el 27 de octubre de 2023 y que tuvo como respuesta un informe técnico remitido el 1° de noviembre de 2023 por el Ministerio de Justicia y Paz, cuyo jerarca es Gerald Campos Valverde, quien fue subdirector general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La “reorganización interna parcial” fue aprobada el 12 de diciembre de 2023 por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) dirigido también por la ministra Fernández.

Uno de los principales ajustes tiene que ver con la conformación de la dependencia denominada “Inteligencia Táctica”, adscrita al Departamento de Operaciones, la cual tendrá facultades de investigación a pedido del director general de la UEI (nombrado por el presidente de la República).

En el decreto de reglamento se estipulan 8 tareas y competencias encomendadas a esta dependencia, las cuales hasta entonces no existían o, al menos, no estaban oficializadas. Estas son:

• Recolectar datos e información previa a la ejecución de las operaciones a realizar, utilizando los medios tecnológicos idóneos.
• Coordinar y mantener el flujo de información necesario para facilitar la toma de decisiones en los diferentes cursos de acción a seguir para el cumplimiento de las operaciones policiales a desarrollarse por parte de la UEI.
• Coordinar con la oficina de Tecnologías de la Información de la Unidad Especial de Intervención el desarrollo y mantenimiento del software o de las bases de datos que se requieran para el resguardo de la información que se genere, producto de los trabajos realizados.
• Analizar la información producida o recibida en la organización y generar reportes estadísticos con el objeto de establecer las frecuencias, correlaciones y tendencias que se produzcan de situaciones provenientes del narcotráfico, terrorismo y explosivos.
• Mantener actualizada la base de datos relacionada con las actuaciones policiales de operaciones contra el narcotráfico, terrorismo, explosivos y de protección a los miembros de los supremos poderes y dignatarios que visitan el país.
• Elaborar informes mensuales, dirigidos a la Dirección General de la UEI, sobre las labores realizadas, de conformidad con las disposiciones establecidas.
• Coordinar con la oficina de Tecnologías de la Información la implementación de procesos de seguridad en la infraestructura tecnológica para la administración, mantenimiento, instalación, configuración y operación de la información.
• Realizar otras funciones que le encomiende la Dirección General.

Además, la reorganización estipula que el departamento de Operaciones estará integrado por las oficinas de Armería, Explosivos, Comunicaciones, Inteligencia Táctica, Transportes, Materiales Radioactivos, la unidad canina y la unidad de anfibios.

Precisamente, la primera competencia atribuida al departamento de Operaciones tiene que ver con la planificación, supervisión y participación en operativos policiales (allanamientos, vigilancias especiales por motivo de narcotráfico y terrorismo, operaciones encubiertas y de montaña, protección de jerarcas, entre otros).

La planificación o la iniciativa de allanamientos no ha sido un tema de la UEI. La unidad sí participa con frecuencia en acciones policiales desplegadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pero únicamente como complemento o refuerzo al Sistema Especial de Respuesta Táctica (Sert) del OIJ.

No obstante, la planificación y ejecución de allanamientos siempre ha sido una potestad del OIJ o de otros cuerpos policiales, como la Policía de Control de Drogas (PCD) del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) o la Policía Profesional de Migración (PPM).

Otra competencia asignada al departamento de Operaciones establece que se deben acatar y ejecutar “las directrices y órdenes emitidas por el director o subdirector de la UEI o, en su defecto, las indicadas por el presidente de la República (Chaves) y la ministra de la Presidencia (Fernández)”. Es decir, el mandatario tendrá la posibilidad de girar directrices u órdenes al departamento operativo del cuerpo policial.

Polémicas recientes

Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva suspendida de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), fue objeto de cuestionamientos por parte de diputados por utilizar en enero de 2024 a escoltas de la UEI durante una visita a la Asamblea Legislativa para participar en una audiencia ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público.

Jeffrey Cerdas Lobo, director de la UEI, alegó en un oficio enviado el 6 de febrero a Paulina Ramírez, diputada del PLN y presidenta de ese foro legislativo, que la asignación de escolta fue para proteger a Esquivel del asedio de periodistas. La solicitud la hizo la misma funcionaria, tras haber denunciado inconvenientes con la prensa durante una visita previa.

Además, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) investiga una denuncia penal sobre la presunta existencia de una red de “espionaje político” a través de los cuerpos policiales adscritos al Ministerio de la Presidencia.

La queja, bajo estudio del Ministerio Público, señala que esta célula se encargaría de “espiar” a adversarios políticos del mandatario, entre los cuales figurarían diputados, magistrados y fiscales.

En el documento de la denuncia se advierte que este grupo estaría a las Cerdas Lobo y de la UEI de Casa Presidencial. También, contaría estaría encabezado por Eduardo Guzmán, exfuncionario del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y actual miembro de los cuerpos policiales del Ministerio de la Presidencia.

Además, se señala que esta célula habría utilizado algunos de los vehículos decomisados por el narcotráfico, gestionados por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), y prestados a la Casa Presidencial bajo convenio de cooperación.

El presidente Chaves afirmó el 24 de octubre que “no puede avalar lo que no existe” y desacreditó los elementos contenidos en la denuncia. De paso, explicó que Cerdas es uno de los colaboradores más cercanos y que “pasa con él casi todo el día”.

Con el decreto publicado este 21 de noviembre, firmado desde el 11 de julio de 2024, Chaves y Fernández derogaron el decreto ejecutivo de 2005 que reglamentaba la operación de la UEI durante la Administración Pacheco de La Espriella (2002-2006).

Este medio remitió las consultas respectivas sobre los cambios a la oficina de prensa de la Casa Presidencial.