Veterinarios impugnan decreto porque “pondría en peligro seguridad alimentaria de ticos”

El Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica (Colvet) impugnó un nuevo decreto del Gobierno que pondría en peligro la seguridad alimentaria de los costarricenses.

Esa organización presentó un recurso contencioso administrativo contra el decreto 44394-MAG que entró en vigencia este domingo 1° de diciembre.

La gestión busca evidenciar que la normativa compromete la salud pública del pueblo. Esta afectación incluye el aumento de costos operativos para los mataderos y las familias que dependen de esa actividad, así como el posible aumento de precios de los productos cárnicos y embutidos.

El decreto del Poder Ejecutivo establece que aquellos establecimientos dedicados al sacrifico de animales de cualquier especie deben formalizar la oficialización de un médico veterinario y contactar al Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa) o la Cámara Nacional de Avicultores (Canavi), organizaciones que se convertirán en los nuevos patronos de los médicos veterinarios que trabajen en lugares de matanza. Con esto, deben asumir el pago de sus servicios y jornadas laborales.

"Esta decisión del Gobierno de la República incrementa aproximadamente en un 60% los costos de funcionamiento de aquellas empresas que exportan productos a otros países, debido al pago de "costos administrativos" a Oirsa o a la Canavi por los servicios de veterinarios oficializados e inspectores de inocuidad.

Para el caso de las empresas cuyo producto es para consumo local, tendrán que eliminar la figura del médico veterinario regente, es decir, el responsable del manejo técnico y científico del negocio y su actividad.

Asimismo, le quita al Colegio de Médicos Veterinarios su rol de velar para que estos regentes cumplan a cabalidad su función y protejan a la ciudadanía.

Silvia Coto, presidenta del Colvet, sostuvo que el "ahorro o simplificación de trámites" para los productores, como se pretende hacer ver en el decreto, no puede ser realizado a costas de la salud de los costarricenses, ni tampoco encareciendo el producto que el consumidor lleva a su mesa.

Según la entidad, el decreto deroga, sin potestad legal para hacerlo, varios artículos relacionados con las regulaciones que hace el Colvet.

Por ejemplo, mencionó que en el pasado, mediante la ley orgánica del Colvet, los establecimientos debían contar con regentes médicos veterinarios bajo la dirección del Colegio. Pero al derogar los artículos 100, 102, 107, las figuras de los regentes y las funciones de la fiscalía del Colegio desaparecen sobre esos establecimientos y médicos veterinarios a cargo.

"El ejercicio profesional de una regencia solamente se materializa en el establecimiento. No hay forma de fiscalizar a un profesional fuera del lugar donde desarrolla su ejercicio profesional de regentar. Por tanto, este decreto debilita la figura de las regencias médico-veterinarias en la industria agroalimentaria y otros sectores. Merma la responsabilidad científica y técnica del manejo que se haga en gran parte del sector veterinario y, por ende, vulnera la seguridad que pueden ofrecer los médicos veterinarios a la población a través de la inocuidad de los alimentos y los productos que provienen de mataderos y plantas que industrializan los alimentos de origen animal", dijo Coto.

Además, para el Colegio de Médicos Veterinarios, el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) no debería delegar a terceros aquellas competencias que les son otorgadas por ley.

La entidad también manifestó que el decreto pone en peligro las condiciones laborales de los médicos veterinarios en la agroindustria.

Esto, porque al convertir a un organismo internacional en "patrono" se corre el riesgo de indefensión de los profesionales en medicina veterinaria que trabajan en la industria de alimentos.

"Este decreto pretende hacer que las plantas le paguen a un organismo internacional para que éste sea quien contrate a los médicos veterinarios, encareciendo el servicio mientras cobran hasta un 60% aduciendo costos administrativos, yendo tanto en detrimento del productor, del precio final al consumidor y dejando potencialmente desprotegido laboralmente al médico veterinario. Ante lo anterior, pareciera que el único beneficiado es el organismo que funciona como contratante. El Colvet se opone a lo anterior, ya que al convertirse ese ente internacional en el patrono de esos médicos veterinarios pone en riesgo la capacidad de defender sus derechos laborales ante posibles incumplimientos de la legislación laboral costarricense e impunidad, como ya ocurrió alguna vez en el pasado con este mismo organismo" señaló Coto.

"Tomaremos todas las acciones legales pertinentes para impugnar el decreto 44394-MAG. Estamos muy preocupados por lo que este decreto puede significar para la salud pública, la economía y la industria alimentaria. La figura de la regencia de los médicos veterinarios es lo que ayuda a garantizar la salud pública, la seguridad y la seguridad alimentaria del país", agregó.