¿Venenos o medicinas de las plantas?

La persecución mediática contra las medicinas de las plantas, aparte de irresponsable, atenta directamente contra el empleo en la zona rural, la seguridad alimentaria -especialmente la de los más pobres-,  y la capacidad exportadora de Costa Rica, donde mantenemos una gran vocación agropecuaria.

La importación de tecnología  permite mejorar nuestra expectativa y calidad de vida -mediante la adquisición de sofisticados desarrollos tecnológicos internacionales. La llegada de nueva medicina humana protege la salud de los costarricenses, y el acceso a "medicinas" de las plantas, también conocidas como fito-protectores o como agroquímicos- es una manera inteligente para crear altísimo valor agregado, con nuestra producción agrícola y pecuaria.

Nuestro país goza de una posición geográfica y climática, que brinda oportunidades y condiciones favorables para la producción. Sin embargo, esto mismo hace que nuestros cultivos estén expuestos al feroz ataque de insectos, hongos, bacterias y malas hierbas, que ponen en peligro las cosechas.

Sin las medicinas de las plantas, se perdería más del 50% de lo sembrado resultando en un gran encarecimiento de la comida.

Así como los médicos custodian la correcta aplicación de los fármacos en las personas, miles de ingenieros agrónomos vigilan y guían la correcta aplicación de agroquímicos, que combaten las plagas y enfermedades, y supervisan el respeto a las recomendaciones de las etiquetas que emite el fabricante para sus productos.

Con esto se garantiza la seguridad e inocuidad de alimentos nutritivos, cuando se transportan a los mercados para ser consumidos, a lo cual le debemos parte importante de nuestra salud pública.

Recordemos que los agroquímicos son desarrollados bajo severos protocolos de seguridad, y diseñados para que -una vez cumplido su control en el campo y su periodo de carencia (tiempo entre última aplicación y cosecha)-, se degraden en productos inertes, sin ninguna acción o residuo peligroso para el ser humano.

En Costa Rica tenemos una ley que tasa las importaciones de todos los agroquímicos, y los fertilizantes con un impuesto del 1.5%, recursos que suman muchos millones de dólares anuales.

Estos fondos tienen destino de ley para la custodia de los procesos de registro, y de la correcta aplicación de campo, mediante monitoreo y educación al agricultor, para eliminar o minimizar los residuos de todo tipo.

¡Qué pena que ambientalistas histéricos, quienes promueven el pánico entre la población, no fiscalicen la utilización de estos fondos al acompañamiento de una producción, que ya de todos modos es bastante segura!

Un ejemplo de cómo el ambientalismo no basado en la ciencia y la técnica causa estragos, empujando reglamentación extrema que después debe ser aplicada por nuestro Poder Judicial, es la tabla de límites máximos de residuos en agua potable, derivada del decreto del 2015 y publicada en el 2018.

Por culpa de esta irresponsable histeria ambientalista, que dice proteger la producción y la población -pero solo en sus fantasmas de miedo-, se establecieron límites permitidos acumulados de agroquímicos (solo para Costa Rica), alrededor de 100 veces inferiores a los máximos permitidos en países, y regiones desarrolladas con sistemas sofisticados de control y registro, como la Unión Europea y la EPA.

La Cámara Nacional de Agricultura (CNAA) así lo advirtió a las autoridades, en notas a los cuales recibimos oídos sordos.

Esos límites, para tranquilidad de los lectores, se establecen en partes por billón, por lo tanto podría hablarse de trazas en apenas topes de detección.

Si en Costa Rica se establecen límites ridículamente 100 veces inferiores, es por acoso ambiental al agro. Parece que el único afán es destruir la producción nacional y a nuestros agricultores.

De esta tabla del 2018 se derivan las voces clamando por la prohibición de productos, y la cancelación de registros, sin ningún soporte de ciencia ni de técnica, lo que se convierte en un círculo de refuerzo perverso. Con esto  buscan presionar a las autoridades del MAG, para evitar que realicen un trabajo serio, alejado de falsa dicotomía entre producción y ambiente.

Los mismos que claman por la seguridad alimentaria y la defensa de los campesinos -agricultores, como algunos institutos de universidades públicas, instituciones estatales, organismos internacionales y ONGs, cundidos de ambientalistas recalcitrantes, se rasgan las vestiduras contra las herramientas de control de plagas y enfermedades de nuestros agricultores.

Pero no se oponen a la importación de alimentos de otros países vecinos -como los de Centroamérica o el mismo Colombia y Perú- donde los agricultores tienen acceso a registros de productos de nueva tecnología, y una amplia gama de moléculas  de calidad que fomentan  los bajos precios de los insumos.

Lo irónico es que mientras nuestros productores viven bajo estos ataques que limitan su productividad, a nuestros políticos se les ocurre que la forma de bajar los precios de la comida es eliminando los aranceles, que protegen la producción nacional de subsidios y precios oportunistas puntuales de producciones de excedentes de otros países.

Como lo hemos dicho repetidamente, y el reciente caso del arroz lo comprobó, en ningún país del mundo donde se han eliminado los aranceles a la importación de alimentos de producción primaria, los precios a los consumidores bajaron, todo los supuestos ahorros del tipo de cambio y la rebaja de aranceles quedan repartidos entre los importadores, los industrializadores y las góndolas de los supermercados.

Parece que como país no sacamos lecciones alimentarias de la pandemia.

Empresario y expresidente Cámara de Agricultura y Unión de Cámaras