Vecinos de San Rafael de Alajuela se oponen a nueva “megacárcel”

Organizaciones comunales, representantes y líderes de la comunidad de San Rafael de Alajuela expresaron su rechazo al proyecto del gobierno de construir una megacárcel en el distrito.

A través de un comunicado conjunto, diversas organizaciones señalaron la problemática que ha tenido que afrontar la comunidad, dado que "históricamente se ha convertido en el distrito carcelario del país".

Cabe recordar que en este distrito se ubica el Centro de Atención Integral (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, donde se encuentran varias cárceles, entre ellas el Circuito de Alta Contención, que alberga a privados de libertad de alta peligrosidad.

La comunidad reclama que el distrito ha soportado múltiples afectaciones sociales, económicas y de seguridad derivadas de la concentración de centros penitenciarios, sin que "el Estado haya brindado la inversión justa y necesaria en seguridad ciudadana, infraestructura, servicios públicos, desarrollo social, entre otros".

"La situación actual ya es insostenible y la construcción de una nueva cárcel solo agravaría profundamente esta realidad, especialmente porque el proyecto no contempla ningún tipo de inversión en la comunidad para paliar toda esta problemática. Exigimos al Gobierno replantear esta decisión y escuchar la voz de una comunidad que ha sido desatendida y que demanda equidad, respeto y desarrollo digno", agrega la declaración.

Por su parte, la regidora de la Municipalidad de Alajuela, Yadú Fuentes —oriunda del distrito— aseguró que tener más privados de libertad significará mayor presión sobre los ya limitados servicios públicos, lo que inevitablemente ocasionará:

• Colapso en los centros educativos y de salud del distrito.

• Congestión y deterioro en las calles locales, debido al incremento en el tránsito de visitas, traslados y logística penitenciaria.

• Estigmatización social de San Rafael como "pueblo carcelario", lo que limitará las oportunidades de desarrollo y la atracción de inversión.

"Ante esta situación, como regidora municipal levanto la voz y exijo al Gobierno Central que se nos vuelva a ver y se nos otorgue la importancia que merecemos. San Rafael ya enfrenta altos índices de inseguridad y requiere urgentemente soluciones estructurales, no nuevas cargas sociales", agregó Fuentes.

Los líderes comunales solicitan al Poder Ejecutivo la implementación inmediata de un Plan Integral de Compensación Social para San Rafael, que contemple:

• Infraestructura deportiva y recreativa, que fortalezca la prevención del delito y brinde oportunidades reales a la juventud.

• Inversión en obras viales y movilidad, para mitigar el colapso de las calles.

• Refuerzo en servicios de salud, educación y seguridad, que garantice condiciones de vida dignas para las familias.

El comunicado va firmado por la Asociación de Desarrollo Integral San Rafael de Ojo de Agua, Comisión Pro Cantonato, los regidores de la Municipalidad de Alajuela Yadú Fuentes, Marvin Venegas, Ananías Fuentes y el síndico Manuel Cordero.

Además, firman la Asociación Pro-Mejoras Los Portones, Seccional Cinco Estrellas UPA Nacional, Asociación de Servicios Solidarios de Urbanización San Gerardo, La 10 x San Rafael y el Comité Auxiliar Calle Arriba.

También la Junta de Salud Alajuela Sur, los Grupos de Proyección Folclórica Con Alma de Ticos, Nimbu, Sangre Tica y Herencias de Ojo de Agua, el club de jóvenes y niños Horizontes.

Cabe destacar que los vecinos del distrito impulsan un proyecto de ley para la creación del cantonato de Ojo de Agua, nombre original de la comunidad alajuelense y parte de la identidad de sus habitantes. De concretarse, Ojo de Agua sería el cantón número 17 de la provincia de Alajuela.

"Megacárcel" El Cacco

Durante el programa televisado semanal posterior al Consejo de Gobierno, el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, anunció la construcción del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco).

Se trata de una obra de 31.048 m² en un terreno de 90.846 m², con capacidad para 5100 privados de libertad, distribuidos en cinco módulos de alojamiento de 1.020 personas cada uno.

Según detalló el Ejecutivo, el costo total de la megacárcel asciende a ₡21.000 millones, de los cuales ya están disponibles ₡8.147 millones (40 % del presupuesto). La ejecución del proyecto será viable a finales de 2025, tras la aprobación legislativa de ₡7.870 millones adicionales en el presupuesto extraordinario, monto que se sumó a los recursos previamente asignados al Ministerio de Justicia y Paz (MJP).

El Gobierno agregó que se gestionan ₡12.000 millones restantes (60 %) para que estén listos en 2026.

La intención es que el centro penal albergue a integrantes del crimen organizado, reos violentos, personas extraditables, privados de libertad que representen un riesgo para la seguridad institucional y aquellos que requieran protección especial.

Además, se espera que el complejo cuente con un amplio puesto de revisión, pasillo central en los módulos carcelarios con celdas a ambos lados, cinco consultorios médicos, 25 celdas para visitas íntimas, edificio administrativo, puesto de control principal, siete fortines de vigilancia, 20 celdas de aislamiento, bodega y área de disposición de desechos.