Vanessa Castro pide suspender reglamento de ciberseguridad 5G
Diputada solicita que se acoja la medida cautelar provisionalísima
La diputada Vanessa Castro se apersonó en calidad de coadyuvante ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) en el proceso contra el reglamento de ciberseguridad para redes 5G interpuesto por la Federación Frente Interno de Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de la Industria de Telecomunicaciones y Energía (FIT).
La legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) solicita que se acoja la medida cautelar provisionalísima y se suspendan los efectos de la reglamentación.
“Posteriormente, en sentencia del proceso de fondo, se declare la nulidad absoluta, total y definitiva del Decreto Ejecutivo N° 44196-MSP-MICITT que contiene el Reglamento sobre Medidas de Ciberseguridad Aplicables a los Servicios de Telecomunicaciones 5G y Superiores por infracción a los postulados de Estado Social de Derecho, reserva de ley, separación de Poderes, libertad de empresa, libre concurrencia, igualdad y no discriminación, así como a los principios rectores del sistema económico consagrados en el bloque de constitucionalidad vigente.
Subsidiariamente, se suspendan los efectos y posteriormente se anulen los artículos 4º, 6º, 9°, 10 incisos c), d) y e), 11, 13 y Transitorio Único de dicho instrumento por comportar una afrenta directa a derechos fundamentales, garantías ciudadanas, libertades públicas y obligaciones internacionales del Estado costarricense en los términos ampliamente acreditados por esta representación procesal”, manifestó la congresista socialcristiana.
En el documento que presentó relacionado con el expediente 24-001014-1027-CA añade que como resultado de lo anterior, se abstengan todas las autoridades del país de aplicar el reglamento referido, así como los numerales individualizados, según el caso, a las relaciones jurídico-administrativas surgidas a su amparo, especialmente en lo concerniente a procedimientos de contratación estatal, adquisición de infraestructura digital y despliegue de redes 5G en territorio nacional.
Entre los argumentos de Castro Mora señala que “al introducir requisitos desproporcionados, condiciones discriminatorias y exigencias arbitrarias para la libre concurrencia de agentes tecnológicos de la más alta competitividad internacional en el neurálgico proceso de implementación del 5G, el reglamento necesariamente apareja una contracción en las opciones de calidad, eficiencia asequibilidad y celeridad en el despliegue de tan estratégica infraestructura a disposición del pueblo costarricense.
Restricciones regulatorias que carecen de una justificación objetiva, razonable y proporcionada a la luz de los estudios técnicos disponibles sobre ciberseguridad comparada en el sector. Y que, al proyectar un incremento sensible en los costos de inversión y operación de las redes 5G, impactando a la postre sobre las tarifas al usuario final, terminan erigiendo un valladar normativo al acceso masivo, equitativo y asequible para las mayorías a los servicios de conectividad ultrarrápida”.
En general, la diputada considera que la aplicación del decreto atenta contra la libre competencia, libertad comercial y el principio de neutralidad tecnológica, a la vez que el reglamento no tiene sustento técnico, sino más bien se basa en criterios geopolíticos.
El reglamento
El Decreto Ejecutivo N° 44196-MSP-MICITT incluye el Convenio de Budapest, que deja por fuera a empresas basadas en países que no lo hayan firmado, participar como proveedores de infraestructura de telecomunicaciones para redes de quinta generación en el país, tal es el caso de Huawei, compañía con sede en China, nación que no ratificó el acuerdo internacional de lucha contra el cibercrimen.
Al respecto, abogados, políticos, académicos, colegios profesionales y cámaras, entre otros, consideran que la aplicación del reglamento es ilegal y retrasa el proceso para que el país cuente con sistemas IMT 2020.
También estiman que la puesta en práctica de la normativa elevaría los montos de inversión del despliegue de la red y los costos asociados se le trasladarían al usuario final.
A pesar de múltiples peticiones para que se derogue, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) ha descartado esa posibilidad.
