Universidades públicas: un año de tormenta y excesos

Al tiempo que el clamor político y social llamaba a un mejor control de las finanzas públicas para poder sobrellevar la difícil situación fiscal del país, las universidades estatales -haciendo alarde de su autonomía- preferían manejarse al margen con poco interés manifiesto de poner de su parte para reducir gastos superfluos y -mucho menos-  evitar el despilfarro mediante pluses y sobresueldos.

Lejos de ello, decisiones tomadas por las administraciones universitarias motivaron la creación de una comisión investigadora en la Asamblea Legislativa, la cual, aunque tiene interés en entrar a conocer la forma en que se manejan los recursos financieros en la enseñanza superior, no ha podido iniciar su trabajo debido la falta de un acuerdo sobre los diputados que la integrarán.

Estos son los casos polémicos que afectaron a cada institución:

Universidad Nacional

Plaza de la Diversidad

En medio de la discusión de un proyecto fiscal en la Asamblea Legislativa y los llamados por reducir los gastos superfluos, la Universidad Nacional (UNA) desarrollaba un plan para construir una nueva Plaza de la Diversidad en su sede principal en Heredia, valorada en $14 millones.

Esta inversión, además de elevada, venía precedida de la falta de algunos requisitos para su construcción, aspecto que se dio a conocer con posterioridad.

Además, fue la forma en que a nivel político hubo conocimiento de que la Universidad venía acumulando superávits desde hace varios años; es decir, no todo el dinero proveniente del Fondo de Educación Superior (FEES) se venía utilizando.

El rector Alberto Salom, públicamente dijo que no podía dar marcha atrás al proyecto, lo cual fue desmentido posteriormente por la propia Contraloría General de la República, y ahora incluso se analiza si su caso es enviado a la Procuraduría de la Ética y al Ministerio Público por un eventual caso de falso testimonio.

 

Salarios de más

Una denuncia presentada por el diputado liberacionista Jorge Luis Fonseca ante la Contraloría, señaló a Alberto Salóm de recibir un plus salarial del 65% correspondiente a prohibición, cuando jurídicamente no sería viable, debido a que la figura del rector no se encuentra prevista en la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito como los cargos que pueden recibir ese beneficio.

Según la denuncia, Salóm habría recibido más de 23 millones de colones por ese concepto.

La UNA defiende ese sobresueldo interpretando que el cargo de rector debe estar incluido en la lista que permite la Leyde Enriquecimiento Ilícito.

 

Cesantías

Una investigación de CRHoy reveló que esta casa de enseñanza había pagado un total de ₡2.807 millones en cesantías a catedráticos y funcionarios con puestos de jerarquía que se jubilaron entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de octubre pasado.

En total fueron 46 las personas que recibieron como beneficio el cálculo de la cesantía con el tope máximo establecido por esa casa de enseñanza, de 20 años.

Este tope tan elevado fue declarado ilegal por la Sala Constitucional, que en junio pasado determinó que el máximo permitido para la Administración Pública es de 12 años. Más de eso es considerado abusivo e inconstitucional.

 

Universidad Técnica Nacional

Plus de prohibición

De la misma forma en que Salóm en la UNA ha venido recibiendo el sobresueldo por prohibición, en la Universidad Técnica Nacional (UTN)  su rector Marcelo Prieto y sus vicerrectores, han venido recibiendo el mismo plus.

Así lo denunció este diciembre CRHoy.

Prieto justificó el pago también en la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito y además calificó de ignorancia el hecho de cuestionar estos pagos, por considerarlos apegados a la legalidad.

El legislador Jorge Fonseca, señaló que estudiaría el caso para eventualmente ampliar la denuncia presentada ante la Contraloría.

 

Universidad de Costa Rica

 

Inversiones

La Universidad de Costa Rica (UCR), cuyo rector Henning Jensen se opuso a la reforma fiscal y cuyo Consejo Universitario solicitó a la Asamblea no aprobar el proyecto en segundo debate, no solo recibe miles de millones de colones del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES), sino que también recibe ¢7 mil millones más de otras instituciones públicas.

En medio de ello, el centro educativo incurrió en algunas obras suntuosas, como por ejemplo una acera con arena y sillas de playa.

El proyecto establecía que el ganador del concurso debía ofrecer además, un barniz especial lavable para evitar la fijación de grafiti, pisos de porcelanato, arena de playa y sillas de playa; todo por un monto de 275 millones de colones.

 

Cesantías

Los pluses e incentivos que reparte esta y las demás casas de enseñanza serían parte de la investigación que desarrolle la comisión legislativa. Entre ellas hay varias importantes.

Por ejemplo el exvicerrector de Acción Social de la Universidad de Costa Rica (UCR) Roberto Salom Echeverría, es el exfuncionario de esa casa de enseñanza que más millones ha cobrado por concepto de cesantía desde 2015 a la fecha: un total de ₡70.316.625.

Salom, hermano del actual rector de la Universidad Nacional, Alberto Salom, es además uno de los notables nombrado por el actual gobierno de Carlos Alvarado para analizar posibles reformas del Estado. También es uno de los denominados pensionados de lujo, con una jubilación equivalente a ₡10,2 millones mensuales bajo el régimen del Magisterio Nacional.

El funcionario gozó del tope máximo de cesantía en la entidad.

 

UNED

Cesantía autoaprobada

No solo adelantó la fecha de su jubilación en medio de la discusión del plan fiscal (proyecto que prohibió a pagar funcionarios cesantías mayores a 12 años) sino que su acta de pago se efectuó con su propia firma el día previo antes de que se fuera. Así, la Universidad Estatal a Distancia (UNED) avaló el pago de 92 millones de colones de cesantía en favor del anterior rector Luis Guillermo Carpio Malavassi.

El proceso para este pago se produjo después de al menos tres meses de discusiones y polémicas, en donde se vieron envueltos los departamentos de Recursos Humanos, Departamento Legal y el Consejo Universitario.

La UNED nunca tomó en cuenta un dictamen de 2010 de la Procuraduría General de la República sobre el personal al que se le podía pagar cesantía en caso de renuncia y jubilación, y cuando fue momento de decidir sobre el caso del rector, el Departamento Legal decidió recomendar mejor no elevar el caso nuevamente a la Procuraduría y resolver por su propia cuenta, de forma favorable a Carpio.

 

Carro discrecional

Un informe de la Contraloría General de la República recriminó el accionar de la UNED en torno al uso de un carro discrecional asignado a la Rectoría, esto debido a que la casa de enseñanza "interpretó" de manera "antojadiza la Ley de Tránsito para validar su utilización.

A raíz de ello, la Contraloría dispuso que la UNED debía desinscribir el carro e integrarlo a la flotilla normal de la Universidad, sin los beneficios de disponibilidad, combustibles y discrecionalidad que poseía previamente.

Este mismo tema se hizo extendible al resto de universidades.

TEC

Contra Sala IV

A pesar de que en junio la Sala Constitucional determinó que las cesantías mayores a 12 años sin irrazonables y desproporcionales, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) decidió contradecir directamente esta posición y consideró que el pago de este beneficio por hasta 18 años – en su caso- no es irrazonable ni desproporcionado.

Así consta en la respuesta que emitió esa casa de enseñanza ante los magistrados, consultada a raíz de una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el exdiputado Otto Guevara a la que se le dio curso el pasado 19 de octubre.

De acuerdo con el TEC, aplicar un cálculo de hasta 18 años de trabajo para pagar la cesantía no contrapone los principios de razonabilidad ni proporcionalidad, ya que este pago corresponde a un acuerdo existente entre patrono y trabajadores.

31 exfuncionarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) se repartieron un total de ₡879.477.221en poco menos de diez meses, desde el 1 de enero de este año al 16 de octubre pasado.