Universidades privadas tendrían que acreditar todas sus carreras
Planes de estudio deberían actualizarse cada 5 años
El proyecto de ley fue presentado por las diputadas Yorleni León y Patricia Villegas. (Cortesía).
(CRHoy.com) -Las diputadas Yorleni León, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN), presentaron este jueves un proyecto de ley para obligar a las universidades privadas a acreditar todas sus carreras.
La iniciativa -que consiste en una reforma a la Ley del Consejo Nacional de la Enseñanza Superior Privada (Conesup)- tiene como objetivos contribuir con la mejora en la calidad de la enseñanza superior, la defensa de los intereses de los estudiantes y la competitividad del país.
Según el texto, las universidades privadas estarían obligadas a acreditar todos los programas y carreras que imparten. Actualmente, esto es voluntario.
También establece un plazo de 5 años para que las universidades privadas que imparten las carreras de medicina, derecho, arquitectura, ingenierías y educación completen ese proceso, mientras que para el resto de carreras el periodo sería de 10 años.
Los planes de estudio, además, tendrían que actualizarse cada 5 años. Según datos del Estado de la Educación, las aprobaciones y modificaciones de los planes de estudio han tenido una tendencia a decrecer.
En más de 15 años de existencia del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes), el número de carreras acreditadas es menos del 7% del total de programas de formación existentes en el país y apenas un 29% de las universidades cuenta con carreras acreditadas.
De los 1.534 programas académicos vigentes, un 83% tiene más de 5 años sin actualizarse, el 60% corresponde a las universidades privadas que no han gestionado cambios en más de 10 años.
El proyecto establece el debido proceso para aquellos casos en los cuales las universidades privadas realicen reclamos, incorpora sanciones que van desde la amonestación por escrito, la suspensión temporal de la matrícula de estudiantes de primer ingreso a las carreras donde se hayan comprobado irregularidades, y el cierre temporal o definitivo del plan de estudios.
Las legisladoras consideran vital que se avance en una normativa que respalde el esfuerzo, la inversión y años de vida que realizan los estudiantes y sus familias para profesionalizarse.
