Una utopía recaudatoria: Los impuestos al seguro y sus efectos no deseados
Lejos de fortalecer las finanzas públicas, los nuevos impuestos a las primas de seguros en Costa Rica podrían profundizar desigualdades, reducir coberturas y debilitar el sistema de protección social.
El espejismo de una solución fiscal
En tiempos de estrechez fiscal, es comprensible que el Estado busque nuevas fuentes de financiamiento. Sin embargo, no toda fuente de ingresos es buena, y mucho menos cuando el remedio termina siendo peor que la enfermedad.
Este es el caso de la propuesta legislativa de imponer nuevos impuestos sobre las primas de seguros. A pesar de su aparente lógica recaudatoria, el gravamen afectaría negativamente el acceso a la protección financiera y deterioraría el bienestar colectivo.
En un país donde la cultura aseguradora aún es incipiente y la penetración de seguros es baja —apenas un 2,7% del PIB, comparado con más del 5% en países desarrollados— encarecer estos productos es un desincentivo en la dirección opuesta a la que necesitamos seguir.
Lejos de ampliar coberturas y reducir la vulnerabilidad financiera de los hogares, el impuesto podría restringir el acceso a seguros de salud, vida y vivienda, especialmente entre los sectores medios y bajos.
Un impuesto que no corrige, sino que distorsiona
Uno de los efectos indirectos más preocupantes es el desplazamiento de personas del sistema privado al sistema público de salud. Esto no solo tensa aún más una infraestructura ya sobrecargada, sino que amenaza su sostenibilidad a largo plazo. Es un efecto dominó: más impuestos, menos seguros privados, más presión sobre lo público, y menos bienestar general.
Desde la teoría económica, los impuestos deben aplicarse donde existan fallas de mercado: externalidades negativas, bienes públicos, o asimetrías de información. Pero en el caso del mercado de seguros no se identifican tales fallas estructurales. Por el contrario, es un mercado funcional.
El nuevo gravamen introduce distorsiones innecesarias, generando pérdidas de eficiencia y reduciendo el número de transacciones mutuamente beneficiosas que podrían haberse concretado.
¿Quién paga realmente?
El estudio realizado revela que el 61% del peso del nuevo impuesto lo asumirían los consumidores. La pérdida de bienestar para los asegurados rondaría los ₡10.854 millones, mientras el Estado lograría recaudar aproximadamente ₡17.500 millones.
En resumen: una ganancia fiscal parcial que viene acompañada de pérdidas sociales y económicas más amplias. Una vez más, lo que se gana con una mano se pierde con la otra.
Costa Rica ya se encuentra entre los países de América Latina con mayor carga tributaria sobre las primas de seguros. Gravar aún más un sector estratégico —que protege patrimonios, promueve inversión y mitiga riesgos— es contraproducente.
Más que una solución fiscal estructural, estos impuestos parecen una utopía recaudatoria: una medida que promete ingresos rápidos, pero que erosiona la estabilidad del sistema asegurador y debilita pilares fundamentales del desarrollo.
Recomendaciones para una política fiscal más sensata
Para proteger el acceso a los seguros y preservar la eficiencia del mercado, propongo seis líneas de acción claras:
- Tratar los seguros como bienes esenciales, no como artículos de lujo. Gravar las primas como si fueran productos suntuarios margina a quienes más los necesitan.
- Evitar intervenir mercados que funcionan bien. Si no hay fallas estructurales, el impuesto solo crea ineficiencia.
- Anticipar efectos indirectos. Gravar seguros de salud puede saturar aún más al sistema público.
- Cerrar brechas de acceso. Este impuesto profundiza la baja penetración de seguros en sectores vulnerables.
- Buscar fuentes alternativas. Existen mecanismos de recaudación menos distorsivos, como eliminar exoneraciones regresivas o mejorar la administración tributaria.
- Incentivar, no castigar, el aseguramiento. Una mayor cobertura fortalece la red de protección social y reduce la presión fiscal futura.
La sostenibilidad fiscal no puede lograrse a costa de la protección social. El impuesto a las primas de seguros es una medida regresiva, distorsiva y contraproducente. Si de verdad queremos construir una Costa Rica más estable y resiliente, necesitamos políticas que fortalezcan, no que debiliten, los mecanismos de protección financiera de la población.
