Una alternativa realista para financiar la protección forestal y el transporte eléctrico
Desde hace más de 25 años, Costa Rica ha liderado iniciativas innovadoras para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En 1997, fue el primer país del mundo en vender bonos de carbono en el ámbito internacional, en una transacción con Noruega. Poco después, implementó el Programa de Servicios Ambientales (PSA), financiado en parte con un impuesto a los combustibles fósiles, para recompensar a quienes conservan y restauran los bosques.
En años recientes, el país ha consolidado su liderazgo climático al recibir pagos internacionales por resultados: $54 millones del Fondo Verde para el Clima (GCF) y $60 millones del Banco Mundial, a cambio de reducciones verificadas de emisiones gracias a la protección forestal. Estos fondos no solo validan los esfuerzos del país, sino que también abren la puerta a financiar nuevas prioridades, como la electrificación del transporte y la transformación del sector agropecuario.
Pero este modelo enfrenta un desafío: la creciente adopción de vehículos eléctricos está reduciendo el consumo de combustibles fósiles, lo cual disminuye los ingresos de RECOPE y, con ello, del impuesto que nutre al PSA. Paradójicamente, mientras Costa Rica avanza hacia una economía más limpia —con un sistema eléctrico renovable liderado por el ICE— pierde parte del financiamiento que hizo posible esa transformación.
En este nuevo escenario, los mercados internacionales de carbono ofrecen una vía concreta y estratégica para atraer recursos. Por eso, es clave que el Programa de Cooperación Ambiental entre Centroamérica y la Unión Europea aproveche el reciente anuncio de Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea, quien expresó la intención de adquirir créditos de carbono de países con alta integridad ambiental. Costa Rica está bien posicionada para aprovechar esta oportunidad.
