UEI a la orden de Chaves: de cuerpo táctico antinarco a brazo investigativo presidencial

El encargo de investigar un caso de espionaje por parte de un oficial de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) a un diputado oficialista confirma las potestades de investigación que el mandatario Rodrigo Chaves confirió a la Unidad Especial de Intervención (UEI), pese a que la ley no otorga ese tipo de facultades al grupo táctico.

Tal como reveló CR Hoy este domingo, la UEI fue designada para investigar a Hans Sequeira Cole, exdirector y aún una de las figuras de peso de la DIS, órgano de inteligencia adscrito al Ministerio de la Presidencia.

Las indagaciones giran en torno a la denuncia del congresista Manuel Morales Díaz sobre la colocación de un rastreador GPS y supuestos seguimientos a él y a una persona cercana.

Pero según la Ley General de Policía N.° 7410, este grupo táctico solo está autorizado a proteger a los miembros de los Supremos Poderes y a dignatarios que visiten el país, así como a intervenir en operativos de alto riesgo contra el terrorismo, el narcotráfico o la desactivación de explosivos.

La Unidad está comandada por el agente Jeffrey Cerdas Lobo (en la foto principal), quien a su vez es el jefe de seguridad presidencial.

En noviembre del año anterior, el mandatario avaló un decreto con el fin de conferir nuevas facultades a la UEI, entre ellas la planificación de allanamientos, a pesar de que tales funciones no estaban previamente contempladas en la legislación, una norma superior.

El decreto N.° 44637-MP, firmado por Chaves Robles y su entonces ministra de la Presidencia, Laura Fernández Delgado, modificó el reglamento de la UEI, abriendo el portillo para alterar sus funciones originales.

Entre las nuevas labores, bajo la figura del Departamento de Operaciones, el decreto menciona allanamientos; vigilancias especiales; operaciones encubiertas y de montaña; atención de situaciones de violencia y fuga de reos; búsqueda y rescate de rehenes; persecuciones espontáneas que generen alto grado de violencia; búsqueda y rescate en caso de conmoción pública.

Ese Departamento de Operaciones está conformado por oficinas como Armería, Explosivos, Comunicaciones, Transportes, Materiales Radioactivos, Inteligencia Táctica, Oficina Canina, Anfibios, Tiradores de Alta Precisión (TAP o francotiradores), Operadores Tácticos, Capacitación, Tecnologías de la Información, y se abre la posibilidad de crear “cualquier otra que se requiera para su debido funcionamiento”.

Plan orquestado

El plan del Gobierno para dar nuevas potestades a la UEI inició mucho antes. Para esta reforma en apariencia también contó con la aparente complicidad de otro jerarca: Gerald Campos Valverde, titular de Justicia y ex subdirector de la policía judicial.

El propio decreto señala que mediante un oficio del 1.° de noviembre de 2023, el Ministerio de Justicia y Paz, con Campos a la cabeza, avaló mediante un informe técnico para la reorganización administrativa de ese grupo, solicitado por el despacho de la ministra de la Presidencia el 27 de octubre previo.

Posteriormente, se aprobó mediante un oficio del Ministerio de Planificación del 12 de diciembre, una reorganización interna parcial de la Unidad Especial.

El decreto también obliga a los funcionarios del Departamento de Operaciones a acatar y ejecutar directrices (y órdenes) giradas por el propio presidente de la República, según lo establece el artículo 9 del reglamento que rige sus competencias.

Además, según ese mismo artículo, esta oficina deberá “atender y resolver las solicitudes y consultas técnico-tácticas y administrativas” que presenten el mandatario, el jerarca del Ministerio de la Presidencia o las demás jerarquías de la UEI.

El Departamento de Operaciones tiene como funciones planificar, supervisar y participar en operativos policiales de alto riesgo, en los que se requiera la intervención de la UEI.

Sin embargo, la planificación o iniciativa de allanamientos no ha sido históricamente una función de esta unidad. La UEI sí participa con frecuencia en acciones operativas del OIJ, pero únicamente como refuerzo del Sistema Especial de Respuesta Táctica (SERT).

La planificación y ejecución de allanamientos ha sido siempre una potestad del OIJ o de otros cuerpos policiales como la Policía de Control de Drogas (PCD) o la Policía Profesional de Migración (PPM).

Nombramiento de director y rangos policiales

En el decreto, Chaves abrió la posibilidad de otorgarle el rango policial que desee al actual director, Jeffrey Cerdas Lobo.

El funcionario fue nombrado el 27 de julio de 2022, sin cumplir con los requisitos que exige la ley para liderar el grupo policial de Casa Presidencial.

Según el currículum que presentó a Casa Presidencial, no contaba con el rango de comisionado o comandante requerido para ser director de la UEI.

El decreto publicado en el diario oficial La Gaceta el año pasado, expone que el presidente tiene la potestad de otorgar estos títulos de forma discrecional, por lo que no tendría inconveniente en asignarle el grado necesario para cumplir con los atestados del puesto.

El Capítulo I del nuevo reglamento —que elimina el estatuto vigente desde el 27 de julio de 2005— otorga a Chaves la facultad de conceder rangos, algo que antes solo podía hacer el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

El reglamento establece varios requisitos para otorgar los rangos de capitán, comisario, comisionado y comandante en la UEI. No obstante, introduce una llamativa excepción que faculta a Chaves para aprobar ascensos:

"En todo caso el Presidente de la República y el Ministro de la Presidencia de manera discrecional podrán otorgar el rango policial correspondiente vía Acuerdo Ejecutivo según la urgencia y la necesidad que posea la institución, en aras de garantizar la continuidad del servicio público", dice el decreto.

En el manual descriptivo de puestos se menciona que la UEI estará integrada por diversos estratos y clases ocupacionales, conforme al Reglamento sobre Grados Policiales de la DIS.

Para ocupar los cargos se deberá pasar por concursos internos propuestos por Recursos Humanos y avalados por el Consejo de Personal, que también será responsable de los ascensos de categoría.

En caso de aspirar a las máximas plazas —como la dirección, jefatura de Operaciones o el cargo de encargado de Protección Presidencial—, los postulantes deberán figurar en una lista de elegibles y contar con al menos el grado de comisionado (para dirección) o de comandante (para los demás cargos).

Es ahí donde cobra relevancia la discrecionalidad en el otorgamiento de rangos: Chaves podría nombrar a quien considere pertinente, con lo cual bastaría para incluirlo en la lista de elegibles. El reglamento incluso abre la puerta para que el mandatario designe directamente al ocupante del cargo.

Aunque se trata de un puesto de confianza, la Procuraduría General de la República (PGR), con base en la Ley General de Policía, establece que los cargos de director y subdirector de cuerpos policiales deben ser ocupados por personas con los grados mínimos que Cerdas no ostentaba al ser designado.

Los dictámenes C-239-2014 y C-171-2021 de la PGR, emitidos en respuesta a consultas previas, reiteran que es obligatorio contar con los rangos de comisionado o comandante para dirigir la UEI.

El currículum de Cerdas confirma que posee formación académica en terapia física (2016-2018), además de certificaciones como entrenador personal en hipertrofia muscular, nutrición deportiva y entrenamiento funcional.

Aunque cuenta con más de 20 años en la UEI y al menos 15 cursos vinculados al cargo, su perfil no se ajusta a los parámetros que la PGR considera indispensables. Aun así, si Chaves considera pertinente elevarlo en el escalafón, puede hacerlo amparado en las reglas que él mismo aprobó.

"El director y el subdirector, Jefe de Operaciones y el Jefe o encargado del Cuerpo de Protección Presidencial de la Unidad Especial de Intervención serán de libre nombramiento y remoción por el Presidente de la República, únicamente con sujeción a la pertenencia al escalafón de oficiales superiores creado por este decreto ejecutivo", cita el documento oficial.

Quienes no sean beneficiarios de esa discrecionalidad deberán contar con tres años de antigüedad como comisionados, calificación mínima de “muy bueno” en la evaluación anual, y aprobar un curso de comisario impartido por la Escuela Nacional de Policía con un mínimo de noventa horas lectivas para poder aspirar a altos mandos dentro de la UEI.

Espionaje político y uso indebido

CR Hoy dio a conocer el pasado 16 de octubre que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) investiga una denuncia sobre la supuesta creación de una estructura paralela de “espionaje político”, dedicada a seguir ilegalmente a políticos y funcionarios considerados adversarios de Rodrigo Chaves.

A este caso se le asignó el expediente 24-000761-0619-PE y, de momento, se tramita contra ignorado, según confirmó el Ministerio Público a este medio.

En la denuncia se expone que “desde hace más de un año está operando una estructura paralela a la de Seguridad Pública y la de la DIS”, cuya misión sería “obtener información sobre personas o grupos que eventualmente ataquen o investiguen al presidente y a sus ministros”.

El documento señala que esta unidad realiza “investigaciones irregulares para atacar a enemigos políticos de Chaves, principalmente diputados, magistrados, jueces y otros funcionarios del Poder Judicial”, sin que existan indicios de delito, más allá de ser opositores ideológicos del mandatario.

También se indica que dos personas de “alto nivel”, que operan bajo órdenes directas del presidente, son quienes dirigen cada operación, sin tomar en cuenta a los mandos medios del MSP o de la DIS, encargados legalmente de las labores de inteligencia.

Según la denuncia, los vehículos utilizados en estas operaciones no pertenecen al Ministerio de la Presidencia, sino que al menos cinco fueron tomados ilegalmente del Ministerio de Seguridad y varios oficiales de esa cartera estarían siendo investigados administrativamente por esas acciones irregulares.

Además, se afirma que entre 12 y 13 funcionarios fueron reubicados de forma irregular desde la planilla de Seguridad Pública y asignados a estas labores, pese a que podrían estar incurriendo en delitos por espiar ilegalmente a personas sin antecedentes criminales.

Otro episodio polémico en el que se vio involucrada la UEI ocurrió en enero de 2024, cuando Marta Esquivel Rodríguez —entonces presidenta ejecutiva suspendida de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y actual ministra de Planificación— utilizó escoltas de la UEI durante una visita a la Asamblea Legislativa, donde participó en una audiencia ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público.

En lugar de simplemente anunciar que Esquivel no atendería a la prensa, los escoltas arremetieron injustificada y sorpresivamente con empujones y contactos físicos contra periodistas, intentando alejarlos de la jerarca.

Natalia Díaz, entonces ministra de la Presidencia y hoy aspirante presidencial, justificó la escolta alegando “razones técnicas de seguridad” confidenciales.

El director Jeffrey Cerdas explicó en un oficio que la escolta fue asignada para proteger a Esquivel del “asedio de periodistas”. Según indicó, la solicitud fue hecha por la propia funcionaria tras alegar inconvenientes con la prensa en una visita anterior.

A esto se suma que, durante varias semanas, la UEI se negó a asistir a operativos del OIJ contra el narcotráfico y el crimen organizado, una de sus razones de existir según lo establece la ley.

Esta resistencia se habría dado entre septiembre de 2024 e inicios de 2025, según confirmó Randall Zúñiga, director del Organismo.

"Después de varias veces que nos dieron que no, dejamos de tomarlos en cuenta", dijo Zúñiga ante la Asamblea Legislativa.

Según el jerarca, en los últimos dos años el OIJ ha realizado más de 7.000 allanamientos, de los cuales solo en 66 se contó con apoyo de la UEI. Tras darlo a conocer a la luz pública, la colaboración se reanudó.

Pese a estas polémicas, el Ministerio de Seguridad no abrió ninguna investigación administrativa para determinar si hubo irregularidades por parte de funcionarios de la UEI.

Esto, a pesar de que los datos del propio MSP indican que, entre mayo de 2022 y noviembre de 2024, se reubicaron 87 oficiales de la Fuerza Pública en Casa Presidencial en calidad de préstamo: 2 en la UEI y 85 en la Unidad de Protección Presidencial (UPP). Cualquier anomalía en su labor debería ser investigada por el MSP.

Investigación conducida por DIS

Durante el gobierno de Rodrigo Chaves, Hans Sequeira Cole ha ocupado los cargos de director tanto en la UEI como en la DIS. Este funcionario enfrenta desde hace 14 meses un proceso interno por supuestas labores de vigilancia contra el diputado Manuel Morales Díaz y su entorno.

Este medio dio a conocer esta situación el pasado 18 de junio, que Sequeira es el funcionario bajo investigación, ratificado así por el propio mandatario—a quien también responde la DIS por línea de mando—.

CR Hoy accedió a información que confirma que fue la UEI la que asumió las indagaciones para eventualmente someter a Sequeira a un proceso disciplinario o determinar si incurrió en actos de espionaje.

Un informante indicó que la DIS no llevó a cabo la investigación internamente para evitar conflictos de interés, dado que Sequeira ha sido jerarca y empleado de esa institución por décadas, pese a que también lideró la UEI.

Aunque no se precisó quién ordenó que la UEI asumiera la investigación, esa instrucción solo pudo haber provenido del Rodrigo Chaves, ya que únicamente él tiene la facultad de autorizar operativos de esa unidad, de acuerdo con la legislación vigente.

El artículo 20 de la Ley General de Policía establece que es el presidente quien debe autorizar, previa y expresamente, la participación de los miembros de la UEI en cualquier intervención. Además, señala que la actuación de esta unidad debe ser restringida y excepcional, reservada para situaciones de extremo peligro para la vida humana o para la protección de bienes estratégicos.

En lugar de presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público o el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Gobierno optó por designar a la UEI para investigar, al margen de lo que indica la ley mencionada.

El diputado Morales relató en entrevista reciente, que cuando presentó una queja ante la DIS por la presunta colocación de un rastreador GPS en el vehículo de una allegada, le indicaron que investigarían el caso internamente, de manera confidencial, y le pidieron no hacerlo público.

Por esta razón, no presentó una denuncia judicial. Sin embargo, más de un año después, no había recibido notificación alguna sobre el caso.

El tema estalló el pasado 4 de junio durante una sesión de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, cuando Morales asistió a una audiencia en la que estaba citado Hans Sequeira.

El legislador tomó la palabra, recordó el caso públicamente y le preguntó a Sequeira si la DIS estaba persiguiendo a diputados o personas cercanas a ellos. El funcionario respondió evasivamente:

"Señor diputado, no sé a qué se refiere, no sé qué me está diciendo", replicó el oficial.

Morales insistió, visiblemente molesto, y preguntó si la DIS intimida a legisladores.

"No tengo por qué contestar, no sé. Yo no soy convocado a esto, señor. Totalmente no, no sé a qué se refiere", insistió Sequeira, negando que se persigan diputados.

Días después, Morales emitió un comunicado en el que aseguró que un oficial de la DIS colocó un rastreador en el vehículo de una persona cercana a él. No especificó la identidad del funcionario ni de la persona afectada.

Una fuente interna indicó que, tras la denuncia privada del diputado en abril de 2024, se abrió un expediente y se remitió al Consejo de Personal del Ministerio de la Presidencia, ya que la DIS está adscrita a esa cartera.

La misma fuente señaló que, ante la inacción del proceso y la presencia de Sequeira en la comparecencia legislativa, Morales al parecer aprovechó la sesión para evidenciar públicamente los hechos.

También se valoró la posibilidad de remitir los hallazgos al Ministerio Público para determinar si existen responsabilidades penales y si el exdirector de la DIS debe enfrentar un proceso judicial.

No obstante, Casa Presidencial no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema, pese a las consultas enviadas al mandatario. Hace dos semanas, Rodrigo Chaves se limitó a declarar:

"Son temas personales, hasta donde yo sé, entre el diputado Morales y un funcionario de la DIS. Ahí hay un tema entre ellos dos, y una tercera persona que al ser temas absolutamente privados del ámbito íntimo, yo no me voy a referir.

Don Manuel y don Hans Sequeira se tienen un tema personal entre ellos, como diría mi tata, dos gallos picándose la cresta", puntualizó Chaves durante su programa televisivo del 18 de junio, negando que fueran persecusiones por motivaciones políticas.

El rastreador fue detectado en mayo de 2023 y ha sido objeto de investigación desde entonces. Actualmente permanece en poder del diputado. El dispositivo GPS tenía escrito el número 13, lo que hace presumir la existencia de otros aparatos similares utilizados para seguimientos.

La allegada de Morales manifestó temor ante el posible espionaje y el acoso recibido. A esto se suman denuncias de otros diputados. Congresistas del Frente Amplio, Nueva República, el PLP y Liberación Nacional han reportado que están siendo seguidos o fotografiados, según causas judiciales en curso.

Aunque este medio insistió, el diputado Morales se negó a confirmar el nombre del oficial involucrado. Sin embargo, aseguró que su allegada ha sufrido acoso por parte del funcionario investigado. Morales sí expresó su molestia directamente contra Hans Sequeira Cole:

"Hay una investigación y no quiero dar nombre de nada. Es un oficial de la DIS. Pero si es él, si es otro, si son varios… es que no sé. Que investiguen a quién están contratando en la DIS, porque esa persona hoy hostigadora, acosadora e intimidadora trabaja todavía en la DIS.

Pero yo le hice la pregunta a la DIS. Él tuvo que haber respondido como DIS y no lo dejó claro. La pregunta era muy fácil: ¿persiguen a diputados o allegados? Lo dudó tres veces y nunca pudo decir certeramente que no.

Mejor hubieran llevado a otra persona que hubiera respondido bien. Para él jactarse de que tiene 25 años de estar en la DIS, ¿cómo no tuvo la seguridad y certeza de decir que no persiguen gente? No lo dijo, dudó", respondió el diputado días atrás", dijo a este medio.

La situación escaló al punto de que los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público abrieron una investigación sobre supuestos seguimientos.