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TSE: PAC no puede pagar condena con deuda política

"Condenas penales no pueden ser objeto de deducciones de las reservas", dijo

Por Alexánder Ramírez | 8 de Ago. 2019 | 3:49 pm

El magistrado Luis Antonio Sobrado, presidente del TSE, compareció ante la comisión especial del Congreso que investiga el financiamiento de tres campañas del PAC. (CRH)

(CRHoy.com)- El Partido Acción Ciudadana (PAC) no puede pagar la condena penal que recibió en 2016 por tratar de estafar al Estado con recursos de la deuda política.

Así lo aseguró esta noche el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Luis Antonio Sobrado, en una comparecencia en la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga el financiamiento de las campañas políticas de la agrupación del 2002, 2006 y 2010, tras una pregunta que le formuló el diputado Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

"Las condenas penales no pueden ser objeto de deducciones de las reservas", manifestó Sobrado.

En junio anterior, el presidente interino del partido, Alfredo Chavarría, dijo que una de las opciones que baraja la agrupación era utilizar parte de la reserva para cancelar la condena impuesta en 2016 por pretender cobrar de forma inadecuada deuda política al Estado durante la campaña electoral del excandidato presidencial Ottón Solís en 2010.

En diciembre del año pasado, el Tribunal de Apelación aumentó de ¢353 millones a ¢516 millones la condena impuesta a la agrupación política.

En la comparecencia, Sobrado evitó referirse a manifestaciones que hizo Solís según las cuales el mecanismo de financiamiento (una estructura fraudulenta de contratos de servicios profesionales) en 2010, también se utilizó en los procesos electorales anteriores.

"Por mi rol de juez electoral es impropio hacer una valoración de eso", le dijo a la diputada Franggi Nicolas, del Partido Liberación Nacional (PLN).

La comisión aprobó, por mayoría, una moción para solicitarle al Comité Ejecutivo Superior del PAC su anuencia a renunciar al derecho de prescripción en caso de que se abra una investigación penal, administrativa o civil sobre la liquidación de gastos de las campañas de 2002 y 2006.

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