TSE ordena a partido chavista explicar quien pagó vallas donde aparecen Pilar Cisneros y exministros
Imagen muestra a figuras cercanas al chavismo y es considerada propaganda fuera de periodo electoral
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le requirió al Partido Pueblo Soberano (PSO) rendir cuentas sobre cómo se financiaron una serie de vallas publicitarias en las cuales se muestra una fotografía con varias figuras cercanas al mandatario Rodrigo Chaves Robles.
El partido chavista debe explicar de dónde provienen los fondos para dicha propaganda, debido a que se está emitiendo en periodo no electoral y además la agrupación política no reportó gastos en el informe del último trimestre de 2024.
Tras una consulta de prensa, el TSE informó que a finales de marzo se le dio 5 días hábiles al tesorero del partido Raúl Zamora, para que respondiera.
El TSE le ordenó a Pueblo Soberano aportar una descripción del origen de los recursos mediante los que fueron financiadas las erogaciones (contribuciones, créditos o ingresos) y una copia del estado de cuenta en el que se visualice su respectivo débito originario y las salidas o pagos a los diferentes proveedores.
También solicitaron una copia de los contratos o facturas asociadas con el respectivo gasto u otros documentos que permitan una interpretación adecuada de las operaciones.
Las vallas cuestionadas
La fotografía desplegada en las vallas fue tomada el 18 de marzo, día en que Rodrigo Chaves convocó y participó en una pequeña marcha contra el fiscal general de la República, Carlo Díaz, para "exigir" su renuncia.
Ese día también participó la diputada oficialista Pilar Cisneros Gallo, quien no ha renunciado al Partido Progreso Social Democrático (PPSD) que llevó a Chaves al poder, pero del cual se ha pretendido desvincular.
También aparecen Daniel Vargas y Manuel Morales, legisladores con la misma condición. En la imagen posaron los jerarcas que han renunciado al Poder Ejecutivo este año, pero que mantienen cercanía al gobierno chavista o aspiraciones políticas.
Tal es el caso de Laura Fernández, exjerarca de Presidencia y de Planificación, Anna Katharina Müller de Educación, Francisco Gamboa de Economía, el expresidente del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) Osvaldo Artavia, el exministro del Deporte Royner Mora y Mauricio Batalla, exministro de Obras Públicas y Transportes del cual ahora el movimiento oficialista ha querido desligarse, luego de que se revelara que pagó ₡3 millones como parte de un acuerdo a una víctima con el fin de evitar un juicio por tres aparentes abusos sexuales que cometió contra una exempleada suya.
En la foto también apareció Mayuli del Carmen Ortega Guzmán, una mujer conocida por su rol como funcionaria de Casa Presidencial en Costa Rica con un salario bajo, así como presidenta del Partido Pueblo Soberano (PPS), una agrupación política que busca dar continuidad al "rodriguismo" o chavismo.
Durante la campaña electoral que llevó a Chaves al poder, Ortega desempeñó el cargo de subdirectora general y fue secretaria del empresario Calixto Chaves, un cercano colaborador y financista del entonces candidato.
En enero de 2023, Ortega estuvo involucrada en una controversia cuando Alberto Vargas Zúñiga, conocido por manejar la cuenta del trol "Piero Calandrelli", afirmó que ella le pagó ₡100.000 por publicaciones a favor del gobierno y del PPS. Ortega negó estas acusaciones, alegando que el pago fue un favor para una amiga, sin ofrecer más detalles.
Además, afrontó acusaciones por aparentemente presentar un documento de identidad para aspirar a un puesto político, lo que desencadenó en causas penales en México.
El mensaje de la valla da el mensaje de "lo que se mira, no se pregunta", en un contexto en el cual existe una nebulosa sobre cuál será el posible partido que pretenda darle continuidad al actual gobierno de Chaves.
Como parte de las labores encomendadas por la ley, el Departamento de Financiamiento de Partidos fiscaliza las actuaciones y procedimientos realizados por las agrupaciones políticas se ajusten a las disposiciones técnicas y el marco normativo vigente.
De esa forma, pueden advertir a las instancias competentes, los incumplimientos o infracciones tipificados como delito o falta electoral.
Como parte de la fiscalización que hacen, se desarrollan labores de monitoreo permanente que se intensifica durante los procesos electorales, particularmente con el monitoreo de medios de comunicación. Justamente fue a gracias a una publicación hecha por un medio afín al gobierno, que se abrieron las indagaciones.
