TSE enviará este mes a Fiscalía informe sobre investigación contra el PAC
Supporters of Costa Rican presidential candidate Welmer Ramos, of Acción Ciudadana party, attend a campaing rally in San Jose, on February 4, 2022. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó que el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) culminó el proceso de investigación que se había abierto contra el Partido Acción Ciudadana (PAC) por la posible comisión de un delito electoral relacionado con el manejo de fondos para el financiamiento de la campaña presidencial de 2022.
Esta sería la última etapa del proceso antes de que se elabore un informe en esa unidad, el cual será remitido a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), a solicitud de ese despacho judicial.
CR Hoy reveló, en enero de 2024, la presunta compra irregular de cuatro bonos de deuda política por parte del militante Rogis Bermúdez Cascante, ex candidato a diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), utilizando fondos provenientes de ahorros de policías y funcionarios del gobierno.
El exmiembro del gabinete de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022) recibió, por parte de la Asociación Solidarista de Empleados del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública (Asegosep), un monto de ¢18 millones para la compra de los certificados de sesión de contribución estatal, serie B.
Dicha investigación se inició a raíz de las publicaciones hechas por este medio, en las que se expuso la adquisición de los bonos para las elecciones nacionales de 2022 por parte del PAC, empleando recursos provenientes de una persona jurídica: en este caso, Asegosep.
Según el artículo 274 del Código Electoral, que establece las reglas sobre las contribuciones privadas, a quien incumpla esta normativa se le puede sancionar con una pena de dos a cuatro años de prisión:
a) A quien, en nombre y por cuenta de una persona jurídica nacional o extranjera, o de una persona física extranjera, contribuya, done o realice aportes, en dinero o en especie, a favor de un partido político.
Esta institución había indicado, en una primera consulta sobre el tema, que las personas jurídicas no tienen derecho a ejecutar este tipo de compras, según lo dispuesto por la Sala Constitucional hace 11 años.
"Las asociaciones solidaristas no pueden comprar certificados de sesión de la contribución estatal a los partidos políticos (conocidos como bonos) porque son personas jurídicas y, de acuerdo con la sentencia de la Sala Constitucional n.° 15.343 del año 2013, los bonos sólo pueden ser adquiridos por personas físicas nacionales, bancos del Sistema Bancario Nacional y medios de comunicación colectiva; las asociaciones al no ser ningún tipo de esas 3 personas, no están facultadas para hacerlo", respondió Sandra Mora, directora ejecutiva del TSE.
El Tribunal confirmó, ante consulta de CR Hoy, que han tenido contratiempos para culminar el informe final del caso, el cual tenían previsto cerrar entre abril y mayo de este año. Sin embargo, esperan que durante este mes logren finalizar esa etapa para remitirlo al Ministerio Público, con el objetivo de que el proceso avance por la vía penal.
"En atención a su consulta periodística relativa al estado de la investigación administrativa preliminar seguida bajo el expediente n.° DFPP-EE-002-2024, me permite señalar que -pese a los esfuerzos departamentales- no resultó posible comunicar al Ministerio Público el informe final en el plazo previsto. Ello, debido a las altas cargas de trabajo que enfrenta la Administración Electoral de cara a las Elecciones Nacionales de 2026 y que ha implicado la reubicación de personal en otros departamentos y direcciones institucionales.
No obstante, se hace ver que el borrador de dicho informe final actualmente se encuentra en revisión y que se proyecta sea comunicado a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ya la Fiscalía Adjunta de Fraudes -a petición expresa de dichos órganos judiciales- en el transcurso de junio de 2025″, explicó Ronald Chacón Badilla, Jefe del DFPP.
Expresidente autorizó
Al tratarse de una asociación solidarista, Asegosep recibe un aporte patronal del 5 % por cada funcionario afiliado. En este caso, sus agremiados son empleados del Ministerio de Seguridad Pública, por lo que los fondos provienen directamente del erario público.
Esto implica que una porción de los recursos estatales, destinados a la administración de los ahorros de los asociados, fue utilizada para financiar una campaña política. Todo ello ocurrió sin el aval de la junta directiva, según lo revela un informe de auditoría incorporado al expediente judicial del caso.
Pese a la irregularidad señalada, el expresidente de la asociación, James Williams Serrano, autorizó la compra de los certificados con el propósito de respaldar la candidatura a diputado por San José, quien fungió como presidente del Consejo Nacional de Producción (CNP) en el gobierno de Alvarado.
Asegosep
El documento en poder de la Fiscalía señala que Williams actuó sin consultar la decisión con el resto de la junta directiva. No obstante, se amparó en el reglamento interno de Asegosep, que permite al presidente de la organización realizar inversiones por montos inferiores a ¢20 millones sin requerir aprobación previa de los demás directivos.
La Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen de San José también investiga penalmente el caso bajo la sospecha de presunta administración fraudulenta. El ente acusador del Poder Judicial informó que abrió la causa 23-000320-1220-PE contra una persona de apellidos Méndez Hernández.
"En respuesta a su solicitud, la Fiscalía Adjunta de Fraudes informó que el expediente se encuentra en investigación, en la etapa de recolección y análisis de prueba, por lo que no es posible dar más detalles. Lo anterior, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal", indicaron este martes.
Acción Ciudadana no figura como parte investigada en esta causa, ni tampoco otros exmiembros de la junta directiva o miembros de las sociedades que se habrían beneficiado con el dinero de los oficiales y funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
Los certificados fueron adquiridos a nombre del candidato a legislador; sin embargo, Williams confirmó a CR Hoy que fue la asociación la que pagó la millonaria suma a Bermúdez. Informes del directivo para los asociados, así como correos electrónicos enviados por Bermúdez y aportados al expediente que estudia el Ministerio Público, confirman que el miembro del PAC recibió la transferencia en una cuenta de Asegosep tras el pago de los cuatro bonos de segunda emisión, serie B.
"El suscrito, Rogis Bermúdez Cascante, con cédula de identidad número **********, Ingeniero Industrial, en mi condición de Candidato Primer lugar por San José, por medio de la presente hago constar que el día de hoy he recibido la suma de dieciocho millones de colones de ASEGOSEP, institución que usted representa, mediante transferencia bancaria a mi cuenta IBAN CR*****************, con el propósito de emitir Bonos de Deuda política con un descuento de un diez por ciento (…)", se lee en el correo aportado en el informe.
Los certificados adquiridos corresponden a los numerales 388, 389, 390 y 391. Estos fueron firmados por Fabián Solano, presidente interino del Partido Acción Ciudadana, y por Karla Arrunátegui, quien en ese momento ejercía como tesorera nacional de la agrupación.
Durante el proceso, la Fiscalía de la asociación advirtió que la adquisición de dichos certificados podría acarrear consecuencias legales, al existir conocimiento previo de que el uso de esos fondos implicaba un acto presuntamente ilícito. A pesar de la advertencia, la operación se llevó a cabo y se concretó el pago.
"Inversión compra de bono de deuda política al Partido Acción Ciudadana. Esta inversión, de reciente gestión, por solicitud de ésta Fiscalía, la Junta Directiva autorizó la contratación de una firma de abogados para que la asista en el proceso de revisión que en este momento esta en curso, a fin de verificar la legalidad de la compra, establecer si existe o no posibilidad real de recuperar esa inversión, y además validar el aparente incumplimiento de las prohibiciones expresas que tienen las Asociaciones Solidaristas, conforme el artículo 8 de la ley 6970. Esta Fiscalía advierte que la posible comisión del acto prohibido por ley, se considera una falta sumamente grave por los legisladores, por lo que la sanción a éste posible hecho tiene como consecuencia la destitución inmediata de los asociados que resultaren responsables", señala el informe.
Tras conocerse la denuncia, Rogis Bermúdez declaró que ya no formaba parte del PAC y se desligó por completo de la transacción. Por su parte, la agrupación política negó haber recibido dinero por parte de la asociación.
La Fiscalía de Asegosep informó a sus agremiados, durante la asamblea general celebrada en febrero de este año, que la junta directiva contrató a la firma de abogados Aselecom para llevar a cabo los procesos de cobro judicial relacionados con las inversiones en bonos del PAC y de las sociedades TRT, Mi Vete, Farmacia en Línea y Coopeforjadores.
"Se sigue trabajando e investigando más temas para la ampliación de la denuncia planteada en noviembre del 2023", indicaron.
