Tribunal revocó nombramiento de juez penal ligado a caso “Madre Patria”
Juez penal, destacado en Desamparados, es señalado como presunto testaferro de grupo criminal
Corte Suprema de Justicia, en San José. Imagen con fines ilustrativos.
El Tribunal de la Inspección Judicial de la Corte Suprema de Justicia resolvió revocar el nombramiento a un juez penal, de apellidos Venegas Marín, presuntamente vinculado con la aparente organización criminal del caso "Madre Patria".
La oficina de prensa del Poder Judicial explicó que la resolución se tomó el 31 de enero de 2025, al considerar las imputaciones contra Venegas como una "falta gravísima".
La Inspección Judicial es el órgano disciplinario interno del Poder Judicial que controla y vigila el accionar de los funcionarios judiciales.
La entidad aclaró que el funcionario apeló la resolución ante el Consejo Superior del Poder Judicial y la resolución para la revocatoria del nombramiento aún no está en firme.
Venegas Marín, de 46 años, cumple prisión preventiva desde mediados de 2024 como uno de los supuestos miembros de la agrupación delictiva. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, el funcionario judicial habría fungido como testaferro y asesor de la organización.
Previo a la detención, el juez estaba destacado como juez penal en el Tribunal Penal de Desamparados. Desde 2001 es empleado judicial y ha desempeñado distintos cargos en la institución.
Para el OIJ y el Ministerio Público, Venegas sería uno de los principales testaferros de la organización criminal liderada por 2 españoles, de apellidos Gómez y León, enfocada en cometer millonarios fraudes registrales con propiedades de alto valor.
Al parecer, habría recibido dinero de la organización para legitimar capital a través de tiendas tipo outlet operadas bajo sociedades anónimas a su nombre.
El Poder Judicial confirmó en julio de 2024 que Venegas había cumplido una suspensión, sin goce salarial, entre el 1° y el 25 de agosto de 2023, en acato a una resolución emitida por la División Jurídica de la Contraloría General de la República (CGR).
Según consta en el expediente CGR-PA-2022-004686, abierto el 28 de julio de 2022 por la División Jurídica del ente contralor, Venegas fue objeto de una investigación por sospechas de omitir la declaratoria sobre la participación en 4 sociedades anónimas con fines comerciales entre los años 2014 y 2022.
En las sociedades anónimas citadas en el caso, el juez ostentaba cargos como: secretario, fiscal o presidente. Algunas de esas sociedades también son objeto de investigación por parte del OIJ y la Fiscalía.
La División Jurídica de la CGR detalló en el expediente que el funcionario habría cometido faltas al infringir lo dispuesto en los artículos 21, 22 y 29 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
"Venegas estando obligado, en virtud de su cargo, a declarar de manera fehaciente su situación patrimonial, según lo previsto en el numeral 21 de la ley en comentario, pudo haber omitido o faltar a la verdad en información requerida dentro de las declaraciones juradas de bienes presentadas ante la CGR, correspondientes a los años 2014 a 2022", recalca el expediente del procedimiento administrativo.
El ente contralor también señaló que el juez omitió de "forma reiterada" la información requerida sobre las operaciones bancarias en las que se constituyó como fiador en los períodos comprendidos entre 2018 y 2022. En este caso puntual, se investigó una infracción al reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
La División Jurídica de la CGR emitió la resolución del caso el 21 de noviembre de 2022 y declaró culpable a Venegas como "responsable administrativamente en grado de culpa grave por los hechos intimados, razón por la cual se recomienda de forma vinculante la suspensión sin goce de salario, dieta o estipendio de 25 días naturales, de conformidad con el inciso b) del artículo 39 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública…".
La representación legal del juez planteó un recurso de revocatoria el 24 de noviembre de 2022, alegando que existía la prescripción de la potestad disciplinaria sobre algunos hechos imputados y que hubo una nulidad del acto final con falta de fundamentación por una errónea valoración de los elementos defensivos aportados.
Además, la defensa señaló que no se configuraba la culpa grave y que, por todos estos extremos, se debía revocar la sanción impuesta de los 25 días de suspensión sin goce salarial.
El ente contralor declaró sin lugar el recurso de revocatoria el 19 de diciembre de 2022 y declaró sin lugar un recurso de apelación el 15 de junio de 2023. Así las cosas, la resolución de la suspensión sin goce salarial quedó en firme el 20 de junio de 2023.
La resolución descartó responsabilidades civiles y prohibiciones de ingreso (o regreso) a cargos de la Hacienda Pública.
Según las intervenciones telefónicas realizadas por el OIJ durante el proceso de investigación, Venegas confesó a su madre que recibía dinero en efectivo por trabajos con "gente de la calle".
Las pesquisas también revelaron presuntos movimientos de dinero en efectivo que habría efectuado el imputado, tras supuestamente recibir recursos del grupo criminal, a través de entidades bancarias y cajeros automáticos.
Las vigilancias efectuadas por el OIJ confirmaron varios encuentros entre el juez Venegas y los españoles señalados como presuntos líderes de la organización.
Allanamientos por el caso Madre Patria, en julio de 2024. Archivo CRH/OIJ
El caso
La supuesta organización delictiva fue desmantelada el pasado martes 25 de junio tras la ejecución de 47 allanamientos en diferentes partes del país, los cuales dejaron como resultado la detención de 31 personas hasta el momento y con la captura pendiente de otros 2 sujetos.
El Ministerio Público confirmó que se investigan los presuntos delitos de asociación ilícita, falsedad ideológica, estafa mayor, legitimación de capitales, cohecho (en modalidad de penalidad del corruptor) y procuración de impunidad.
Entre los capturados figuran 2 españoles que serían los líderes del grupo, según la policía. Se trata de León y Gómez, quienes en apariencia tenían una red para apropiarse de inmuebles por medio de fraudes junto a los dos hermanos Chaves Arias.
Junto a ellos en apariencia operaron el juez Venegas, varios abogados y notarios, exfuncionarios judiciales, empresarios autobuseros, oficiales de tránsito, funcionarios públicos, entre otros.