Tribunal rechaza frenar juicio “La Trocha” para que abogado de Chaves siga en caso “Fénix”
José Miguel Villalobos no quiere asistir a debate en horario vespertino porque de día defienda a supuesto cabecilla narco
El Tribunal Penal de Goicoechea se negó a aplazar el juicio por el caso de "La Trocha", pese a la solicitud de José Miguel Villalobos, abogado del mandatario Rodrigo Chaves, quien pretendía reprogramar el debate debido a que continúa defendiendo al supuesto cabecilla narco y a seis sospechosos más en el juicio del caso "Fénix", también en curso.
Mediante una resolución emitida este viernes 4 de abril a las 9:30 a. m., de la cual CR Hoy tiene copia, los jueces a cargo del juicio rechazaron la oposición de Villalobos Umaña, quien pedía suspender las fechas ya señaladas.
En consecuencia, se mantiene el inicio del proceso para el 7 de abril de 2025, en horario vespertino.
El jurista, amigo y asesor de Chaves, también representa al supuesto cabecilla narco José Giovanni Segura Angulo y a otros seis sospechosos del caso Fénix, todos ellos enjuiciados actualmente por, en apariencia, conformar una estructura delictiva dedicada al blanqueo de fondos presuntamente provenientes del trasiego de drogas.
El juicio estaba calendarizado originalmente para celebrarse entre el 17 de febrero y el 22 de agosto del presente año. Sin embargo, la objeción de Villalobos obligó a los jueces a mover la fecha inicial mientras encontraban una solución.
No obstante, el Tribunal de Goicoechea ya tenía planificado desde antes arrancar con el juicio de La Trocha. Por ello, se decidió modificar el horario del juicio, estableciéndolo de 4:00 p. m. a 8:00 p. m.
Mediante un escrito, el abogado insistió en desprogramar el juicio, en el que defiende a más de diez imputados que actualmente se encuentran en libertad.
Alegó que obligarlo a participar en dos juicios complejos de forma paralela y en horarios extensos atentaría contra el derecho de defensa de sus representados, dado que no podría "concentrarse correctamente ni descansar la mente y el cuerpo, como lo exige la lógica y el sentido común".
Además, indicó que sus clientes no desean cambiar de abogado y que él no puede ser sustituido por otro defensor que se imponga de la causa y prepare la estrategia respecto al interrogatorio de 90 testigos.
Advirtió también que, en caso de que el Tribunal no modifique su criterio, acudirá a la Sala Constitucional.
Pese a estos alegatos, los jueces negaron la solicitud, argumentando que tienen interés en realizar el debate lo antes posible, y que los mismos imputados han implorado que las fechas se mantengan para que, después de tantos años, se resuelva su situación jurídica, en suspenso desde 2012.
Los juzgadores recordaron en la resolución que ya en cuatro ocasiones se ha intentado celebrar el juicio, pero las convocatorias se frustraron por diversas razones.
Incluso, la última vez se reprogramó bajo el mismo argumento presentado por José Miguel Villalobos: ubicar una nueva fecha con disponibilidad horaria para todos los intervinientes.
No obstante, a pesar de la antelación con la que se dispuso el señalamiento (sin choques con otros) en la marcha los compromisos profesionales adquiridos por el licenciado Villalobos, uno con personas detenidas, han impedido que una vez más pueda celebrarse el mismo en el horario inicialmente dispuesto.
Lo anterior permite establecer, basados en la experiencia de la tramitación de la misma causa que, aunque se procure un curso sin obstáculos del desarrollo del juicio, estos podrán seguirse presentando con el nefasto resultado de que, si no se superan –el juicio no podrá realizarse— y a los imputados no se les podrá resolver su situación jurídica.
Así, en el caso examine se señaló el juicio desde junio del 2023, por lo que la totalidad de los defensores intervinientes en el proceso, han tenido suficiente tiempo para preparar sus estrategias defensivas.
Los jueces señalaron además que la propuesta de ejecutar el juicio en horario vespertino fue elevada al Consejo Superior, órgano máximo administrativo del Poder Judicial, el cual estimó viable la propuesta y aprobó la variación horaria para los funcionarios judiciales involucrados en esta diligencia.
"Lejos de considerarse que se está obstruyendo el desarrollo normal y eficiente de la defensa técnica y material de los imputados, se están disponiendo de los recursos necesarios para que, esta pueda desarrollarse sin afectar, aun más de lo que ya se ha afectado, al principio de justicia pronta y cumplida", indica la resolución.
Caso Trocha
El caso La Trocha se dio a conocer ante la opinión pública el 4 de mayo de 2012, cuando la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, convocó a una rueda de prensa para denunciar los presuntos actos ilegales.
La administración Chinchilla Miranda planteó la posibilidad de construir la ruta nacional 1856, en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, como parte de una posible solución tras darse a conocer la invasión del país vecino a isla Calero en octubre de 2010.
El Ministerio Público acusó en 2017 a 26 personas, pero solicitó el sobreseimiento tanto para la expresidenta Chinchilla, el exvicepresidente Luis Liberman y el exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Francisco Jiménez.
El debate es contra 14 personas de apellidos son Acosta, Castillo Villalobos, Baralis, Serrano, Ramírez, Herra, Soto, Agüero, Mesén, Mora, Méndez, Morera (mujer), Montoya y Campos, por los delitos de peculado, cohecho, influencia contra la hacienda pública, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes e influencia en contra de la hacienda pública. El debate contará con 109 personas que darán su testimonio.
Por su parte, el caso Fénix consiste en uno de los más grandes en la historia del país por legitimación de capitales. En él se encausa a una organización compuesta por al menos 25 personas, que habría "lavado" hasta 17 millones de dólares presuntamente provenientes del narcotráfico mediante diversos negocios, como una hacienda ganadera, una venta de llantas, lubricentros, verdulerías, bares y restaurantes.
Villalobos es el principal abogado defensor de los sospechosos. De hecho, representa a siete de los 25 imputados; dos de ellos permanecen en prisión preventiva debido a su peligrosidad.
De acuerdo con la prueba recabada por el Ministerio Público, las actividades ilegales que se desarrollaron entre 2015 y 2022 y que generaron el multimillonario patrimonio ilícito equivalen a cerca de ₡9 mil millones.
