Tribunal deja sin efecto despido de funcionario que denunció a alcalde de San José
Una resolución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (TCA) dejó sin efecto el despido sin responsabilidad patronal que la Municipalidad de San José había impuesto a Marvin Torres Labardini, quien se mantiene como subdirector de Asuntos Jurídicos del ayuntamiento.
Se trata de una medida cautelar prima facie inaudita altera pars compartida el domingo 3 de agosto, tras una solicitud presentada por Torres para suspender los efectos del oficio MSJ-ALCALDÍA-3153-2025, emitido el 1.º de agosto.
El tribunal ordenó de forma provisional a la Municipalidad de San José suspender de inmediato los efectos del acto administrativo y proceder con la reinstalación inmediata del funcionario.
Además, otorgó audiencia a la Municipalidad por un plazo de 3 días para referirse a la medida cautelar antes de que esta sea resuelta, en definitiva.
Funcionario sigue impedido de ingresar
CR Hoy conversó con Marvin Torres, quien aseguró estar tramitando certificaciones en el Contencioso, ya que en la municipalidad le indicaron que este miércoles no le permitirían el ingreso a su lugar de trabajo.
Según relató, la institución le argumentó que la resolución del Tribunal aún no ha sido notificada oficialmente, por lo que no están obligados a reinstalarlo.
Mañana vamos a ver qué show quieren montar, expresó Torres.
El funcionario manifestó sentirse "muy bien, muy fortalecido" tras la resolución, aunque reconoció que la situación representa una carga emocional para él y su familia. Afirmó que ya anticipaba un intento de despido debido a sus denuncias.
En el feudo del alcalde pasa lo que el alcalde quiere: desde nombramientos irregulares hasta despidos. Imagínese el poder que tiene, que ni siquiera envió mi despido a la Junta de Relaciones Laborales, como dicta el proceso, denunció Torres.
El subdirector calificó su situación como "una persecución descarada y poco elegante".
Justificación del despido
La Municipalidad justificó el despido de Torres por supuestas ausencias injustificadas, abandono de labores, incumplimiento del deber de probidad, uso indebido de bienes institucionales, falta a la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, incumplimiento de la Ley de Control Interno, realización de teletrabajo sin autorización el 20 de noviembre de 2024, y goce de vacaciones sin haberlas solicitado ni aprobado con antelación.
Además, se le atribuyó la vulneración de bases de datos institucionales por compartir su clave personal para ingresar al sistema SIAM con un tercero.
La denuncia contra el alcalde
Torres Labardini, junto a Osman Rodríguez Solís, director de Asuntos Jurídicos habían denunciado al alcalde Diego Miranda ante la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República por presuntas irregularidades en el uso de dos plazas de gerencia sin respaldo presupuestario.
En noviembre de 2024, ambos funcionarios también denunciaron a Miranda ante el Ministerio Público por supuesta influencia contra la Hacienda Pública, al suspender durante varios meses el cobro de parquímetros.
Según Torres, estos hechos y su negativa a "acomodar" criterios jurídicos para favorecer decisiones de la administración motivaron la apertura, en diciembre de 2024, de un proceso disciplinario en su contra, el envío de notificadores junto a policías municipales armados a su vivienda en Curridabat y una campaña de acoso laboral.
También se le señala por el presunto uso indebido de un vehículo oficial, ausencias laborales durante cinco días, y por conectarse a sistemas institucionales desde su hogar.
Parquímetros: millonarias pérdidas
El caso de los parquímetros se remonta al 23 de julio de 2024, cuando el alcalde convocó a una conferencia de prensa para anunciar la suspensión temporal del cobro por estacionamientos y de las multas asociadas, mientras se gestionaba la contratación de un nuevo proveedor y sistema.
Miranda aseguró en ese momento que el nuevo esquema permitiría un ahorro de hasta ¢700 millones anuales. El proceso, según prometió, tomaría cinco semanas, pero no se concretó sino hasta abril de 2025, lo que provocó pérdidas millonarias para el municipio.
