Tres superintendentes señalan “7 pecados capitales” del proyecto para que MEIC “supervise” entidades financieras

Tres superintendentes señalaron este miércoles los "siete pecados capitales" del proyecto de ley del Gobierno que pretende otorgar al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) la supervisión de las entidades financieras del país.

Las advertencias fueron expuestas por Tomás Soley, de la Superintendencia General de Seguros (Sugese); Hermes Alvarado, de la Superintendencia de Pensiones (Supén), y Reyner Brenes, de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), ante los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos, órgano del Congreso que tramita la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo bajo el expediente 24.616.

En la comparecencia no participó la jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), Hazel Valverde.

Durante su intervención, los superintendentes enumeraron siete consecuencias negativas que tendría la propuesta, en caso de ser aprobada por la Asamblea Legislativa:

• Falta de independencia por la supervisión que realizaría el Ejecutivo a través del MEIC.
• Entrega de datos confidenciales del Centro de Información Crediticia (CIC) de la Sugef al MEIC.
• Conflictos de interés con los bancos estatales, ya que en la designación de sus juntas directivas participa el ministro de Economía, Industria y Comercio.
• Mayores costos por regulación y supervisión, debido al establecimiento de un nuevo canon que pagarían las entidades supervisadas.
• Sanciones desproporcionadas, como la suspensión de actividades y el cierre de operaciones de entidades financieras.
• Duplicidad de funciones y conflictos de competencias entre las superintendencias y el MEIC.
• Responsabilidad solidaria de juntas directivas, gerencias y promotores, incluso sin dolo ni culpa.

Advirtieron, además, que el proyecto de ley implicaría el desmantelamiento del sistema de supervisión financiera, debido a la creación de un supervisor desvinculado del modelo actual (el MEIC), al involucramiento del Poder Ejecutivo en esa función y al hecho de que el Gobierno regularía y supervisaría a entidades financieras de su propiedad.

Según los jerarcas, el sistema financiero se debilitaría por la falta de seguridad jurídica para los proveedores, la duplicidad de supervisión y costos, los excesivos poderes de supervisión y la discrecionalidad en su ejercicio, así como el desincentivo a nuevos competidores e innovación.

También alertaron sobre una desprotección del consumidor financiero, ya que:

• Los consumidores de pensiones, seguros y valores se convertirían en "de segunda categoría".
• El sistema resultaría costoso.
• No dispondría de recursos económicos, personales ni tecnológicos suficientes.

"La Sugeval, la Sugese y la Supén consideran que es necesario abordar la protección al consumidor financiero bajo estándares internacionales. Sin embargo, la propuesta legislativa escoge el camino más complicado, confuso, costoso e ineficiente, además de constituir una solapada derogación tácita de competencias legales esenciales de estas superintendencias y del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif)", concluyeron.

El proyecto del Poder Ejecutivo busca otorgar al MEIC amplias competencias en materia de protección al consumidor financiero, la mayoría de las cuales ya ejercen las superintendencias, que forman parte de un modelo de supervisión caracterizado por la independencia y la especialización técnica.

Asimismo, la iniciativa contempla el cobro de una nueva tarifa por regulación y supervisión de hasta un 1 % del patrimonio de las entidades, adicional a la que ya pagan a las superintendencias; impondría multas calificadas como desproporcionadas y facultaría al Gobierno para cerrar bancos.