Tres propuestas tributarias de abogados preocupan a Hacienda
Tres propuestas tributarias del Colegio de Abogados para ser incluidas en el Proyecto de Lucha contra el Fraude Fiscal encendieron las alarmas del Ministerio de Hacienda y de la Fiscalía de Delitos Económicos, por considerar que se podría debilitar el régimen de sanciones por fraude fiscal.
El lunes, las autoridades de Hacienda, encabezadas por el ministro Helio Fallas mostraron su preocupación por la llegada a la Asamblea Legislativa de un grupo de mociones que podrían rebajar algunas penas establecidas para delitos fiscales.
Otra de las modificaciones se refiere a la posibilidad de dar potestad a la Administración Tributaria para que, simplemente haciendo alusión a criterios de oportunidad y conveniencia, pueda retirar denuncias penales, con lo cual podría producirse a futuro la impunidad de los casos.
"Incorporar una propuesta como esta podría significar incluso la posibilidad de que autoridades políticas pueda intervenir en las decisiones de la Administración Tributaria, lo que resulta sumamente peligroso para la Administración y para los propios contribuyentes", expuso Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos.
Rodríguez señaló a Adrián Torrealba, exdirector de Tributación y experto tributario como uno de los promotores de las modificaciones.
CRHoy.com consultó a Torrealba sobre la propuesta y el abogado manifestó que su participación se originó en la comparecencia a la que fue citado a la Comisión de Asuntos Hacendarios hace varias semanas, donde fue a exponer el contenido del documento del Colegio de Abogados, preparado por su Comisión Tributaria, que coordina.
"En la comparecencia hice varias observaciones sobre el Proyecto y otros temas que consideraba podían introducirse en el Código tanto para mejorar potestades de la Administración como para garantizar el respeto a los derechos y garantías del contribuyente", indicó.
Según el experto tributario, en la propia sesión algunos diputados –los libertarios Otto Guevara, Paulina Ramírez- le pidieron colaboración para traducir en mociones algunas de sus observaciones.
"Con gusto lo hice pues es mi estilo de siempre colaborar con los procesos de reforma tributaria", indicó.
Penas desproporcionadas
Dentro de los temas abordados están los relacionados el relacionado con el delito tributario. En opinión de Torrealba, esta figura hoy presenta serios problemas al ser desproporcionada y propiciar algunas interpretaciones administrativas que pueden dar lugar a abusos:
- Bajar pena mínima: Los países duros en materia tributaria y lucha contra la evasión fiscal tienen penas que no pasan de 5 años (Estados Unidos, Alemania, España). "Eso dice de la desproporción. Como apuntaba el penalista Carlos Tiffer en un artículo reciente, Messi hubiera ido 15 años a prisión en Costa Rica", dijo.
- Aclarar que el tipo del delito exige ardid y engaño y no el mero incumplimiento de un deber. Torrealba opina que, siguiendo la mayoría de la doctrina y ordenamientos comparados, la cárcel solo puede ser solución cuando se trata de comportamientos engañosos, orientados a ponerle difícil a la Administración el descubrimiento de las obligaciones tributarias debidas, y no en cualquier caso de incumplimiento del deber tributario cuando este pase los 500 salarios base.
- Aclarar que el Ministerio Público puede ampliar en la acusación penal como constitutivos de delito incumplimientos de obligación tributaria no incluidos en la denuncia del Ministerio de Hacienda, lo que para el abogado, hoy es discutible.
"Lo que no puede hacer es pretender cobrar en la acción civil resarcitoria del proceso penal obligaciones tributarias que, ni en la denuncia de Tributación ni en la acusación del Ministerio Público, se imputa que su incumplimiento constituye delito, como sería típicamente el caso de obligaciones tributarias que no llegan a los 500 salarios base. Me parece inconcebible que se use la herramienta penal para evitar los procedimientos administrativos -que garantizan el debido proceso, especialmente luego de la resolución reciente de la Sala Constitucional-, pretendiendo cobrar deudas en sede penal que no llegan a los 500 salarios base", dijo.
24 procesos serían afectados
De introducirse los cambios propuestos al proyecto de Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, unos 24 procesos podrían beneficiarse de dichas modificaciones.
Según Warner Molina, fiscal de delitos económicos, en los últimos años se ha dado un mayor ejercicio de acción penal en materia de delitos tributarios.
Esto obedece a que desde 2012 se ha hecho un esfuerzo sostenido por mejorar la coordinación con las autoridades del Ministerio de Hacienda, especialmente con la Dirección General de Tributación y con la Dirección General de Aduanas.
"Tenemos un equipo de trabajo que nos ha permitido un traslado adecuado de los casos de la sede administrativa a la sede penal y esto ha acortado tiempos y ha mejorado muchísimo la actuación en sede judicial", dijo.
En concreto la Fiscalía de Delitos Económicos contabiliza 24 casos, de los cuales 12 se encuentran en investigación preparatoria (10 con determinaciones preliminares de impuestos evadidos). En conjunto, los 12 suman una evasión por ¢7.600 millones.
"No habría un interés público sino un interés particular de beneficiar algunos casos de delito Tributario", opinó Molina.
Esta semana comenzará la discusión en la Comisión de Asuntos Tributarios de las mociones incluidas al proyecto.