Transformación Digital del Estado en Costa Rica: “Un camino empedrado al infierno”

Introducción

Durante décadas, he sido testigo de la persistente discusión en torno a la "Transformación Digital". Esta temática, que en apariencia debería estar avanzando hacia niveles superiores de digitalización, parece haberse estancado en un pasado que ya deberíamos haber dejado atrás. La presencia significativa de generaciones nativas digitales, que constituyen más del 50% de la población total, vuelve casi arcaico el concepto mismo de transformación digital. Deberíamos haber cambiado el concepto y ya no hablar de transformación sino solo de digitalización.

Es particularmente lamentable que, en el caso del Estado, todavía estemos lejos de ofrecer servicios digitalizados a todos los ciudadanos. Resulta difícil comprender cómo, en pleno siglo de la información, aún se solicitan copias de cédula y se experimentan extensas esperas para ubicar documentos. La incapacidad para concertar citas médicas en línea, la falta de servicios integrados e interoperables, son solo algunos ejemplos que podrían llenar páginas y páginas. La realidad es innegable: el Estado costarricense se mantiene mayormente anclado en lo analógico, distante del mundo digital.

Solo un recuerdo

Recuerdo con claridad el año 2001, cuando el presidente Miguel Ángel Rodríguez, en su discurso, habló de la necesidad de transitar de una economía postmoderna a una basada en lo digital. En aquel entonces, se presentó la Agenda Digital como respuesta a los desafíos de la nueva economía globalizada. Ya han transcurrido 22 años desde aquel momento, y ha pasado un largo trecho sin que hayamos logrado materializar aquella aspiración. Desde aquel entonces hasta ahora, hemos visto la promulgación de leyes, la formulación de planes de desarrollo y acontecimientos tecnológicos impactantes en Costa Rica, como la apertura del mercado de las telecomunicaciones, el auge de la telefonía móvil y la inteligencia artificial. Sin embargo, nuestro Estado parece haberse quedado en buenas intenciones. La Ley 8454, por ejemplo, "Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos" (2005), debió haber revolucionado los servicios que los ciudadanos esperamos del Estado, pero la realidad difiere drásticamente de estas expectativas. Es inaudito que 18 años después, la firma digital siga siendo una promesa para el ciudadano.

Informe de la Contraloría General de la República

Un reciente informe de la CGR correspondiente al año 2023, pone de manifiesto la falta de una estrategia integral de transformación digital en el sector público costarricense. Aunque se han realizado esfuerzos, el informe señala áreas de mejora, tales como la carencia de una estrategia formalmente establecida y la necesidad de una identificación más precisa de las necesidades de los usuarios.

Esta constatación, aunque obvia en muchos aspectos, no deja de ser reveladora. Se requiere simplemente intentar sacar una cita con EDUS o gestionar una licencia de conducir para evidenciar la persistencia de prácticas arcaicas en los servicios públicos. No obstante, es lamentable que, a pesar de las inversiones considerables en tecnología, los servicios públicos mantengan niveles tan deficientes en cuanto a calidad para los ciudadanos. Dado que en Costa Rica se cuenta con casi dos celulares por habitante, resulta desconcertante entender por qué ha sido tan complejo acceder a una aplicación estatal y consultar la lista de servicios a los que tenemos derecho. Aquella promesa de derechos digitales parece haberse convertido en un "camino empedrado al infierno", ya que en la práctica continuamos enfrentando trámites redundantes, entregando copias de copias y haciendo filas interminables, con la posibilidad de no recibir el servicio en tiempo ni forma. Cada entidad termina haciendo lo que puede o lo que quiere.

Alternativas de solución

Permítaseme ser atrevido, y aún más.

1. Despolitizar el tema: Es anecdótico observar cada cuatro años extensos discursos y propuestas sobre la digitalización, que solo se quedan en el papel. La falta de recursos, responsables y seguimiento, junto con la tendencia de los nuevos gobiernos a borrar todo a su llegada, perpetúa un ciclo de estancamiento. Esta situación debe ser superada. Urge respetar una visión a medio y largo plazo (al menos quinquenal) en una estrategia de digitalización del Estado que trascienda los ciclos políticos. Rindan cuentas, pero en serio.
2. No crear más unidades o áreas responsables: Es hora de poner fin a la creación de nuevas estructuras para la gobernanza del tema. Ya existen suficientes. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), como ente rector, debe llevar a cabo una gobernanza digital sólida, completa, comprensible, realista, medible, progresiva y reiterativa. Evitar retrocesos resulta imperativo.
3. Una política centrada en el ciudadano: La eficiencia en el ámbito estatal implica cumplir con el objetivo de proporcionar a los ciudadanos sus servicios de manera puntual y adecuada. Aunque no somos clientes en sentido estricto, debemos ser tratados como tales, considerando que contribuimos por estos servicios. Las instituciones y entidades estatales deben comprender que su modelo de negocio debe estar orientado a los ciudadanos, no a sí mismos ni a grupos específicos. El ciudadano es el motivo y el fin. No hay más que decir.
4. Un Estado unificado: Es preciso analizar los planes de adquisiciones de todas las entidades estatales (tanto a nivel central como descentralizado). Nos encontramos con gastos millonarios en compras duplicadas. Debemos pensar y actuar en función del beneficio público en general, quienes somos los destinatarios de estos servicios. Aunque existen consideraciones presupuestarias y de fiscalización, es crucial coordinar, consolidar y establecer modelos de adquisición unificados en beneficio de los ciudadanos. Si SICOP alberga toda la información, deberíamos hacer uso de ella.

Mi trayectoria de 34 años en una entidad estatal, ocupando altos cargos, me otorga una perspectiva certera. Encuentro en los empleados públicos un vasto potencial para liderar soluciones en beneficio de los ciudadanos. Las capacidades están ahí, esperando. Solo falta que surja un líder con visión, dispuesto a trascender lo meramente político y abandonar la inmovilidad analítica. Urge un estadista capaz de visualizar el bienestar del país y trazar el rumbo hacia un auténtico gobierno digital, a pesar de las potenciales desventajas de nuestra situación como nación, y así dejar atrás el sombrío camino hacia el "infierno" del estancamiento tecnológico.