Trabas legales y económicas impiden que Red de Cuido crezca

(CRHoy.com).- La universalización de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Redcudi) está lejos de ocurrir por culpa de las trabas legales e institucionales en su financiamiento y limitan su cobertura actual a tan solo un 8,3% de la población potencial menor de 7 años y un 15% entre los más pobres.

Según el Informe Estado de la Nación 2019, que se presentó en noviembre pasado, la Redcudi enfrenta dos desafíos trascendentales: aumentar los bajos niveles de cobertura y asegurar la sostenibilidad financiera de los servicios de cuido.

Esos retos se revisten de una urgencia mayor si esa universalización deseada se pretende alcanzar en los próximos 15 o 20 años. Una de las claves para llegar a ese objetivo en dicho plazo sería un cambio legal e institucional para incluir entre los beneficiarios a los niños de familias que están fuera de la condición de pobreza.

La carencia de recursos econonómicos del Gobierno Central es otro problema. Con el nivel actual de financiamiento, según el Estado de la Nación, no es posible ampliar la cantidad de cupos de la Redcudi.

La Ley N.° 9220, que fue publicada en el diario oficial La Gaceta en el 2014, la población meta es la totalidad de los niños de 0 a 6 años, con la posibilidad de extenderse hasta los 12 años, según la disponibilidad presupuestaria. El énfasis de la cobertura de la red es brindar cuido a menores entre los 6 meses y los años, especialmente aquellos que provengan de familias en condiciones de pobreza o que estén en situaciones de riesgo.

Sin embargo, actualmente la cantidad de beneficiarios de la Red es de 63.300 personas, de las cuales 7 de cada 10 están en el rango de 0 a 6 años.

¿Cómo llegan esos menores a la Redcudi? El Estado de la Nación determinó que la mayoría, un 59% son beneficiarios de las ayudas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), un 35% pertenece a los Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI) y un 6% del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

"Hay un total de 43.058 niños y niñas incluidos y 278.264 potenciales beneficiarios no cubiertos actualmente. En condiciones de pobreza están el 72% de los menores atendidos por el IMAS, el 56% de los menores de los CEN-CINAI y el 58% en el PANI", diagnosticó el Estado de la Nación.

El Informe también determinó que los CEN-CINAI cubren más a las zonas rurales, donde el 34% de los menores se atiende en esa modalidad de centros. Empero, entre los menores no cubiertos, la zona rural abarcan un 39%, "lo cual denota la falta de opciones de cuido en zonas más alejadas del país", determinó el Informe.

Fuera de la Red

Asimismo, los investigadores observaron que hay 901.000 menores que no están bajo la cobertura de la Redcudi, sin incluir a los pequeños que están inscritos en centros privados.

De esa cantidad, 475.490 están entre los 0 y los 6 años, y 425.872 tienen entre 7 y 12 años. El Informe estimó que un 10% de esos potenciales beneficiarios podrían asistir a centros de cuido privados. Al no presionar a los sistemas públicos, se estima que a este año las poblaciones metas de la Redcudi son de 427.940 y 383.284, respectivamente.

"Alcanzar la universalización del cuido para los menores de 7 años en el 2034 implicaría que el país esté en la capacidad de aumentar la afiliación en unos 24.800 campos por año de manera sostenida en los próximos 15 años. Por cada 25 puntos porcentuales menos en la meta de cubertura, las necesidades de nuevos espacios se reducen en 6.900 por año. De esta forma, si para el 2034 se desea un alcance del 75% el país debería aumentar los beneficiarios nuevos en 17.900 menores por año. Para una tasa del 50% las necesidades se reducen a 11.000 por año", estimó el estudio.

Y agregó al detallar el escenario de una universalización del servicio en 20 años: "Si el objetivo de cobertura universal se amplía a 20 años plazo, las presiones se reducen en un 27,7% por año Esto significa que anualmente la red necesitaría crecer a un ritmo de 20.429 beneficiarios por año".

Un aspecto que el Estado de la Nación subrayó es la relevancia que tendrían las alianzas público-privadas para incrementar el tamaño de la red. El estudio planteó además tres alternativas de provisión y financiamiento para lograr el objetivo de cobertura.

La primera es el servicio con modalidad de pago compartido que se financiaría con recursos del PANI. En este esquema tanto esa institución como los padres de familia costearían el pago a la red. La segunda modalidad de financiamiento es la integración de servicios educativos y de cuidado infantil modalidad MEP (Ministerio de Educación Pública), en este modelo los padres recibirían el servicio de cuido gratuitamente.

La tercera manera corresponde a la integración de servicios educativos y de cuidado infantil, modalidad MEP-Redcudi-municipalidades, esquema similar al anterior pero serían las municipalidades las proveedoras de los módulos de cuido con el financiamiento de la Redcudi.

40.000 cupos más al 2022

Juan Luis Bermúdez, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo del IMAS, comentó a CRHoy.com que el Gobierno comparte los retos de la Redcudi que señaló el Informe Estado de la Nación.

El jerarca dijo que a la ampliación de la red y su sostenibilidad financiera, el Gobierno le agrega el reto de aumentar la calidad del servicio de cuido de menores de edad.

Agregó que no todo ha sido malo, pues entre el 2014 y el 2018 el alcance de la Red creció en 20.000 cupos y pasó de 36.000 a 56.000 menores.

El Gobierno del presidente Carlos Alvarado se planteó la meta de aumentar la cobertura de la Red a 40.000 niños más al 2022, cuando finalice la administración para llegar a un total de 93.000 personas.

Hoy la Redcudi se financia con un 4% del presupuesto del Fondo Nacional de Desarollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf), lo cual equivale a unos ¢28.000 anuales, más recursos de los CEN-CINAI y del PANI.

"La forma de encontrar una canalización de recursos es bajo el principios de la corresponsabilidad social del cuidado. Me refiero a que históricamente les hemos asignado las labores del cuidado a las mujeres, cuando, en realidad, es una responsabilidad en la que deben participar todos los miembros de la familia, la comunidad, las empresas, las asociaciones comunales y también el Estado. Partiendo de ese principio, estamos diseñando un modelo de pago compartido, en el que el Estado pondría una parte de los recursos y las familias que tienen capacidad de contribuir, o bien las empresas, o los gobiernos locales, contribuirían con la parte que haga falta en el financiamiento", explicó el ministro.

El Gobierno estima que ese modelo empezaría a funcionar durante el segundo semestre del año entrante. Aún no se han definido los porcentajes con los que debería colaborar cada una de las partes, pero el IMAS ya trabaja en el diseño de las escalas de financiamiento.