Todos los ticos financian grandes privilegios en pensiones del Poder Judicial

Beneficios desproporcionados con respecto a los aportes que hacen los trabajadores y un exagerado aporte del patrono, provocan que el régimen de pensiones del Poder Judicial recaiga sobre el bolsillo de todos los costarricenses.

A esta problemática se debe sumar que –en las condiciones actuales- si el régimen llega a colapsar, el Estado (es decir, todos los costarricenses) debe ser solidario con los trabajadores que ya hicieron aportes para el régimen.

Además, el presupuesto del Poder Judicial recae en el Presupuesto Nacional, lo que también pone en jaque a las finanzas del Gobierno, ya asfixiadas por un creciente déficit fiscal.

"El tema es que se están pensionando muy temprano y con beneficios desproporcionados. Los actuales trabajadores están pagando de más por las personas que ya se pensionaron", manifestó el economista Édgar Robles, quien advirtió de este problema hace más de 5 años, mientras se desempeñaba como superintendente de Pensiones.

En su opinión, si se quiere que el régimen sea sostenible, hay que incrementar el aporte y recortar los privilegios. "El aporte que hacen los trabajadores es alto, pero es muy caro", comentó.

Robles se refiere al tamaño de los aportes de los trabajadores del Poder Judicial, que son del 11% de su salario, mientras el de los trabajadores que aportan al IVM es del 3,34%. No obstante, pese a esa magnitud en los aportes, los beneficios que se autoconfieren en las pensiones pone en aprietos la sostenibilidad del régimen.

De igual manera opina el diputado Mario Redondo, quien considera que el alto aporte de los trabajadores del Poder Judicial no compensa el sacrificio que deben hacer el resto de trabajadores del país.

"Si el régimen de pensiones tuviera la capacidad por sí mismo de otorgar la pensión de ¢4 millones a todos los trabajadores, uno no tendría problema.  Pero los recursos son limitados y este régimen es subsidiado por el Estado. Hay personas que tendrán pensiones menos beneficiosas y terminan pagando las condiciones privilegiadas de los trabajadores del Poder Judicial", comentó el legislador.

Redondo cree que por un asunto de justicia social y racionalidad no se puede seguir pagando este nivel de pensiones.

El aporte del patrono (Poder Judicial) sumado al aporte del Estado suma un 15,60%, fundamentado en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ese dinero sale del bolsillo de todos los costarricenses. "Es una ley que estableció condiciones que no tienen los demás", dijo.

El legislador insiste en que no se trata de afectar negativamente a los trabajadores, pero  que tampoco pueden exigir al país condiciones que no tienen los demás costarricenses.

¿Cómo corregirlo?

Marcela Guerrero, diputada oficialista, señaló que -después de que el Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR) entregara el estudio actuarial a la Comisión- le queda claro que el primer paso que se debe seguir es "sacar la administración del fondo de la Corte" y constituir una Junta Administradora externa que sea técnica.

También recomendó subir la edad de retiro a 65 años, elevar los años de servicio a 35 años, bajar el porcentaje de la pensión al 72,5% y establecer un tope de pensión de 10 salarios base (¢4 millones), entre otras.

Robles también es de la opinión de que deben incrementarse los aportes y reducir los privilegios, pero teme que la falta de información de los empleados provoque que sean inflexibles en sus demandas.

"Si no cambiaran de opinión, yo plantearía una reforma con lo que ellos dicen, pero quitando la garantía del Estado", aseveró.

El miércoles los diputados tocarán el tema en plenario tras regresar de vacaciones.