Tobilleras: Gerente intentó colocar a exdiputado en Junta Directiva a ESPH

(CRHoy.com) El gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) habría intentado colocar al exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Víctor Hugo Víquez en la junta directiva de la ESPH a través de un supuesto apoyo del alcalde de Heredia.

La sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial hace ese análisis a partir de mensajes de texto enviados entre Benavides y Víquez, los cuales se encuentran en el contenido probatorio del expediente 18-000094-1218-PE que investiga la supuesta comisión de un delito de tráfico de influencias por parte de Benavides para poder obtener la millonaria licitación del programa de monitoreo electrónico de privados de libertad.

En fecha del 16 de enero de 2016, Benavides le comentó a Víctor Hugo Víquez que se acercaba el periodo para que pudiera participar de la votación que se aproximaba. 

Para esos efectos, Víctor Hugo Víquez habría contactado al alcalde de Heredia José Manuel Ulate, para recibir su apoyo ante la Cámara de Industrias (entidad que tenía la potestad de apoyo), aunque finalmente en la votación llevada a cabo en el segundo semestre de 2016, la votación no favoreció a Víquez. 

Cabe destacar, que al ser la ESPH una organización de origen público, tiene una ley especial que establece la participación de diferentes entes estatales para escoger a sus representantes, entre ellos, concejos municipales en Heredia y la Cámara de Industrias de esa provincia. 

Consultado al respecto, el alcalde de Heredia, José Manuel Ulate, aseguró que es completamente falso que haya mediado o ejercido algún tipo de presión a alguna persona u entidad para poder colocar a Víctor Hugo Víquez en un cargo de la ESPH.

"Hay varias formas para que en la asamblea general de la ESPH se elija a una persona, pero es totalmente falso que yo haya mediado por alguna persona", dijo Ulate.

Según los análisis del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la intención de Benavides y de Víquez, era mantener una conexión más cercana dentro de la operación de la ESPH, que les permitiría estar de cerca a varios proyectos de naturaleza pública sobre los que tenían interés en colocar a la empresa herediana como concursante. 

Tanto Benavides como Víquez, han manifestado que no se referirán a la investigación que tramita la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción en su contra.

Inclusive la cercanía entre Benavides y Víquez queda en evidencia en mensajes que sugieren intenciones de incluir a la ESPH en proyectos que ni siquiera han sido licitados, como por ejemplo el Sistema de Pago Electrónico de Transporte Público. 

Este plan se encuentra en fase de construcción desde una comisión interinstitucional coordinada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Investigación

Allan Benavides es investigado por tráfico de influencias debido a que en el teléfono celular del exdiputado Víctor Hugo Víquez aparecieron conversaciones entre ambos, que demostraban detalles (año 2016) sobre negociaciones irregulares para poder alcanzar el contrato de tobilleras electrónicas para privados de libertad, plan del Ministerio de Justicia y Paz.

Esas eventuales acciones las ejecutaron con la supuesta ayuda de Celso Gamboa, en ese entonces magistrado de la Sala III, para que convenciera a su madre, la ministra de Justicia Cecilia Sánchez, de favorecer a la ESPH.

La empresa herediana, pese a que afirmó en el contrato tener la suficiente experiencia para poder brindar el servicio de monitoreo electrónico, subcontrató a la firma Control Electrónico (Grupo Cesa) para que fuesen ellos los que trajeran a Costa Rica los dispositivos electrónicos para controlar a los privados de libertad.

Al dueño de Grupo Cesa, de apellido Rothe, también lo investiga la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

La Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial pretenden establecer, si eventualmente se habrían dado situaciones irregulares en otros concursos públicos.