Un tema polémico en los últimos meses ha sido la continuada apreciación del colon frente al dólar de los Estados Unidos. El Banco Central de Costa Rica (BCCR) ha explicado que la abundante oferta de dólares obedece a factores relacionados con el modelo exportador que el país ha mantenido desde mediados de los 80s, a la recuperación de la actividad turística después de la pandemia, el dinamismo de la inversión extranjera directa, la colocación de Eurobonos, la contratación de préstamos con organismos internacionales. Operaciones en divisas incorrectamente registradas y la presencia de actividades ilegales son otros elementos que se han añadido a la discusión. Por otra parte, la baja demanda de moneda extranjera se explica en gran medida por la mayor preferencia en moneda local frente a la extranjera, por el diferencial de tasas de interés por el ahorro y la inversión en favor de los rendimientos en colones. En consecuencia, el BCCR acumula un monto de reservas monetarias sin precedentes y se registra un superávit en el sistema MONEX.
Ante esta situación, las empresas reclaman que la apreciación cambiaria afecta su competitividad internacional, y que los ingresos derivados de sus ventas no cubren los costos locales. Sostienen que la actividad turística se ve perjudicada al convertirse el país en un destino caro frente a otros competidores. Esto factores, se argumenta, están teniendo efectos negativos en el empleo. Si bien el tipo de cambio es un elemento que incide en la competitividad de las empresas, no es el único. Culpar al BCCR por la pérdida de empleos es basarse en una coyuntura dejando de lado problemas estructurales en el mercado de trabajo.
Se entiende que una empresa tiene una ventaja competitiva si es más exitosa que sus rivales en crear y entregar valor económico, y que dicho éxito depende de la posición relativa de la empresa respecto a sus competidores en términos de los costos y beneficios a los consumidores. En el ámbito microeconómico compete entonces a las empresas realizar un esfuerzo para crear y entregar ese valor, en términos de manejo de costos, estrategia empresarial, productividad, deseo y capacidad de innovación, entre otros.
Corresponde a la política pública proveer las condiciones para que las empresas desarrollen sus ventajas competitivas. En esto el Estado costarricense ha fallado. La red vial es de baja calidad (40% de las carretas es deficiente o muy deficiente), la matriz energética depende en un 75% de energía hidroeléctrica cara, la cobertura de red de saneamiento y tratamiento de aguas residuales es de las bajas dentro de los países de la OCDE ( 20% versus 76% ), persisten bajos retornos educativos a pesar del elevado gasto en educación (la graduación en secundaria ronda el 70% comparado con 85% en países OCDE), Costa Rica es ampliamente superado en las pruebas PISA por países con niveles similares de ingreso per capta, a pesar de que el gasto en educación en mucho mayor, y la tasa de homicidios por 100 mil habitantes paso de 11% en 2019 a 17% en 2023. Estos aspectos los resumía, hace mucho tiempo, una conocida frase: "la competitividad de las empresas costarricenses se reduce en el momento que el producto sale por el portón de la finca o por la bodega de la fábrica" Al parecer esta vieja frase sigue siendo válida.
Las estadísticas evidencian un mercado laboral fragmentado, con altos índices de informalidad, brechas salariales significativas por género, persistencia de alto desempleo por género, grupos etarios y regiones, disminución en las tasas de ocupación, aumento en el número de personas que abandonan el mercado laboral (desalentados). La mayoría de estos factores no guardan relación con el tipo de cambio. Son problemas estructurales que van más allá del ámbito de acción del BCCR.
Se podría valorar, bajo ciertas condiciones, si cabe compensar en alguna medida el deterioro en la competitividad de las empresas debido a la ineficiencia del aparato estatal. Pero no caer en la tentación de utilizar la política cambiaria como un mecanismo recurrente para levantar artificialmente la competitividad de las empresas. El Estado, y las empresas, deben asumir cada uno la responsabilidad que les comete. Y no perder de vista que toda acción de política económica tiene un costo y un beneficio para la sociedad.
Nota del editor:
Por error, el presente artículo se le había consignado al señor Miguel Ángel Rodríguez. El autor es el señor Miguel Loría.
