Tico detenido por narco en EE. UU. regresó al país a comprarse carro de $80 mil
OIJ y Fiscalía insisten en reforma a la ley de de capitales emergentes que está frenada en el congreso
Un costarricense de apellido Ortega, conocido con el alias de "Chato", ingresó a Costa Rica en un vuelo procedente de los Estados Unidos bajo la condición de deportado, en mayo del 2024, y de las primeras cosas que hizo en nuestro país fue adquirir una Toyota Fortuner 2025 valorada en unos 40 millones de colones o su equivalente en dólares, unos $80 mil.
Este sujeto ampliamente conocido por las autoridades nacionales había sido detenido en el aeropuerto Óscar Arnulfo Romero en El Salvador, en agosto del 2017, requerido por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA). Según documentos del expediente judicial, en octubre del 2018 la Corte Suprema de Justicia votó para aprobar su extradición a los Estados Unidos bajo los siguientes cargos:
Se ha realizado análisis requerido por el Pleno sobre requerimiento de garantías al país requirente sobre no aplicación de prisión perpetua, procedencia de entrega de ciudadano extranjero por parte de El Salvador y notificación a representación diplomática. a) 167-S-2017. Estados Unidos de Norteamérica reclama al ciudadano costarricense Ortega por los delitos de Asociación delictuosa para elaborar y distribuir cocaína y elaboración y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína. Se llama a votar por conceder la extradición del ciudadano costarricense Ortega a los Estados Unidos de América, previo cumplimiento de condiciones por el Estado requirente dentro de treinta días.
Documentos oficiales indican luego de estadía en los Estados Unidos regresó a Costa Rica ingresando por el aeropuerto internacional Juan Santamaría, el 10 de mayo del 2024 a la 1:07 p.m. Casi un año después, el 5 de mayo del 2025 registra salidas a Panamá e ingresos a Costa Rica.
Alias "Chato", según el Registro de la Propiedad, adquirió un Toyota Fortuner 2025 valorada en casi 40 millones de colones, alrededor de $80 mil la cual fue inscrita en febrero de este año.
Este sujeto reporta un salario de entre 775 mil y 800 mil colones y registra propiedades sembradas con palma africana en la zona sur de Costa Rica, en la misma cooperativa en la cual tienen sembradíos Darwin González Hernández alias "Pancho Villa", sentenciado por narcotráfico, y Johnny Angulo Fernández. alias "John Cadenas", detenido semanas atrás requerido por las autoridades italianas por el delito de narcotráfico.
Situaciones como esta ponen a prueba la verdadera efectividad de las extradiciones y las negociaciones que logren los requeridos por la justicia de los Estados Unidos. Por ejemplo, las negociaciones que realiza la DEA o un fiscal de los Estados Unidos también incluyen los bienes adquiridos con dinero del narcotráfico sean casas, terrenos, sembradíos, carros, incluso, dinero en efectivo.
Estas negociaciones permiten, por ejemplo, que dependiendo de la calidad de la información, la cual debe ser confirmada, el narcotraficante pueda quedar con un porcentaje de sus bienes.
Para el fiscal general de la República, Carlo Díaz, estos procesos de extradición son muy importantes ya "que se constituyen en una opción más en la lucha contra el tráfico internacional de drogas. El comiso de los bienes es otro de los objetivos. Por eso resulta importante que por nuestra parte o en coordinación con otras autoridades extranjeras demos persecución a los mismos".
El fiscal general confirmó a CR Hoy que siempre existe la posibilidad de que los primeros extraditables costarricenses consigan algún tipo de acuerdo con las autoridades judiciales de ese país para mantener parte de la fortuna que han acumulado.
"En la reunión que mantuvimos con el fiscal del distrito de Texas y los investigadores de la DEA se tocó ese tema precisamente: la persecución patrimonial de los bienes de estas personas.
Incluso ellos hablaron o mencionaron que existía posibilidad de compartir estos bienes o hasta podrían ser objeto de negociación de ellos", dijo el jerarca judicial.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, indicó que casos de extradición como los actuales con Celso Gamboa, Edwin López Vega y Jonathan Álvarez Alfaro son exitosos ya que las autoridades de los Estados Unidos aplican medidas como capitales emergentes además de la inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Actualmente, en nuestro país el proyecto para aplicar en este tipo de casos fue rechazado en segundo debate, el pasado 14 de agosto, y podría regresar a una comisión legislativa por tiempo indefinido. Este proyecto pretende reformar la figura de capitales emergentes para permitir al Estado confiscar bienes o valores cuya procedencia esté vinculada a actividades ilícitas, como el narcotráfico o el lavado de dinero.
Dicho proyecto busca atacar los llamados capitales emergentes, como casas, carros o propiedades, que se generan de actividades ilícitas, generalmente del lavado de dinero y el narcotráfico.
La iniciativa es una reforma a la Jurisdicción Contencioso Administrativa que propone secuestrar capitales sin un origen lícito aparente y llegó a la corriente legislativa desde el gobierno de Carlos Alvarado.
El proyecto no establece un umbral para investigar a los capitales emergentes.
El Ministerio Público tendría la facultad de solicitar al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, la adopción de una medida cautelar anticipada y provisional destinada a asegurar, secuestrar, conservar o verificar bienes y productos financieros de interés.
