Testigo calificó de extraña la orden que recibió para eliminar nombre de Johnny Araya en causa penal

Dos técnicos judiciales que trabajaron para el Ministerio Público, Gabriela Quirós y Arnold Téllez, ratificaron que, a principios de 2016, se gestionaron acciones para quitar del sistema informático de casos al exalcalde de San José, Johnny Araya Monge, pese a que figuraba entre los imputados en una investigación por presuntas irregularidades en un caso de contratación pública.

Téllez confirmó que realizó las gestiones bajo órdenes de la fiscala Natalia Rojas, quien investigaba la contratación.

De acuerdo con la acusación, fue el exsubjefe del Ministerio Público, Celso Gamboa Sánchez, junto con la exfiscala adjunta de Probidad, Berenice Smith Bonilla, quienes habrían dado las órdenes u orquestado la eliminación del exalcalde.

Esto ocurrió durante la campaña electoral de 2016, en la cual Araya era candidato a la alcaldía, buscando su regreso al gobierno local josefino. La instrucción de la fiscalía era eliminar el nombre, pero por el cargo que tenía, Téllez no fue responsable de corroborar si existía un error o si era correcta la eliminación.

Tampoco había lineamientos claros sobre cuándo se podía borrar el nombre de una persona imputada, aunque le pareció extraño, ya que nunca había escuchado de la eliminación de un imputado. Afirmó que, como fiscal, nunca ha ordenado algo semejante.

Además, relató que nunca se le indicó la razón de fondo, pero sí se le ordenó eliminarlo.

Aseveró que en la Fiscalía Anticorrupción existía una mala práctica en el manejo de la información, particularmente cuando unidades administrativas o de prensa consultaban si una persona figuraba en un expediente, hasta que el entonces jefe de ese despacho, Juan Carlos Cubillo, ordenó que, a partir de ese momento, todas las consultas de prensa del Poder Judicial, el Ministerio Público o la Unidad Administrativa respecto a intervinientes debían canalizarse exclusivamente a través suyo.

"No era normal ese tipo de solicitudes, yo trabajaba en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) desde el 2011 y nunca había escuchado de la eliminación de un imputado hasta ese momento. Sí de la inclusión, pero no de la eliminación", indicó el funcionario.

El funcionario declaró cómo se eliminó del sistema informático el nombre de ese interviniente en una causa penal, y que esa gestión se hizo desde el perfil de una funcionaria con los permisos necesarios para realizar ese tipo de modificaciones.

El testigo explicó que, aunque no recordaba con precisión si la solicitud le fue comunicada de forma presencial o telefónica, sí supo que existía una instrucción para sacar a una persona del expediente judicial. Por eso, remitió la orden a los encargados del sistema informático.

Ante esa consulta, verificó los accesos disponibles en el sistema y comprobó que el perfil de la funcionaria Gabriela Quirós tenía habilitada la opción para realizar la eliminación, pero no la realizó de inmediato.

Según su testimonio, la operación fue realizada efectivamente y, tras corroborarlo, notificó que los superiores que ya no figuraba en el expediente digital.

Además, señaló que, como parte del procedimiento, esa información fue trasladada al Departamento de Informática del Poder Judicial, aunque admitió no estar seguro de si el reporte se hizo antes o después de ejecutar la modificación. La eliminación fue efectiva y que el nombre del interviniente dejó de aparecer en el sistema.

Téllez también recordó que, posteriormente, una persona se presentó en la oficina judicial para recoger una constancia oficial que confirmaba que el interviniente ya no aparecía en el expediente.

Este documento fue entregado, según dijo, a solicitud expresa de una autoridad, aunque no detalló a quién se refería ni qué uso se le dio a dicha constancia.

La declaración deja entrever que se trató de una gestión para favorecer a una figura pública, al suprimir cualquier rastro de su vinculación en el sistema judicial.

Este testimonio aportado por la Fiscalía busca corroborar que existieron órdenes internas para eliminar a un interviniente de un expediente judicial —presuntamente Johnny Araya— y que dicha acción fue facilitada desde dentro del sistema judicial, utilizando perfiles con los permisos adecuados.

La mención de una constancia oficial entregada tras la eliminación, así como la posible participación del Departamento de Informática, refuerza la gravedad del hecho y evidencia un patrón de manipulación institucional para favorecer a figuras políticas mediante el ocultamiento de sus nombres en causas judiciales, según la tesis de la Fiscalía.

Otra testigo

La testigo confirmó que el nombre de un imputado —en este caso, Johnny Araya— fue eliminado del sistema de gestión judicial, aunque afirmó que no fue ella quien realizó la modificación, ya que se encontraba de vacaciones en ese periodo.

Según relató, fue un compañero quien la sustituyó y habría sido la persona que ejecutó la eliminación del nombre en su ausencia.

"Me consultaron que si yo había hecho la eliminación, ni me acordaba porque no fue en la época que yo estuve. Pero eso decía que el compañero Arnold Tellez, cuando me había estado sustituyendo, había hecho la eliminación de un nombre o una persona en un estudio", señaló Quirós.

Quirós aclaró que, en caso de cometer un error al ingresar un nombre en el sistema, era posible corregirlo sin necesidad de acudir a la Unidad de Tecnología de la Información, lo que deja abierta la posibilidad de manipulaciones discrecionales.

La funcionaria también indicó que el sistema no permitía consignar múltiples requerimientos conclusivos (por ejemplo, sobreseimiento y desestimación), lo que habría forzado a elegir solo uno, afectando la transparencia del historial procesal.

La testigo no verificó, al regresar de vacaciones, si el sistema aún contenía el nombre del imputado, lo que podría evidenciar fallas en los controles y la supervisión interna.

Quirós también confirmó que se recibían consultas de prensa o institucionales sobre expedientes abiertos, y que estas se respondían si venían acompañadas por listas oficiales, aunque no recordó algún caso específico de presión mediática o institucional relevante.

Adicionalmente, negó haber recibido directa o personalmente presiones de Celso Gamboa, pero no descartó contactos con otros funcionarios.

De acuerdo con su testimonio, el acceso físico a la Fiscalía de Probidad podía permanecer abierto si los agentes dejaban una silla u objeto como tope, lo cual podría comprometer la seguridad y confidencialidad de los expedientes.

La declaración de la testigo confirma vacíos en los controles, especialmente en lo que respecta a la manipulación del sistema de gestión judicial, la escasa trazabilidad de los cambios y la fragilidad de los mecanismos de supervisión interna, todo en el contexto de un expediente penal que involucra a figuras políticas de alto perfil.

Esto refuerza la línea de investigación sobre el uso del poder dentro del Ministerio Público para favorecer a alguna persona, y la eventual desaparición de nombres clave de bases de datos oficiales —en este caso, el de un entonces candidato y actual diputado— sin responsables claros ni justificaciones institucionales sólidas.

Los hechos

Según la acusación que ahora enfrenta Araya, hubo contactos con el entonces subjefe del Ministerio Público, Celso Gamboa Sánchez, para agilizar el trámite y lograr el cambio en su estatus judicial.

La Fiscalía sostiene que los tres imputados —Gamboa, Araya y la fiscala subrogante Berenice Smith Bonilla— ejecutaron una serie de acciones concertadas entre noviembre de 2015 y enero de 2016 para supuestamente manipular la causa penal por presunto enriquecimiento ilícito y eliminar la condición de imputado de Araya en pleno proceso electoral.

De acuerdo con la acusación, Gamboa y Smith utilizaron su jerarquía para influir sobre la fiscala instructora del caso, Natalia Rojas Méndez, y lograr que emitiera un oficio que —en apariencia— afirmaba falsamente que Araya no era imputado.

El documento clave fue entregado a Araya el 6 de enero de 2016. Al día siguiente, su nombre fue eliminado del sistema informático de la Fiscalía.

Dos días después, el 8 de enero, el entonces candidato a la reelección como alcalde por el partido Alianza por San José envió el oficio por WhatsApp a una periodista que preparaba un reportaje sobre aspirantes con causas penales pendientes.

Gracias a esa maniobra, el nombre de Araya no apareció en el listado publicado el 2 de febrero de 2016. Según la Fiscalía, los imputados habrían generado una "ventaja indebida" que permitió al exalcalde ocultar su condición procesal ante el electorado.

Durante sus declaraciones, Gamboa y Araya negaron haber incurrido en delitos o irregularidades, mientras que Smith prefirió no declarar.