Tesorero del Banco Nacional es investigado por aparente lavado de dinero

El principal sospechoso de la sustracción de más de ₡3.293 millones de las bóvedas del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), un tesorero de apellidos Olivas Valle, está también bajo la lupa de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) por el presunto delito de legitimación de capitales.

El imputado, funcionario de la entidad bancaria y de 37 años, fue detenido el 8 de octubre de 2023 como eje del presunto robo millonario.

Otras 7 personas (empleadas del banco) fueron detenidas ese día en las acciones desplegadas por el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pero solo Olivas cumple prisión preventiva.

En principio, al tesorero le imputaron los presuntos delitos de peculado e incumplimiento de deberes. Tras el avance de las pesquisas, la Fapta abrió un expediente aparte contra el sujeto por aparente lavado de dinero. El legajo será incorporado en la misma causa del caso conocido mediáticamente como "Gallo Tapado" por estar relacionado con los mismos hechos bajo la lupa.

"El señor Olivas Valle figura como imputado en la causa penal 23-000078-1322-PE, por el presunto delito de legitimación de capitales. Esa causa tuvo su origen en la Fiscalía de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, sin embargo, el expediente se remitió a la Fapta, donde será acumulado a la causa 23-369-1218-PE, que es el expediente principal donde se investiga el caso en perjuicio del BNCR", citó la oficina de prensa del Ministerio Público.

Carlos Manuel Rivera Vargas, abogado del imputado, confirmó que ya está enterado de este nuevo presunto delito imputado al funcionario. No obstante, detalló que Olivas Valle aún no ha sido indagado por este hecho.

Rivera agregó que para abril está prevista una nueva audiencia de prórroga de medidas cautelares y en mayo se efectuaría la apertura de prueba electrónica contenida en el expediente a cargo de la Fapta.

El abogado indicó que está pendiente la incorporación de informes forenses y financieros elaborados por el OIJ. El interés es solicitar un cambio de medidas cautelares, alternas a la prisión, a partir de finales de abril.

"Sabemos que hay un expediente adicional donde se le está abriendo una causa por legitimación de capitales, aparte de la del peculado. Estamos en la etapa de estudio de los informes que aparecen ahí. Mi cliente no ha sido indagado por esos hechos", expuso Rivera.

Los rumores de "desorden" y "manejos irregulares" en el Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo (CIPE) del BNCR fueron la punta del iceberg que permitió descubrir la presunta sustracción de ₡3.293 millones de las bóvedas de la institución.

Las presuntas anomalías en el manejo del efectivo se conocían desde mediados de 2023, según consta en la orden de allanamiento por este caso. Para entonces, ya existían alertas confidenciales sobre presuntas irregularidades de funcionarios destacados en esa dependencia.

A partir de eso, la Dirección de Control y Cumplimiento Normativo del BNCR realizó el estudio CCN-CSI-060-2023-IN3, en el cual se fiscalizó la Administración del Numerario (área donde se gestiona el efectivo que ingresa procedente de tulas o colas de billetes), entre el 31 de julio y el 29 de agosto de 2023.

En esa misma línea, el 23 de agosto de 2023, se realizó una charla con funcionarios destacados en la Administración del Numerario "a raíz del desorden en el manejo del dinero en efectivo percibido por analistas en el CIPE y por información confidencial recibida en esa misma dependencia".

Esa fue la primera ocasión en que se advirtió sobre el "manejo irregular" asociado al tesorero de apellidos Olivas Valle, de 37 años, quien figura como principal imputado en la presunta sustracción millonaria del dinero.

A partir de estos hallazgos, la Dirección de Control y Cumplimiento Normativo del BNCR, decidió intervenir las oficinas encargadas de la gestión del efectivo que ingresaba a las bóvedas y se procedió a efectuar un arqueo físico en octubre de 2023.

"De esta manera, tal y como consta en el adendum CCN-CSI-076-2023-IN4, el 3 de octubre de 2023 la Dirección de Control y Cumplimiento Normativo del BNCR inició un arqueo del CIPE, el cual terminó el 4 de octubre de 2023. Ejercicio que fue repetido nuevamente el 6 de octubre de 2023, determinando así que existe un faltante de 3.239.829.421,40 colones en efectivo, que debían estar en custodia del señor Olivas Valle", cita la orden de allanamiento que dio pie a las detenciones de 8 de los 9 imputados en la causa penal, el 8 de noviembre.

El OIJ y la Fapta arrancaron las pesquisas luego del 23 de octubre de 2023, tras la información reportada en medios de comunicación. El BNCR tardó casi 3 semanas en presentar una denuncia penal por el hecho y, más bien, las autoridades investigan si la directora jurídica de la entidad, de apellidos Herrera Cantillo, procuró que la presunta sustracción del dinero no trascendiera a la esfera pública.

En la hipótesis inicial, el OIJ apunta a que Olivas Valle habría sustraído dinero en efectivo durante 7 ocasiones distintas entre agosto y setiembre. Ante la aparente falta de arqueos físicos y controles exhaustivos desde el año 2019, investigarán si existe sustracción de dinero en los últimos 4 años

La fiscalía apunta a que Olivas se asoció con otros funcionarios, cuyos rangos y apellidos se detallan a continuación, para ejecutar la sustracción de los dineros:

• Ugalde Morales: Supervisor de Tesorería de Procesamiento de Efectivo.
• Blanco Oviedo: Supervisor de Procesamiento de Efectivo.
• Cerdas Martínez: Autoevaluadora de Procesamiento de Efectivo.
• Hernández Saborío: Contador de efectivo.
• Madrigal Faerrón: Jefe de Tesorería.
• Bolaños Zúñiga: Guarda de seguridad.

Olivas Valle se habría encargado de la ejecución material de las sustracciones de dinero, lo cual desarrolló valiéndose de la incomunicabilidad que existió entre el Sistema Transaccional Finesse y el Sistema de Control de la Administración de Efectivo (SCAE).

Al parecer, Olivas entregó al imputado de apellidos Ugalde Morales sumas de dinero inferiores a las recibidas por los demás funcionarios del Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo (CIPE).

De esta manera, logró acumular de manera injustificada una suma superior a los ₡4.556 millones, de los cuales ₡3.239 millones fueron sustraídos de las instalaciones del banco.

La investigación logró acreditar, al menos, 7 presuntas sustracciones ocurridas entre el 25 de agosto y el 26 de setiembre de 2023, bajo un mismo modo de operación: Olivas Valle, aprovechándose de las funciones que tenía en el BNCR, habría introducido fajos de billetes en un sobre de manila de color amarillo, acumulando sumas aún no determinadas en efectivo.

Al presuntamente sustraer los billetes, salía caminando de la esclusa y del puesto de seguridad del CIPE. Siempre con el sobre de manila de color amarillo en la mano derecha.

Los imputados Blanco Oviedo, Ugalde Morales, Hernández Saborío, Madrigal Faerrón, Ramírez Sandí (supervisor de procesamiento de efectivo) y Cerdas Méndez se habrían encargado de "ocultar el desbalance contable que generó la sustracción del dinero en efectivo realizado por Olivas Valle".

Esto lo lograban, según la fiscalía, mediante el registro de información falsa en los arqueos que diariamente debían realizar, así como con la omisión y ejecución y verificación de los controles establecidos en cada una de las funciones que tenían a cargo.

A partir de esto, Olivas Valle tuvo posibilidad de sustraer los ₡3.293 millones en el lapso temporal bajo investigación.

Para el Ministerio Público, la "organización criminal" procedió a establecer un esquema operacional que tenía como objetivo justificar el origen del dinero que adquirieron producto de la actividad ilícita.

Olivas Valle, entre enero de 2022 a octubre de 2023, habría procedido de manera sistemática y reiterada a comprar hasta ₡60 millones mensuales en lotería (chances y Tres Monazos) a razón de ₡2 millones a ₡3 millones por día.

"Producto de esa saturación estadística, logró hacerse acreedor de múltiples premios otorgados por la Junta de Protección Social (JPS), los cuales fueron repartidos entre todos los miembros de la organización", detalla la orden de allanamiento.

Según la fiscalía, Madrigal Faerrón habría comprado una propiedad en San Jerónimo de Moravia donde construyó una vivienda esquinera. Precisamente, este funcionario se acogió a la jubilación el 4 de octubre de 2023, justo 1 día después de que internamente se destapara la presunta sustracción de los dineros.

Olivas Valle es funcionario del BNCR desde 2014 y es vecino de Ipís de Goicoechea.