Termina indagatoria de exministro Batalla y presidente de CNE: podrían pasar esta noche en celdas
Alrededor de las 5:30 p.m. de este martes, culminaron las indagatorias a Mauricio Batalla Otárola, exministro de Obras Públicas y Transportes y Alejandro Picado Eduarte, actual presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), ambos detenidos en horas matutinas por el caso Pista Oscura.
La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) ya terminó de tomar la declaración a estos dos sospechosos, mientras que el director de Aviación Civil, Marco Castillo y el jefe de la unidad de fiscalización de obras de la CNE, Henry Villalobos, aún no han sido indagados.
Todavía es incierto si se ordenará la liberación de los cuatro sujetos este mismo martes o si por el contrario, pasarán la noche durmiendo en celdas de la Sección de Cárceles del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Gerardo Chaves y José Francisco Madrigal, abogados defensores de Batalla y Picado, explicaron que dado que todavía quedaron pendientes dos indagatorias, no es posible saber si la Fiscalía solicitará una audiencia de medidas cautelares.
Si los fiscales deciden no solicitar medidas cautelares del todo o no pedir prisión preventiva, cabe la posibilidad que esta noche no se realice una audiencia y se permita a los imputados salir.
En caso contrario, que el Ministerio Público sí pida medidas cautelares, se deberá definir si la audiencia se realiza en la noche o a partir de este miércoles. De momento, existe alta posibilidad de que Batalla y el resto permanezcan detenidos por más tiempo hasta mañana.
Los 4 fueron detenidos esta mañana en sus viviendas como sospechosos del caso Pista Oscura, un expediente penal en el que se investiga una posible desviación de casi $40 millones para reparaciones parciales en la pista del Aeropuerto Internacional de Guanacaste, el Daniel Oduber Quirós.
Tras las capturas, ejecutadas en Ayarco de Curridabat, Pavas de San José, Oreamuno de Cartago y Santa Bárbara de Heredia, los cuatro imputados fueron remitidos al Segundo Circuito Judicial de San José, donde a media mañana les reseñaron y tomaron datos de identidad.
Ahora tras las indagatorias, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) valorará la posible petición de medidas cautelares, para continuar la investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias, influencia contra de la Hacienda Pública y malversación de fondos.
Caso Pista Oscura
Las indagaciones seguidas bajo la causa penal 24-000454-1218-PE, se relacionan con una serie de supuestas irregularidades con la declaratoria de emergencia para rehabilitar la pista de aterrizaje de la terminal aérea en Liberia. Según el Ministerio Público, la emergencia se justificó falsamente, pues atribuyó los daños que presentaba la pista como consecuencia de la tormenta tropical Bonnie y otras ondas tropicales ocurridas en el 2022, pero lo cierto es que los perjuicios se presentaron previo a esos fenómenos naturales.
De esta forma, el Poder Ejecutivo modificó un decreto para incluir a Liberia en la emergencia nacional, habilitando una contratación por $39.9 millones adjudicada a la empresa Constructora MECO S.A., implicada años atrás en otros casos de posible corrupción como Cochinilla y Diamante.
La maniobra ejecutada por el Gobierno al emitir una declaratoria de emergencia, permitió simplificar los trámites para realizar las obras, puesto que se requiere de las mismas en el menor tiempo posible, lo que implica no solo la disponibilidad inmediata de los recursos, sino también que no se requiere del refrendo previo de la Contraloría General de la República (CGR), según explicaron en la Fiscalía.
La Fiscalía Anticorrupción señaló que, durante la ejecución de la obra, se detectaron incumplimientos contractuales de la empresa que presuntamente derivaron en presiones indebidas para modificar el contrato y omitir la sustitución de la base del pavimento, acción clave para la rehabilitación.
Las modificaciones llevaron a realizar un recarpeteo superficial en lugar de una reparación integral, dejando la base dañada y comprometiendo la seguridad de la pista. Pese a esto, no se sancionó a la empresa por incumplimientos ni abandono de obras.
De acuerdo con FAPTA, estas acciones generaron perjuicios económicos al Estado, al desviar recursos del Fondo Nacional de Emergencias para una obra que no se dañó producto de esos fenómenos naturales, además de vulnerarse la normativa de contratación pública.
A los investigados se les atribuye haber actuado en forma conjunta para dirigir el proceso mediante el cual se logró modificar el contrato entre la CNE y Constructora MECO S.A. para la rehabilitación de la pista de aterrizaje del aeropuerto.
Además, se les achaca que habrían aprovechado la influencia política y posición jerárquica que ostentaban para influir sobre funcionarios públicos para que firmaran la orden de modificación, lo anterior contrario a los criterios técnicos que se habían emitido respecto de la improcedencia de dichos cambios.
Los 22 allanamientos se ejecutan este martes en las casas de habitación de Batalla, Picado, Castillo y Villalobos, y de un hombre de apellido González, funcionario de MECO, quien no fue detenido.
Además, en la Dirección General de Aviación Civil (tres puntos), Comisión Nacional de Emergencias (siete puntos) y Ministerio de Obras Públicas y Transportes (un punto), Constructora MECO (cuatro puntos), uno en Ingeniería Técnica de Proyectos, así como en Ingeniería de Pavimentos.
