Sutel y Cámara cuestionan al Micitt sobre neutralidad tecnológica en reglamento 5G
En documento dirigidos a la ministra de Ciencia y Tecnología
(CRHoy.com).-La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) cuestionaron la neutralidad tecnológica del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) a la hora de elaborar en reglamento de ciberseguridad para redes 5G.
Ambas entidades se manifestaron a través de escritos dirigidos a Paula Bogantes, ministra de Ciencia y Tecnología.
En el documento CIT-0039-2023 de la Cámara, señala que es "es importante manifestar que Infocom defiende y promueve los principios de transparencia, la sana competencia y la neutralidad tecnológica. Estos valores, decididamente reconocidos por nuestra industria, complementan otros principios rectores en el ámbito de las telecomunicaciones, como son: la competencia efectiva, la no discriminación, y la flexibilidad en la elección de las opciones tecnológicas".
Y en el apartado de Consideraciones técnicas específicas, se mencionan aspectos que consideran críticos de analizar detenidamente, para buscar el fin de mantener un mercado abierto y competitivo en la industria de telecomunicaciones del país; en el punto 5 señala que "consideramos que se afecta la competencia en el mercado por la violación al principio de neutralidad tecnológica".
Mientras que el punto 14 del manifiesto es más amplio e indica lo siguiente:
El Reglamento impone condiciones de adquisición de tecnología violentando el Artículo 46 de la Constitución Política. El precepto consagrado en nuestra legislación más bien se orienta hacia la libertad de adquisición de cualquier tecnología. Así lo menciona el CAFTA cuando hace referencia los principios de "Flexibilidad en las Opciones Tecnológicas", que obliga a que Costa Rica no impedirá que los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones tengan la flexibilidad de escoger las tecnologías que ellos usen para suministrar sus servicios, sujeto a los requerimientos necesarios para satisfacer los intereses legítimos de política pública.
Este principio de "neutralidad tecnológica" es también recogido en nuestra Ley General de Telecomunicaciones, en su Art. 3, inciso h), que lo define como la posibilidad que tienen los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones para escoger las tecnologías por utilizar, siempre que estas dispongan de estándares comunes y garantizados, cumplan los requerimientos necesarios para satisfacer las metas y los objetivos de política sectorial y se garanticen, en forma adecuada, las condiciones de calidad y precio a que se refiere la Ley.
Lo que dijo la Sutel
Por su parte, la Superintendencia, por medio del oficio 06900-SUTEL-CS-2023 -que fue una respuesta a la consulta de carácter confidencial que le hizo el Micitt– en el punto IV. Del Principio Neutralidad Tecnológica, fue bastante claro sobre el tema, aludiendo al mismo artículo de la Ley Nº 8642.
"Según se observa en el numeral citado, el principio de neutralidad tecnológica evoca la facultad de los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones para elegir las tecnologías por utilizar siempre que estas sean acordes a los estándares debidamente establecidos. En este sentido, el Reglamento se direcciona a regular la materia de ciberseguridad únicamente para la tecnología 5G, dejando de lado las otras tecnologías (2G, 3G, 4G, entre otras) actualmente en funcionamiento, sobre las cuales igualmente pueden darse riesgos de seguridad.
Así las cosas, la propuesta reglamentaria no cumple con el principio citado, siendo que está direccionada únicamente a un tipo de tecnología, incluso dejando de lado que las redes 5G pueden operar de forma interconectada con otras tecnologías como lo es el modo "non-stand alone", dada la facultad que ostentan los operadores de desarrollar y diseñar sus propias redes. Finalmente, el reglamento propuesto debería apegarse al principio de neutralidad tecnológica, siendo que debe contemplar las tecnologías en uso y las que se vayan a desarrollar e implementar", indica el documento de la Sutel.
Mientras, el punto VIII. Análisis de los Artículos de la propuesta de reglamento, también se refiere al asunto.
El cuestionamiento de la Sutel implicó que el Micitt tuviera que modificar el reglamento antes de emitir su versión final publicada en el diario oficial La Gaceta, según consta en el documento MICITT-DGDCFD-INF-007-2023.
Micitt responde
Ante las constantes interrogantes sobre el Decreto Nº 44196-MSP-MICITT Reglamento sobre Medidas de Ciberseguridad Aplicables a los Servicios de Telecomunicaciones Basados en la Tecnología de Quinta Generación Móvil (5G) y Superiores, la ministra Paula Bogantes ha defendido la neutralidad tecnológica de la normativa.
Durante una audiencia ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, respondió una consulta de los legisladores sobre el hecho de que empresas como Huawei no pudieran proveer infraestructura tecnológica para redes de quinta generación, ya que su país de origen, China, no firmó el Convenio de Budapest, que no tiene nada que ver con ciberseguridad.
"Con respecto a la neutralidad tecnológica estamos siendo obedientes, se respeta, sin embargo, ciertamente las empresas, operadores o vendors que quieren participar en 5G tienen que cumplir con esta serie de requisitos y el Convenio de Budapest específicamente excluye a ciertos países, por tanto, las empresas con casa matriz en estos países, no pueden participar", contestó Bogantes Zamora.
"Respetamos el principio de neutralidad tecnológica, no le estamos diciendo a los operadores cuál tecnología específica deben utilizar, el Micitt se mantiene dentro del principio de neutralidad tecnológica y simplemente lo que decimos es: todos estos jugadores pueden ser parte del juego siempre y cuando sus casas matrices estén en un país que es firmante o está en proceso de adhesión del Convenio de Budapest", insistió la jerarca de Ciencia y Tecnología la noche del miércoles 11 de octubre en Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa, en la que los diputados reafirmaron que la decisión de incluir el tratado fue de carácter político y no técnico.