Reglamento de ciberseguridad impone un alto en el camino en ruta hacia 5G
Por aplicación del Decreto Ejecutivo 44196-MSP-MICITT
La emisión del Decreto Ejecutivo 44196-MSP-MICITT impone un alto en el camino en la ruta hacia el desarrollo de la tecnología 5G que llevaba el país.
Así lo señaló Ana Lucía Ramírez, directora ejecutiva de Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), durante una audiencia en la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa.
"El impacto del reglamento es básicamente en el progreso de las inversiones de los operadores, en las gestiones de negocio para el despliegue de sus redes y hemos señalado la vinculación de esta normativa directamente con el procedimiento que impulsa el país para el despliegue de las redes actuales y el desarrollo de nuevas tecnologías.
Es decir, este reglamento viene en el camino, en la hoja de ruta que teníamos como país hacia el desarrollo de 5G, nos hace un alto en el camino y nos cambia las reglas del juego de un momento a otro", considera Ramírez Calderón, que enfatizó que la normativa genera inseguridad jurídica.
Para la representante del sector telecomunicaciones, el reglamento implica 2 efectos inmediatos: en primer lugar una limitación del mercado nacional de proveedores y segundo, lo que conlleva en la carrera de nuevas tecnologías y en la competencia en la que se iba en la ruta hacia 5G.
Por otro lado, explicó que las redes 5G se edifican sobre las bases de elementos 4G que ya los operadores tenían en funcionamiento, lo que permite que desarrollen su red no partiendo de una completamente nueva, sino que inicia sobre la base de lo que ya tenían.
Según su criterio, este tipo de previsiones y proyecciones que los operadores iban a desarrollar, con el reglamento no lo permite y corta de raíz toda posibilidad de que puedan desplegar sus redes de esta manera, implicando que tienen que sustituir completamente sus equipos y además iniciar el despliegue de sus redes de cero.
"Nos parece impreciso señalar que el reglamento solo regula redes 5G y lo que se desplegará en un futuro, porque muchos de los elementos para las redes 5G en el país ya se encuentran operando en las redes 4G, vemos una conexión y tema que hay que delimitar bien, que hay que conversar y hay que ver los alcances de este reglamento en las redes existentes y el impacto para otros operadores en el futuro porque en la tecnología todo es convergente, todo está entrelazado", agregó durante su comparecencia.
Además, resaltó que los operadores públicos y privados se verían obligados a hacer inversiones cuantiosas con la aplicación del decreto.
Eventuales atrasos
Tal como ya lo han señalado otros expertos en la materia, la aplicación del Reglamento sobre Medidas de Ciberseguridad Aplicables a los Servicios de Telecomunicaciones Basados en la Tecnología de Quinta Generación Móvil (5G) y Superiores, significaría un aumento en inversiones no previstas por parte de los operadores, montos que terminarían pagando los clientes, así como eventuales atrasos en el despliegue de redes de quinta generación.
"Nos preocupan los eventuales retrasos que esto va a causar en el proceso hacia la ruta 5G en Costa Rica, que van a incidir negativamente en las inversiones, inhibiendo el mercado emergente, la innovación, lo cual va en detrimento de la economía, las personas y las empresas.
Estábamos en la carrera hacia 5G, si lo comparamos con una carrera teníamos compradas las zapatillas, la ropa que nos íbamos a poner para el día de la maratón y nos dijeron: ya no se puede correr con esa ropa, esos tenis y esa camisa y ahora corremos con otra ropa nueva de otro color, cambie lo que tenía previsto", manifestó Ana Lucía Ramírez ante los legisladores.
"Esto nos enfrenta a una disposición que es poco clara, que no fue consultada y nos empaña el camino hacia el desarrollo de la tecnología 5G.
La afectación en cuanto a la evolución tecnológica es en las inversiones de los operadores, las proyecciones de negocio que tenían, el estatus de sus redes actuales que son en general en la práctica mundial, la base para el despliegue de redes 5G con fuerza es fundamentarse en las redes 4G y la base que tiene actualmente el operador y de ahí arrancar", añadió durante el tiempo que le correspondía para explicar la posición del gremio ante la reglamentación.
Durante la comparecencia, la diputada Monserrat Ruiz preguntó el plazo que tomará la sustitución de equipos de 4G a 5G.
"Evidentemente este decreto no tuvo un análisis de costo beneficio de esta regulación de impacto en los administrados y en la industria que está directamente impactada por la regulación que es la de telecomunicaciones.
Lo que tenemos estimado es que es una carrera contra el tiempo si se desea que este concurso y estos procesos salgan en los próximos días, si esto sale en los próximos meses los operadores para hacer sus ofertas, deben tener esto ya establecido y calculado".
Ruiz Guevara le consultó si "¿estamos hablando de años?", a lo que Ramírez respondió que "con las limitantes que impone este decreto posiblemente va a haber un atraso".
"Posiblemente termine ese Gobierno y no esté implementado 5G, vamos a tener 12 años más de atraso", enfatizó la legisladora verdiblanca.