¿Qué pasaría si se aprueba el proyecto de ley que busca cerrar Racsa?

El pasado 8 de enero se presentó un proyecto de ley que pretende cerrar Radiográfica Costarricense (Racsa).

La iniciativa está a cargo de la diputada Kattia Cambronero del Partido Liberal Progresista (PLP).

Se trata del proyecto de ley número 24.105 "Cierre de Radiográfica Costarricense (Racsa)".

"Este proyecto nace a raíz de la necesidad que tiene el país de optimizar sus recursos en instituciones sólidas, eficientes y transparentes. Racsa S.A. parte del Grupo ICE, no solo carece de una estrategia clara y coherente para superar sus desafíos financieros y de competitividad en el mercado; sino que a lo largo de distintas administraciones se ha visto envuelta en graves cuestionamientos por su participación en proyectos ajenos a su razón de ser", argumenta la legisladora liberal en las razones para considerar el cierre de la subsidiaria del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

"Es urgente la necesidad de cerrar instituciones que han perdido su razón de ser. A lo largo de distintas administraciones se le han asignado a Racsa tareas para las que no está preparada; haciéndola vulnerable a posibles actos de corrupción.

Los costarricenses estamos cansados de instituciones que no agregan ningún valor para el país. Por eso, ya es hora de cerrar lo que no funciona y liquidar a estas instituciones que no son para nada transparentes", añadió Cambronero Aguiluz.

Los cuestionamientos

La institución pública de telecomunicaciones ha sido objeto de múltiples cuestionamientos recientemente.

Por ejemplo, entre los proyectos en entredicho que se le han adjudicado a la entidad fueron el de las tobilleras electrónicas y el de los escáneres para detectar drogas en puertos.

Sin embargo, este último proceso fue detenido el pasado 20 de diciembre pasado, cuando la Contraloría General de la República (CGR) ordenó dejar sin efecto la adquisición que pretendía el Poder Ejecutivo, tras la detección de una serie de múltiples anomalías.

De igual manera, el 8 de diciembre del 2023, 17 diputados de las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Frente Amplio (FA) suscribieron una denuncia penal que involucra varias contrataciones directas realizadas por Radiográfica, que habrían terminado presuntamente adjudicadas "a dedo" a terceros.

Finalmente, el 10 de febrero la entidad cumplió un año sin contar con un auditor interno nombrado en propiedad.

Los efectos

De acuerdo con 2 abogados especialistas en telecomunicaciones, un eventual cese de actividades de Racsa traería repercusiones.

Edwin Estrada, exviceministro de Telecomunicaciones, explica que "en resumen, los diputados en la discusión que tengan sobre el cierre de Racsa, deben garantizar que los servicios que Radiográfica esté brindando a los usuarios, se sigan dando, ya sea por medio del ICE o si van a sacar la cartera de clientes a licitación, pero es un tema que tiene que discutirse.

Y no se puede permitir que se disuelva Racsa y los servicios que está prestando a los clientes queden paralizados, porque evidentemente va en detrimento del interés público y sus clientes; por otro lado, si van a tomar la decisión de cerrarla o no, ese análisis debe ser de acuerdo con el interés público".

En tanto, para Juan Manuel Campos, director de Ciber Regulación, "con relación al proyecto de ley que pretende cerrar Racsa y recuperar frecuencias abre un debate importante en el país sobre la presencia del Estado en el sector público económico, de ahí que resulta fundamental preguntarse si es conveniente para un Estado tan pequeño como el costarricense, tener 2 operadoras con las mismas condiciones y concesiones.

Es claro aquí que el enfoque de negocios resulta fundamental y desde hace ya por lo menos unos 8 años Racsa ha venido dejando de operar sus concesiones al riesgo de que se le abrieron procedimientos ordinarios para la recuperación de frecuencias, ese es un lujo que el Estado no se puede dar, hay que usar eficientemente los recursos estatales y en buena hora que se abre el debate".

Campos Ávila añadió que "en caso de que prosperara eventualmente una legislación de este tipo habría que recuperar el espectro correspondiente y hacer una transición en donde no dudo que el ICE debería continuar los servicios que ha venido prestando para garantizar la continuidad de los mismos".

La reacción

Un día después de que se presentó la iniciativa se pidió una posición al respecto a Racsa e indicaron que se iba a "elevar la solicitud", sin que a la fecha se haya recibido respuesta.

El que sí se manifestó fue el ICE, que emitió un comunicado aclaratorio en el que indicaba que "en su gestión apegada al marco legal costarricense, Racsa ha contribuido con un ahorro significativo al Estado que, solo durante el 2023, superó los ¢8.400 millones de colones en contrataciones públicas, nacionales e internacionales, de distintas modalidades, incluidas licitaciones.

Actualmente, Radiográfica tiene una cartera de más de 700 clientes, entre públicos y privados".

Además, señaló que la empresa estatal de telecomunicaciones adjudicó a una empresa de tecnología para brindar servicios de telecomunicaciones 5G en el 2024, tanto para empresas como hogares y comercios.