Proponen uniformidad en reglamentación municipal de infraestructura previo a 5G

Además, expone una serie de observaciones previo a la implementación de redes 5G en el país y los desafíos en tramitología municipal para establecimiento de infraestructura.

"En el caso costarricense, la próxima licitación de espectro radioeléctrico para el despliegue de servicios móviles 5G constituye un elemento valioso para utilizar estos mecanismos de incentivos, mediante el establecimiento de una cláusula que permita abrirles a los operadores móviles la posibilidad de priorizar sus despliegues en aquellos municipios que cuenten con las menores barreras para el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones.

Lo cual a su vez también envía una señal a las municipalidades, en el tanto si quieren ser tomadas en cuenta en este proceso de priorización de despliegue 5G deben tomar las acciones necesarias para facilitar y promover el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones", indica el reporte.

Recomendaciones

Pese al ajuste en el cronograma de la licitación para subasta de frecuencias, es un hecho que tarde o temprano el país contará con redes IMT 2020, por lo que la Superintendencia hizo recomendaciones a los ayuntamientos para cuando llegue esta tecnología.

De acuerdo con la entidad, se busca reducir la heterogeneidad y favorecer la compartición de infraestructura.

"La principal barrera identificada en Sutel es la heterogeneidad que subyace en la normativa de los municipios. La existencia de 33 reglamentos es en sí misma una barrera muy relevante, lo que pone de manifiesto la urgencia de establecer estándares nacionales. La UIT ha destacado cuestiones de este tipo como aspecto clave a considerar para estimular la inversión en redes 5G.

En este sentido, es deseable que los municipios se adhieran a un reglamento estandarizado para la habilitación de obras de infraestructura de redes de telecomunicaciones móviles, ya que la armonización de la normativa ayudaría en relación con las cuestiones que preocupan a los operadores y destacadas en la experiencia internacional", se detalla en el estudio.

El análisis sugiere que esto podría colaborar en la coordinación necesaria entre las autoridades nacionales y subnacionales para que los trámites y requisitos técnicos relativos al despliegue de infraestructura se realicen armónicamente, sin discriminación, con celeridad y mediante criterios transparentes y razonables en tiempo y costos.

"Esto ayudaría también a simplificar, transparentar y estandarizar las restricciones establecidas por la normativa, y a reducir elementos de discrecionalidad y/o incertidumbre. Se propone entonces la implementación de un esquema de acreditación a "Municipios con implementación de normativa nacional y que favorecen la compartición de infraestructura", a partir de la implementación del próximo Reglamento a la Ley No. 10216.

Esta acreditación sería provista por la Sutel, el Micitt o de manera conjunta por ambos entes, una vez que el municipio demuestra que ha implementado y se encuentra operativo el reglamento nacional (mientras no exista reglamentación a la nueva ley, puede ser considerado el reglamento del INVU, al que ya están adheridos los municipios del Grupo 4). Se publicaría de manera periódica la lista de municipios que obtienen la acreditación", señala el análisis.

Reducción de tiempos

De igual forma, se propone reducir tiempos de tramitación de permisos y crear un indicador de plazos para autorizaciones de obras IMT, tras detectar la preocupación de los operadores en cuanto a los plazos de los procesos de autorización de obras a nivel municipal, lo cual también se ha evidenciado como uno de los obstáculos a sortear para el desarrollo de infraestructura 5G a nivel internacional.

"En este marco, se propone la implementación de un "Indicador de plazos de tramitación de permisos o licencias para la construcción de redes de infraestructura de telecomunicaciones IMT, incluyendo las relativas a 5G", que contribuya a identificar a los municipios más eficientes. Este indicador sería publicado anualmente.

El indicador se calculará como el promedio anual del plazo de todos los trámites para permiso de obras IMT en cada municipio. Para esto se requerirá que los operadores y las empresas de infraestructura envíen anualmente a la Sutel, la información sobre los trámites correspondientes a los 12 meses del año anterior en carácter de declaración jurada", sugiere el ente regulador.

Para que se desarrolle, cada operador y empresa de infraestructura a cargo del despliegue de redes móviles, remitirá un listado en el que se incluya el número de cada trámite o expediente que haya iniciado, la fecha de la solicitud y la fecha de otorgamiento de la autorización (o en su defecto se indicará que está pendiente de aprobación).

Entre otros puntos se propone:

• A los fines del cálculo, el plazo de cada trámite o expediente será medido en días corridos desde la fecha de la solicitud hasta la fecha de otorgamiento y solo se incluirán en el cálculo los trámites ya autorizados.
• El indicador reflejará el promedio simple de todos los trámites reportados para el año correspondiente.
• Se confeccionará un ranking de municipios en orden inverso al plazo promedio de los trámites.
• En la publicación, además del plazo promedio de cada municipio, se incluirá también el número de trámites iniciado en cada municipio, así como el número de los autorizados y pendientes.
• A partir del segundo año, se publicará la variación respecto del año anterior y la posición en el ranking del municipio en el año precedente, a fin de mostrar la evolución del desempeño.
• Los municipios también serán invitados a enviar la información correspondiente, indicando además en cada caso el solicitante de la autorización.
• En caso de discrepancias, se utilizará para el cálculo y publicación la información enviada por el municipio, y se dejará constancia de las diferencias.
• Finalmente, se propone complementar la publicación con información sobre solicitudes de silencio positivo, cuando los tiempos de respuesta previstos hayan sido superados. Para ello, se requerirá a los operadores y empresas de infraestructura que informen, para cada trámite o expediente, si se ha cumplido el plazo de silencio positivo y si se ha solicitado que se aplique dicho principio. De igual forma, se invitará a los municipios a que provean la información respectiva.
• Toda la información individualizada se mantendrá como confidencial.

"Un indicador similar puede pensarse en ser implementado posteriormente en materia de despliegue de celdas pequeñas en infraestructura de naturaleza pública. Estas acciones aplicadas en su conjunto se considera que tienen el potencial de generar una serie de incentivos para que las municipalidades adopten cambios en su normativa reglamentaria enfocadas a facilitar el despliegue de redes de telecomunicaciones, particularmente de redes móviles 5G", finaliza el documento.