Estos son los tres países que lideran la ciberseguridad en América Latina

Imagen con fines ilustrativos

Según el Índice Mundial de Ciberseguridad de la UIT publicado en 2021, en términos de madurez nacional en ciberseguridad, Brasil, México y Chile tuvieron los mejores resultados en la región de América Latina.

Dichas naciones establecieron esquemas de desarrollo en 5G y en ciberseguridad basados en acceso a múltiples proveedores y un esquema general de neutralidad tecnológica y libre competencia.

En el caso de Brasil, Las empresas de telecomunicaciones insistieron en un mercado libre, aludiendo a qué restricciones hacia determinadas compañías conllevaría pérdidas de miles de millones de dólares por reemplazo de equipo. Además, la evolución de la base instalada actual a 5G no sería posible, retrasando el 5G e impactando negativamente en los precios de los servicios de telecomunicaciones a los consumidores y, por lo tanto, dañando la transformación digital y el desarrollo.

El Comité Técnico de Despliegue 5G establecido por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México reconoce los principios para la regulación de la seguridad cibernética 5G en el documento "Marco Regulatorio Nacional de Seguridad Cibernética – Recomendaciones", estos principios se basan en neutralidad tecnológica, normas internacionales y la responsabilidad compartida.

Los gobiernos deben reconocer la naturaleza de responsabilidad compartida de la ciberseguridad. Las políticas y regulaciones deben reflejar dicha noción y promover la colaboración, la discusión y el reparto razonable de responsabilidades. La GSMA elaboró un modelo de responsabilidad compartida que ilustra un reparto transparente y justo de responsabilidades entre las diversas partes interesadas en el establecimiento de la ciberseguridad 5G.

En Chile, antes de la liberación de la 1ª Subasta 5G en 2021, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) publicó la Norma Técnica de Ciberseguridad para las Telecomunicaciones en 2020 por decreto (Resolución N° 1318/2020). El decreto está explícitamente vinculado al principio de neutralidad, que permite a los operadores seleccionar los mejores proveedores para obtener los mejores resultados. El decreto se divide en tres secciones principales: fundamentos generales de la ciberseguirdad, fundamentos técnicos de Ciberseguridad y de operaciones de la Ciberseguridad.

Actualmente, 4 operadores han desplegado redes 5G en la consideración de múltiples proveedores finalizando la 2ª fase, convirtiendo a Chile en uno de los referentes en LATAM.

1. Regulación asequible: Cuando estos gobiernos diseñan la política de ciberseguridad, tienen en cuenta la capacidad del país para implementar los planes y requisitos escritos. Cuando los gobiernos no tienen en cuenta los factores abordados en el marco de la asequibilidad durante el diseño de las políticas, podrían experimentar una consecuencia costosa llamada "brecha en la implementación de políticas" (PIG, por sus siglas en inglés). La brecha se refiere a las diferencias entre el resultado esperado durante la etapa de diseño de la política y el resultado real después de la implementación.
2. Uso de estándares reconocidos internacionalmente para abordar la ciberseguridad: La ciberseguridad es esencialmente una cuestión técnica. Las cuestiones técnicas deben resolverse mediante medidas técnicas, deben basarse en hechos y normas. Los gobiernos deben adoptar normas reconocidas internacionalmente cuando realizan reglamentos técnicos. Estas normas deben ser neutrales desde el punto de vista tecnológico y aplicarse por igual a todas las empresas y redes. Si se centra en factores no relacionados, como el país de origen o la ideología, eso no sirve para la prevención de riesgos.
3. Neutralidad tecnológica: El principio de neutralidad tecnológica es el pilar fundamental del desarrollo digital y de la industria de las TIC en todos los países, y es un principio global y universal. Podemos definirlo como aquel en el que ninguna tecnología, ningún proveedor o equipo, será favorecido o discriminado, siendo los operadores o usuarios finales libres de elegir el que mejor se adapte a sus necesidades. Cabe destacar que tanto la industria como la regulación de las telecomunicaciones tienen una larga tradición de respeto a este principio, que se ha manifestado en la normativa y jurisprudencia relacionada con esta industria.

En el contexto de la adaptación de la legislación y normativa en materia de ciberseguridad, hay que tener en cuenta que, la regulación no debe dar preferencia a la elección ni descalificar ninguna tecnología, porque es el mercado y los consumidores los que tienen derecho a tener acceso y a elegir la que mejor se adapte a sus necesidades.