Esta es la propuesta del CFIA para reactivar el proceso 5G

Luis Adrián Salazar Solís, exministro de Ciencia y Tecnología

El proceso para que el país cuente con tecnología 5G se encuentra actualmente en una parálisis operativa.

Son varios los factores que tienen detenida tanto la licitación de espectro como la de infraestructura para redes de quinta generación.

En el caso del proceso licitatorio de espectro radioeléctrico, la falta de conformación del Consejo Directivo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) impide la publicación del cartel final para subastar las frecuencias necesarias para implementar sistemas IMT 2020.

El nombramiento de los miembros del Consejo Directivo depende a su vez de la designación de un miembro faltante en la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).

Además, está pendiente de resolverse la apelación que hizo el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tras la sanción del órgano director por mal uso del espectro, que lo despojó de 70 MHz de la banda media de 2,6 MHz y no le permite participar en subastas de espectro por 3 años.

Finalmente, un recurso presentado por un grupo de sindicatos del ICE fue acogido por el Tribunal Contencioso Administrativo, lo cual deja temporalmente sin efecto la aplicación del Decreto 44196-MSP-MICITT que incluye el Convenio de Budapest, el cual impide la participación de empresas basadas en países que no hayan firmado el acuerdo como oferentes de equipos de telecomunicaciones para 5G.

Este mismo recurso paraliza hasta que emita una resolución, la licitación del ICE para adquirir soluciones para 5G, el cual este mes iba a comenzar a ser adjudicada.

Panel de expertos en 5G en el CFIA

Soluciones

Ante la situación, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) y el de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (Colper), realizaron la tercera Jornada Técnica de análisis y propuestas para la atención de problemáticas nacionales.

El diagnóstico fue realizado por Luis Adrián Salazar Solís, exministro de Ciencia y Tecnología. La actividad también incluyó un panel de especialistas que emitieron criterios con sustento profesional, integrado por Johana Obando Bonilla, diputada del Partido Liberal Progresista; Yandell Salazar Soto, experto del CFIA y Andrés Oviedo Guzmán, miembro de la Junta Directiva de Infocom. A pesar de que se le invitó a participar, no se hizo presente ningún representante del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

Estas son las propuestas del CFIA para la implementación de la tecnología 5G en Costa Rica:

• El país debe establecer una política pública que incentive el desarrollo de las telecomunicaciones y sea justa para todos los actores: operadores públicos y privados, gobiernos locales, instituciones como el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como usuarios. Todo esto con el objetivo de reducir la brecha digital.

• Se requiere una estrategia país que permita ser pionero en el uso de las tecnologías 5G, de modo que facilite su implementación a través de descuentos, incentivos y exenciones (por los primeros 2 años al menos). Estas medidas deben establecerse tanto por el gobierno central, como por los gobiernos locales y ser ejecutadas por el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).

• Es necesario que el país avance en la subasta del espectro. Las asignaciones y concesiones se deben guiar en criterios de eficiencia, eficacia, impulso al crecimiento y la productividad, democratización de los servicios finales y desarrollo social, y se debe evitar el uso de sistemas que premien o castiguen por criterios políticos.

• La competencia de los operadores públicos y privados es asimétrica. La regulación que se aplica a empresas públicas en muchos casos impide la inversión y el desarrollo. Además, por ley se le han otorgado responsabilidades al operador estatal que responden a negocios deficitarios, y esto no se ha ajustado posterior a la apertura del mercado, como sí ha sucedido en otros países de la región. Se debe revisar la legislación en búsqueda de mayor eficiencia e igualdad de condiciones para todos los actores.

• Actualmente, la normativa no permite agilidad en la implementación de las tecnologías 5G y para resolverlo se han presentado iniciativas legales que pretenden consentir el uso de infraestructura pública, así como compartida. Algunas propuestas se encuentran en la Asamblea Legislativa y otras ya han sido aprobadas, pero es necesario su avance en la aprobación y reglamentación.

• Deben revisarse los trámites para la construcción de infraestructura de telecomunicaciones, pues dependiendo del municipio, el otorgamiento del permiso puede tardar varios meses.

• El país debe tomar un acuerdo en el que participen todas las partes interesadas en materia de ciberseguridad. Los operadores y cámaras, en apoyo con los colegios profesionales, deben asegurarse de que las decisiones políticas se tomen con base en criterios técnicos y que no vayan en perjuicio del erario público. Deben ser analizadas todas las alternativas posibles, o en su defecto, compensar de alguna manera el incremento de costos que van a generar las medidas tomadas por el gobierno.

• En Costa Rica la regulación y los tratados comerciales que se han suscrito en el pasado promueven la neutralidad tecnológica, esto implica que los operadores puedan desarrollar la tecnología que sea viable, siempre que sea de vanguardia. Desarrollar una red nueva, con criterios de ciberseguridad particulares, como lo sugiere el Decreto N°44196 promulgado por el gobierno, es un proceso oneroso que impacta directamente las estrategias de negocio de los operadores, y en el caso del operador estatal, representa un riesgo ya que está obligado a hacer uso eficiente de sus recursos económicos por ser fondos públicos.

• Las tecnologías 5G permiten grandes avances en áreas como la telemedicina, propicia la mejora en procesos productivos, vehículos autónomos, hogares inteligentes, entre otros; es por eso, que la pronta implementación, unida a otros beneficios como el uso de energías limpias, la ciberseguridad, etc., pueden convertir a Costa Rica en un centro de datos para Centroamérica, atrayendo inversión, riqueza, oportunidades laborales para los profesionales en ingeniería y para los empresarios.