Demandas contra subasta de frecuencias de Sutel deberán despejarse antes de entrada de nuevos concesionarios
La subasta de frecuencias de radiodifusión que organiza la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) enfrenta una serie de demandas judiciales que deberán dirimirse antes de que los nuevos concesionarios tomen control de las frecuencias.
Hoy precisamente cerró el periodo de presentación de ofertas y la mayoría de empresas que decidieron no concursar fueron las más pequeñas o rurales, debido a que el alto costo de la subasta (que iba desde los 200 mil hasta los 386 mil dólares) no era alcanzable para ellas.
La Cámara Nacional de Radio (Canara) es una de las entidades que abrió un proceso judicial contra la subasta, pues considera que el instrumento elegido no es el adecuado. La Cámara cree que las concesiones vencidas en 2024 deben prorrogarse por 20 años, conforme a las condiciones de los contratos vigentes.
Según Juan Manuel Campos, abogado especialista en telecomunicaciones, los jueces tendrán que delimitar la eventual salida de los actuales concesionarios si es que no hay sentencia antes.
"Los concesionarios que actualmente están explotando frecuencias pueden continuar en las mismas hasta que ocurran una de dos condiciones: que haya sentencia o que haya nuevos concesionarios", mencionó.
La Sutel deberá analizar las ofertas, seleccionar posibles concesionarios y recomendar al Poder Ejecutivo la adjudicación. Posteriormente, el Ejecutivo deberá otorgar las concesiones y firmar los contratos, los cuales deberán ser luego refrendados por la Contraloría General de la República (CGR).
Cuando los contratos salgan de este último plazo los concesionarios tendrán un plazo para depositar el monto pedido por la frecuencia y, a partir de ahí, empieza a correr el tiempo para el despliegue de infraestructura.
La normativa determina que los concesionarios tienen entre seis y 12 meses para ejecutar este despliegue. Campos calcula que para octubre del 2026 podrían estar listos los nuevos concesionarios para ingresar a sus frecuencias, aunque algunos podrían estar preparados antes si ya cuentan con una infraestructura base. Sin embargo, el conflicto seguirá probablemente en sede judicial.
"El tema esta un poco caótico porque está judicializado y tendrá que verse qué resuelven los jueces sobre este particular", indicó Campos.
Algunos de los procesos en curso incluyen solicitud de medidas cautelares para poder seguir operando.
Radios y canales critican subasta
Varias empresas se han manifestado en contra de esta subasta y defienden que tienen contratos vigentes que deben respetarse.
Una de ellas es Cadena Musical, que posee dos emisoras. La empresa interpuso acciones legales ante el Tribunal Contencioso para defender la concesión de las frecuencias que administran.
También está en este grupo Cadena Radial Costarricense (CRC), la cual tiene cinco emisoras. Su presidente, Andrés Quintana, contó a CR Hoy que los contratos que tienen firmados para las frecuencias datan del 2004 y se renovaron en junio del 2024 por otros 20 años, algo que les aseguraría la continuidad, según defiende.
"Jamás vamos a participar en un proceso ilegal, además de inmoral. La ley habla de un concurso, nunca de una subasta. La subasta es prohibitiva no solo por las bases, sino porque cambia el modelo de radiodifusión nacional", aseguró a CR Hoy.
VM Latino y Canal 19 aseguraron que seguirán transmitiendo su programación normalmente a través de sus frecuencias asignadas.
Antonio Alexandre, propietario de Canal 19, comentó que con la digitalización de la televisión abierta en 2019 la idea era que ese esfuerzo de transformación viniera acompañado por una renovación amplia de las concesiones, de 20 años más, esto basado en los contratos vigentes.
"Nuestras concesiones siguen acordes con el Estado de Derecho. Están activas, en funcionamiento y cumpliendo con todo lo que establece la ley", aseveró.
Campos cree que este concurso terminará por tener efectos negativos en el panorama de los medios de comunicación a nivel nacional. El abogado prevé más concentración y exclusión.
"El efecto final de esto es que va a quedar evidencia de que el mercado se va a contraer y va a haber una concentración de medios grandes y se van a excluir medios pequeños y medianos. Eso atenta contra la libertad de expresión", afirmó.
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) es otro ente que se ha manifestado en contra de la subasta. En noviembre ese órgano instó a la Sutel a suspender el concurso.
El fundamento de esta petición está en que "amenaza a la democracia sustantiva" y tiene un potencial riesgo a la libertad de prensa y la diversidad cultural.