Demandan a Rodrigo Chaves por presunto fraude en acuerdo de devolución de frecuencias

(CRHoy.com).-El presidente de la República, Rodrigo Chaves, suma una nueva demanda penal en su contra, ahora por un presunto fraude por el acuerdo mutuo de devolución de frecuencias del espectro radioeléctrico.

Además de Chaves Robles, en la denuncia interpuesta la tarde de este miércoles 20 de setiembre ante el Ministerio Público, figuran Marco Acuña, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), toda la junta directiva y consejo directivo de Radiográfica Costarricense (Racsa), su gerente general Mauricio Barrantes y Carlos Alvarado Briceño, exministro de Ciencia y Tecnología.

Los hechos denunciados son por supuestos delitos de fraude de ley en la función pública administrativa, influencia contra la Hacienda Pública y peculado.

El caso se refiere al acuerdo mutuo anunciado hace un año, para el rescate de segmentos del espectro en medio del proceso para que el país cuente con redes 5G.

La demanda, de la cual este medio tiene copia, la presentaron las siguientes agrupaciones: Sindicato de Ingenieros del ICE (SIICE); Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE); Asociación Sindical Costarricense de Telecomunicaciones y Electricidad (ACOTEL) y Unión de Trabajadores del Grupo ICE (UT).

Presunto fraude

En el documento que se presentó ante la Fiscalía, los demandantes señalan que casi desde su llegada al poder, el presidente Chaves "se empeñó en promover mediante influencia respecto de las personas que había nombrado a través del Consejo de Gobierno en la dirección ICE y RACSA, su deliberado afán en procura de que esas empresas hicieran una devolución de las frecuencias que tenían confiadas por ley, supuestamente para desarrollar servicios de tecnología 5G, pese a que, paradójicamente, tales bienes pertenecen a una titularidad confiada por el legislador y de un mal o deficiente uso, son los administradores quienes responden".

De igual manera, afirman que se está ante un presunto delito de fraude cometido por los acusados.

"El presidente de la República logró su cometido, y en claro fraude de ley, ejecutado por las autoridades estatales, el ICE y RACSA, logró que el espectro de bandas medias que se encontraba adjudicado a estas empresas, y que técnicamente se ha elegido en diversas latitudes como la principal banda de frecuencias para el desarrollo de sistemas móviles para IMT-2020 (5G), pasara a manos del Estado bajo la figura del "acuerdo mutuo", contemplada en el artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones, cuando en la realidad, esa norma atañe a otros supuestos legales.

Ese inválido y fraudulento acuerdo, provocó la extinción parcial de una concesión y la extinción total de un permiso en su momento dado, sin embargo, ni la instrucción presidencial ni la propia Administración del ICE y su subsidiaria, RACSA, mucho menos, la autoridad sectorial de competencia, SUTEL, ni el propio MICITT, como ente rector, parecen haberse cuestionado realmente si esa figura legal aplicable a la extinción, caducidad y revocación de los "contratos de concesión", permitía en realidad y contra el principio de legalidad mismo, extinguir otros otorgamientos de origen no contractual, tal como ocurre con las asignaciones dadas por ley a RACSA y el ICE, que en buena lid, no corresponden con las figuras contractuales a las que hace referencia aquella norma", indica el legajo.

En cuanto a la relación circunstancial de hecho, los recurrentes manifiestan que "como mecanismo ejecutado en fraude de ley, y para sortear, como se dijo, el proceso legislativo que posibilitaría la modificación de las concesiones dadas al ICE y RACSA, en franca interpretación contraria al principio de legalidad, pero para obtener el resultado pretendido, el Estado, encontró en la figura del "acuerdo mutuo", establecida en el artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones, que en realidad atañe y está concebida para las causales de extinción, caducidad y revocación, de los "contratos de concesión", condición jurídica a la cual escapan las concesiones dadas a RACSA y el ICE, pero para alcanzar ese resultado, pretendido e ideado por el Poder Ejecutivo (Presidente de la República y sus colaboradores), y bajo el abuso de poder y la propia disconformidad con el ordenamiento y los fines públicos que envuelven las "concesiones legales" de las empresas estatales (ICE y RACSA), logró pactar, -haciendo respetar la línea de instrucción presidencial-, por un lado, la extinción parcial de una concesión para el uso de espectro radioeléctrico otorgada mediante el acuerdo ejecutivo N° 125-MSP y por otro lado, extinción total del permiso de instalación y pruebas, otorgado mediante el oficio N° 435-01 CNR confundiendo para ello, el acto administrativo de habilitación legal propio del Poder Ejecutivo con el acto de dotación primigenio, enteramente legislativo, en ambos casos".

De esta forma, para el grupo de gremios sindicales, las administraciones de una empresa pública estatal (ICE y RACSA), actúan sometidas al ordenamiento jurídico y solo puede realizar aquellos actos o prestar servicios que autorice dicho ordenamiento, en concreto, actuar únicamente en función de los intereses de la empresa y no, a partir de los afanes y pretensiones del Poder Ejecutivo, "mucho menos, desplegar deliberada y fraudulentamente, en función de una norma legal concebida para otros efectos, un fin contrario a los intereses empresariales a su cargo", concluye la demanda.

Acuerdo mutuo

El acuerdo mutuo citado se firmó el pasado 7 de setiembre del 2022, en el que se anunció la devolución de una porción del espectro radioeléctrico que corresponde a las apetecidas bandas medias de 3400 MHz a 3500 MHz y de 3600 MHz a 3625 MHz, las cuales son necesarios para el desarrollo de sistemas de telecomunicaciones móviles para la tecnología de quinta generación.

El acuerdo se realizó entre el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) como ente rector y los operadores públicos ICE y RACSA.

Sin embargo, el sector telecomunicaciones considera que el rescate de estos bloques resultaba insuficiente en medio del procedimiento licitatorio de subasta para redes 5G y tampoco resolvía los verdaderos problemas de fondo, como por ejemplo el alto acaparamiento de espectro por parte del Grupo ICE en detrimento de sus competidores Claro y Liberty.