Decreto de ciberseguridad para 5G impondría barreras en el mercado

De aplicarse el reglamento de ciberseguridad para redes 5G, se crearían barreras de ingreso al mercado de telecomunicaciones.

Así se desprende de la Evaluación del impacto económico de la exclusión de proveedores de las inversiones de la red 5G en Costa Rica, elaborada por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe-UNA) de la Universidad Nacional (UNA).

"Decisiones estratégicas como reducir la cantidad de proveedores de servicios 5G de la competencia, deben ser evaluados con ecuanimidad y aplomo.

Se debe considerar el impacto que dicha política podría tener en la libertad de elección de los consumidores, la calidad del servicio y los precios; pero aún más allá de los consumidores, que en este caso de las 5G mayoritariamente serían industrias, empresas y grandes usuarios, es importante detallar como se impactaría desde el punto de vista financiero el sector telecomunicaciones y la economía del país en su conjunto", indica la presentación del análisis académico sobre los efectos de la aplicación del Decreto Ejecutivo No. 44196-MSP-MICITT.

De igual manera, en la introducción del documento se indica que "investigar la exclusión tecnológica en el despliegue de las redes 5G en el país es fundamental para identificar si, con esta acción más bien se están creando barreras de acceso a grupos de la población, o si se corre el peligro de ensanchar la brecha digital.

Es claro que las redes 5G tienen un potencial enorme de impulso y de cambio en el desarrollo económico, facilitan la innovación y la creación de nuevas empresas y más empleos; por lo tanto, se deben evitar medidas que vayan a limitar el acceso a este potencial. Si esta limitación se concreta, no solo las personas y las industrias se verían afectadas, sino que también toda la economía del país, al perder competitividad a nivel internacional".

La investigación también advierte que Costa Rica, al igual que otros países, busca beneficiarse del potencial de crecimiento económico que las redes de quinta generación puede aportar, pero un despliegue más costoso o lento del 5G retrasará los beneficios económicos esperados, como la creación de empleos y la atracción de inversión extranjera.

Es importante indicar que el escenario SIN-Decreto es un escenario de referencia en el cual en el mercado no existe exclusión tecnológica ni barreras a la entrada. Además, de acuerdo con la metodología tarifaria los ingresos de la industria promedio cubren los costos incurridos. Cinpe-UNA

"Tener una variedad de proveedores también es beneficioso desde el punto de vista de la seguridad y la resiliencia de las redes. Depender de un número limitado de proveedores puede hacer que la infraestructura sea más vulnerable a fallos o amenazas específicas", sentencia el estudio acerca de las implicaciones de aplicar la reglamentación que incluye el Convenio de Budapest.

Este acuerdo internacional que no tiene nada que ver con ciberseguridad, más bien trata sobre recomendaciones de lucha contra el cibercrimen, sin embargo, impide en el país la participación de proveedores de infraestructura de empresas basadas en naciones que no hayan firmado el tratado, tal es el caso de la transnacional Huawei, con casa matriz en China, país que no ratificó el convenio.

Impacto directo

"Debemos preguntarnos si corresponde a un país pequeño y abierto al mundo, con una política clara de multilateralidad en materia de su comercio e inversión, pagar los costos financieros y económicos asociados a los prejuicios ideológicos o a los intereses geopolíticos de terceras naciones. Hemos de manifestar que como mínimo el país debería dejar claro estos costos a la ciudadanía, estableciendo el impacto que tendrá y los efectos asociados.

Ciertamente tenemos un proceso lleno de incertidumbres en materia de trayectoria tecnológica, apostar por poner nuestras decisiones restringidas es aumentar las probabilidades de fallar y de caer en una trayectoria no convergente a nivel internacional", se cuestionan los economistas que elaboraron el trabajo analítico académico.

"En el capítulo 2 y 3 de este estudio, a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de la metodología de análisis de impacto financiero y de impacto económico, así como la distribución de dichos montos en las tarifas, podemos concluir que, las restricciones a los proveedores asiáticos y en particular a la empresa Huawei de participar en la licitación de los equipos y el mantenimiento de las redes 5G en Costa Rica, tiene significativos efectos financieros para los operadores de telefonía celular y un muy alto impacto económico y social para el país", añaden en sus cuestionamientos sobre el costo económico para el país de restringir proveedores en las inversiones tecnológicas.

En el escenario donde se aplique la exclusión de proveedores de China en soluciones 5G, utilizando la misma base para el cálculo que la del estudio citado, el país sufriría un costo económico de hasta 1.360 millones de dólares al cabo de cinco años. Cinpe-UNA

La investigación finaliza con estas 3 conclusiones en materia de competitividad:

Promoción de la competencia: Una política de neutralidad tecnológica asegura un campo de juego equitativo para todos los proveedores, promoviendo la competencia, lo que puede resultar en precios más bajos y soluciones más innovadoras.

Seguridad y resiliencia: Depender de una variedad de proveedores puede aumentar la seguridad y resiliencia de la red al reducir la dependencia de un único proveedor o tecnología.

Desarrollo tecnológico inclusivo: Una política neutral evita la exclusión tecnológica, garantizando que el país tenga acceso a la gama completa de avances y soluciones 5G disponibles globalmente.